Maduro invoca inmunidad presidencial para frenar juicio por narcotráfico en Estados Unidos

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro solicitó a un juez federal de Estados Unidos que desestime los cargos de narcotráfico presentados en su contra, bajo el argumento de que goza de inmunidad absoluta debido a su condición de jefe de Estado.

La petición fue presentada ante el juez Alvin Hellerstein, encargado del proceso abierto en un tribunal federal de Manhattan. La defensa sostiene que la causa penal viola principios reconocidos durante siglos por el derecho internacional y que la justicia estadounidense carece de autoridad para procesar a quien, según sus abogados, continúa siendo el mandatario legítimo de una nación soberana.

Maduro permanece recluido en una cárcel federal de Brooklyn desde su captura, junto con su esposa, Cilia Flores, durante una incursión militar estadounidense realizada en Caracas el pasado 3 de enero. Ambos se declararon inocentes de las acusaciones. El juicio está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027 si fracasan las gestiones para cerrar anticipadamente el expediente.

Barry Pollack, abogado de Maduro, planteó dos argumentos centrales para pedir la desestimación de la causa.

El primero establece que los jefes de Estado en ejercicio cuentan con protección absoluta frente a procesos penales promovidos por tribunales extranjeros. El segundo sostiene que los actos atribuidos al exmandatario venezolano habrían ocurrido durante el ejercicio de sus funciones oficiales.

La defensa también rechazó las acusaciones de narcotráfico y aseguró que su representado fue imputado injustamente. Maduro enfrenta cargos relacionados con presuntas conspiraciones para importar cocaína y cometer narcoterrorismo, delitos por los cuales podría recibir cadena perpetua si es declarado culpable.

El caso representa una prueba inusual para la justicia estadounidense. Aunque la inmunidad de los mandatarios en ejercicio constituye un principio ampliamente aceptado en el ámbito internacional, los tribunales de Estados Unidos suelen tomar en consideración la posición de la Casa Blanca cuando deben determinar quién es reconocido oficialmente como gobernante de otro país.

El principal obstáculo para la estrategia de la defensa es que Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente venezolano en 2019, después de cuestionar la legitimidad de las elecciones celebradas en 2018.

Washington también desconoció los resultados de los comicios de 2024. Maduro, por su parte, ha defendido ambas votaciones y ha acusado durante años a Estados Unidos de promover su salida del poder con el propósito de controlar los recursos petroleros de Venezuela.

Pollack argumentó que la postura del Ejecutivo estadounidense no elimina automáticamente la condición de jefe de Estado de su cliente. Según su planteamiento, Washington no niega que Maduro ejerciera la Presidencia, sino que cuestiona la legitimidad de su permanencia en el cargo a partir de 2019.

Especialistas consultados por medios internacionales anticipan una compleja batalla judicial. La práctica estadounidense indica que los jueces suelen respetar el criterio político del presidente y su gabinete cuando existen controversias sobre el reconocimiento de gobiernos extranjeros.

Los antecedentes tampoco resultan favorables para Maduro. Los procesos penales contra gobernantes extranjeros son excepcionales en Estados Unidos, pero uno de los casos más conocidos involucra al exlíder militar panameño Manuel Antonio Noriega.

En 1990, un juez federal de Miami rechazó su intento de acogerse a la inmunidad reservada para jefes de Estado. Entre las razones consideradas figuró que Noriega nunca ocupó oficialmente el cargo de presidente de Panamá.

La defensa de Maduro intenta establecer una diferencia entre ambos expedientes. Pollack sostiene que, contrario a lo ocurrido con Noriega, su cliente sí ejerció formalmente la Presidencia venezolana, aunque Estados Unidos dejara de reconocer su legitimidad.

Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió la conducción del país como presidenta encargada y amplió la cooperación con la Administración de Donald Trump.

Este acercamiento también fue incorporado a los argumentos de la defensa. Pollack considera contradictorio que Washington reconozca al Gobierno encabezado por Rodríguez —quien fue designada vicepresidenta durante la gestión de Maduro— mientras niega al mismo tiempo la condición presidencial de quien la nombró.

Funcionarios venezolanos afirmaron inicialmente que Maduro seguía siendo el jefe de Estado legítimo. Sin embargo, el Gobierno de Rodríguez ha evitado pronunciarse recientemente sobre esa posición.

Los fiscales federales tendrán hasta el 2 de octubre para responder a la solicitud. Posteriormente, el juez Hellerstein celebrará el 17 de noviembre una audiencia para escuchar los argumentos de las partes y evaluar si el proceso debe continuar.

Maduro alega inmunidad como jefe de Estado y afirma que los hechos imputados estaban vinculados con sus funciones oficiales.