UP rechaza auditoría de la Contraloría

‘Estoy en la disposición de defender esta institución; cueste lo que cueste'. Con estas palabras Gustavo García de Paredes, rector de la Universidad de Panamá (UP), salió este martes a encarar un segundo informe de auditoría de la Contraloría, que revela una supuesta lesión patrimonial por $3.5 millones, causados en la construcción de siete centros de innovación en dependencias regionales.

El rector, junto a otras autoridades universitarias, está evaluando la presentación de acciones legales, porque se ‘denigra una noble institución', afirmó el rector.

Aún no define contra quién o quiénes serán los recursos legales.

‘Yo sí quiero poner una demanda, porque se está abusando de la institución... estamos contemplando las acciones a tomar', confesó García de Paredes, en una conferencia de prensa realizada en el auditorio José Dolores Moscote, lleno de funcionarios y simpatizantes, que aprovecharon para abuchear a los periodistas.

Una de las querellas podrían, agregó, presentarse a título personal y otras en nombre de la institución.

LOS DETALLES

Funcionarios de la UP repartieron una carpeta que contenía las seis adendas, las actas de aceptación y el contrato CO-2011-25, firmado y refrendado por la entonces contralora Gioconda Torres de Bianchini, en noviembre de 2011. El monto fue por $8,998,791.97. El Consorcio Innovación Tecnológica ganó la licitación por mejor valor.

Los Centros de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendurismo (CIDETE) como proyecto estaban contemplados en el Plan de Desarrollo Institucional de la UP en el periodo 2007-2011.

Adrián Cuevas, director de Servicios Administrativos de la UP, explicó que inicialmente se planearon tres centros a un costo de $4.5 millones y el Consejo Administrativo aprobó siete por un monto de $9 millones. Las obras incluían el diseño, construcción y equipamiento de las obras.

Sin embargo, en diciembre de 2012 se firmó la adenda número 2 al contrato por $6.5 millones, que elevó el costo final a $15.5 millones, por obras como adecuaciones a los sistemas de servicios, estacionamientos, muros de contención y laboratorios.

La auditoría de la Contraloría, remitida al Ministerio Público, señala que no se encontraron documentos relativos a estudios preliminares sobre la necesidad de la obra, criterios técnicos, estudios de factibilidad o viabilidad, evaluación de suelos y de impacto ambiental que permitieran determinar las características técnicas de la obra o servicios de supervisión a contratar.

Cuevas aseguró que se agregaron tareas adicionales no contempladas debido a que durante la ejecución del contrato se pudo determinar que los sistemas de servicios existentes requerían mayor capacidad por el buen funcionamiento de los centros regionales y los CIDETE.

El director manifestó que ‘el informe denota ausencia y búsqueda de información' con mala intención para perjudicar a la universidad.

‘La construcción de todas las obras, equipamiento del contrato y la adenda 2 son físicamente verificables y sus costos se ajustan a los precios establecidos', dijo.

Durante su explicación, en varias ocasiones, el director puso en tela de duda el trabajo de inspección de la Contraloría, que recayó en siete fiscalizadores de obra. Los funcionarios inspeccionaron y refrendaron con su firma la aceptación del proyecto.

También justificó las otras cinco adendas que permitieron al contratista y desarrollador extender el plazo de la entrega del proyecto inicialmente de 180 a 803 días, para cumplir con la entrega de obras civiles y algunos retrasos.

EQUIPOS NO RECIBIDOS

Fulgencio Álvarez, director del Centro Regional Universitario de Coclé, uno de los siete señalados por las supuestas irregularidades, consideró que la auditoría es ‘amañada' y se debe limpiar la imagen de la universidad.

En esa unidad académica la supuesta lesión por falta de equipos supera los $36 mil, según la auditoría.

‘En el CIDETE de Coclé no falta ni una silla', declaró el profesor Álvarez.

La Contraloría implicó en el informe principalmente al rector, siete directores de centros regionales, el director de Informática, un supervisor técnico y el representante legal del consorcio, Allan René Figueroa.

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‘Los siete fiscalizadores de la Contraloría avalaron y verificaron cada etapa del proyecto',

ADRIÁN CUEVAS

DIRECTIVO DE LA UP