Proveedores pymes frente al doble reto: sostenibilidad corporativa y digitalización financiera

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Centroamérica y el Caribe se encuentran atrapadas en una profunda transformación de su modelo operativo. Esta reestructuración no surge únicamente por dinámicas de mercado interno, sino por la presión combinada de dos fuerzas globales paralelas: las nuevas exigencias de sostenibilidad ambiental de las grandes corporaciones y la acelerada digitalización de los servicios financieros.

Aunque normativas internacionales como las Normas Internacionales de Información Financiera sobre Sostenibilidad (NIIF S1 y S2) no resultan jurídicamente vinculantes para el universo de la micro y pequeña empresa, los requerimientos sobre impacto climático y gestión de riesgos fluyen de forma directa a través de las cadenas de valor corporativas.

Las multinacionales y grandes compradores regionales necesitan medir sus huellas indirectas para rendir cuentas a inversionistas, aseguradoras y organismos reguladores. Por este motivo, comenzaron a trasladar a sus proveedores solicitudes formales de información sobre consumo energético, volumen de emisiones de gases de efecto invernadero, trazabilidad de insumos, gestión de residuos y condiciones laborales.

Este trasvase de exigencias convierte la sostenibilidad en un requisito implícito de contratación. Aquellas pymes que carecen de registros contables o sistemas de medición corren el riesgo de quedar excluidas de licitaciones y contratos corporativos.

Gustavo Arias, socio de Auditoría y Assurance de Deloitte, sostuvo que este proceso no debe ser percibido como un obstáculo legal, sino como un pivote comercial.

“Este tema debe tomarse no como una obligación, sino como una estrategia. Las pymes que incorporen estos factores pueden obtener un valor agregado o estar un paso por delante de aquellas que no lo hagan”, explicó Arias.

Desde la perspectiva de la auditoría privada, la recomendación se enfoca en que las pequeñas estructuras empresariales realicen diagnósticos preliminares para identificar brechas en la documentación de sus procesos. No obstante, este esfuerzo de adecuación técnica se superpone a las barreras históricas de la bancarización y la formalización en la región.

En Centroamérica y el Caribe, la viabilidad de estos requerimientos choca con la realidad del tejido empresarial. Datos del estudio global The Multiplier Effect: Visa 2026 Small Business Banking Report indican que las micro, pequeñas y medianas empresas representan cerca del 99% del parque empresarial en América Latina y generan más del 60% del empleo formal, sobre una base estimada de 93 millones de unidades productivas.

Para el sector bancario y las plataformas fintech, este segmento constituye un nicho de alta rentabilidad. De acuerdo con las proyecciones de Visa, las relaciones comerciales con pymes generan en promedio cinco veces más retorno que la banca de consumo a escala global. En mercados de América Latina como Brasil, México, Colombia y Chile, el rendimiento de estas carteras alcanza hasta ocho veces el retorno promedio de la banca minorista habitual.

El punto de partida para esta integración financiera radica en la adopción de medios de pago electrónicos. El informe de Visa señala que las tarjetas empresariales aportan aproximadamente el 44% de los ingresos bancarios asociados a este sector. Asimismo, las pymes que operan con productos de pago con tarjeta tienden a duplicar su contratación de otros servicios financieros, tales como líneas de crédito operativo, gestión de liquidez y seguro de activos.

Rodrigo Barros, vicepresidente de Productos para Visa Centro América y el Caribe, planteó que el acompañamiento tecnológico a este sector resulta clave para la economía regional.

“Las pymes son uno de los segmentos más dinámicos y relevantes para el futuro financiero de Centroamérica y el Caribe. Acompañarlas con soluciones digitales, medios de pago, crédito y herramientas de gestión no solo abre nuevas oportunidades para las instituciones financieras, sino que también contribuye a fortalecer la productividad, la formalización y el crecimiento económico de la región”, afirmó Barros.

A pesar de las oportunidades de crecimiento citadas por las firmas de consultoría y redes de pago, persiste una brecha estructural de visibilidad. Un porcentaje significativo de pequeños comerciantes y prestadores de servicios continúa administrando sus operaciones mediante cuentas bancarias personales o tarjetas de consumo privado. Esta práctica oculta el flujo real del negocio frente al sistema financiero y ralentiza la digitalización de la contabilidad.

Sin una transición ordenada hacia la formalización bancaria, las pymes locales difícilmente podrán generar las evidencias transaccionales y de gestión ambiental que hoy reclaman las grandes corporaciones para mantener sus contratos de suministro.