Sentencia contra ejercicio científico

PANAMÁ. ‘La comunidad científica confirma que no hay peligro porque hay una descarga continúa de energía’, aseguró Bernardo De Bernardinis, presidente del Cómite de Grandes Riesgos de Italia, el 31 de marzo del 2009. Estas palabras condenarían a su equipo de trabajo a seis años de cárcel tres años y medio luego del darse un terremoto de 6.3° en L’Aquila, en donde 309 personas perdieron la vida, mil 500 resultaron heridas y numerosos edificios quedaron destruidos.

El delito fue tipificado como homicidio culposo múltiple y lesiones por negligencia. Pero, la pregunta que se hace la comunidad científica es, ¿puede culparse por equivocarse? ¿Puede predecirse un sismo? ‘Hasta un niño sabe que un sismo no puede predecirse’, argumentó Fabio Picuti, fiscal del caso, quien pidió cuatro años de prisión para los acusados. Y quien nos los acuso por no predecir el movimiento telúrico sino por haber fallado en la magnitud del mismo.

Pero ni siquiera ellos lo imaginaban. Estaban convencidos que no ocurría un desastre. Los enjambres sísmicos que estaban registrándose desde hacía unos meses en la región permitían liberar energía.

Coincidían en que no siempre una serie de temblores anuncian otro mayor sino todo lo contrario. A parte de esto no había datos que indicaran que la ciudad enfrentaba el riesgo de que ocurriera un temblor de grandes proporciones.

No había motivos para alarmar a la población. Y así fue como decidieron guardar en silencio el contenido de un estudio que advertía que la región sería sacudida por un terremoto de gran magnitud.

MANO DURA DEL JUEZ

No había mala intención. Unas conversaciones de los expertos difundidas por la prensa revelan que la intención era ‘era apaciguar a la opinión pública y a los medios de comunicación’.

Pero el juez del caso Marco Billi no pensó igual. Está seguro que los expertos hubieran salvado vidas si no hubieran hecho un llamado a los habitantes de L’Aquila a a la calma y a no abandonar sus hogares, de acuerdo a una publicación de la BBC Mundo.com.

No le tembló la mano. Los condenó. Además, de condenarlos a 6 años de prisión les prohibió de por vida ejercer cargos públicos, en una sentencia que al final fue mucho más dura que la que exigía la fiscalía. Determinó que paguen compensaciones de cerca de $12 millones.

La sentencia fue repudiada. Emilio Carreño, responsable de la Red Sísmica de España, dijo a www.eldiario.es.com que no se puede condenar a científicos por no tener en cuenta los estudios.

No es el único que los defiende. Alan Leshner, de la Sociedad para el Avance de la Ciencia, considera ‘injusto e ingenuo’ culpar a los científicos. Y advierte que la sentencia coarta el desarrollo de la actividad científica. Ya nadie se atreverá a predecir situaciones científicas relacionadas con personas por temor a enfrentar la cárcel.

Corrado Clini, ministro italiano de medio ambiente, considera que la justicia está sufriendo un retroceso. Y compara el proceso judicial con el que se le siguió a Galileo en el Siglo XVII. El científico fue obligado a renunciar a sus teorías.

Es una condena a la actividad científica. ‘Muchos colegas podrían sentir poco interés en compartir su conocimiento con el público por miedo a eventuales demandas’ judiciales, dijo el corresponsal de la BBC Mundo, en Roma, Alan Johnston.