¿Cómo Estados Unidos vende el petróleo de Venezuela y transfiere el dinero al régimen liderado por Delcy Rodríguez?
- 13/02/2026 10:20
Acuerdo temporal permite comercializar crudo bajo supervisión externa, canalizando recursos mediante fideicomiso internacional y subastas cambiarias con impacto directo en inflación y divisas
La decisión de la administración de Donald Trump de gestionar la comercialización del petróleo venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro, ha reconfigurado el mapa energético regional, el sistema de sanciones internacionales, el mercado de crudo Brent, el rol de Pdvsa, el funcionamiento del Banco Central de Venezuela (BCV) y la disponibilidad de divisas en la economía venezolana, en medio de una transición política encabezada por Delcy Rodríguez y bajo supervisión directa del Departamento de Energía y el Departamento de Estado de EE. UU.
El 6 de enero, tres días después de la detención de Maduro, Trump anunció que el gobierno interino venezolano entregaría entre 30 y 50 millones de barriles, equivalentes a uno o dos meses de producción actual, para ser comercializados por Estados Unidos.
El Departamento de Energía confirmó que comenzó a ejecutar esas ventas de forma inmediata y bajo un esquema que calificó como indefinido, aunque voceros venezolanos lo describieron como una operación estrictamente comercial, comparable al modelo aplicado con Chevron.
Las comercializadoras Vitol y Trafigura, dos de los mayores ‘traders’ de materias primas del mundo, fueron seleccionadas para las primeras transacciones. Parte del petróleo fue almacenado temporalmente y luego ofrecido a refinerías del Golfo de EE. UU. con descuentos de entre 8 y 15 dólares respecto al Brent, dentro de los rangos históricos del crudo venezolano.
Según explicó el secretario de Estado, Marco Rubio, la operación respondió a una urgencia logística y fiscal: Venezuela enfrentaba limitaciones severas de almacenamiento, dificultades de transporte y presión presupuestaria para cubrir salarios públicos y servicios esenciales.
Rubio subrayó además que anteriormente parte del petróleo se destinaba a China con descuentos mayores, en esquemas de compensación de deuda.
El 14 de enero se concretó la primera venta por US$500 millones. Sin embargo, los recursos no ingresan directamente a las autoridades venezolanas.
El dinero se deposita inicialmente en una cuenta del Banco Central de Venezuela en JP Morgan y luego se transfiere a un fideicomiso en Qatar, diseñado para evitar embargos judiciales en EE. UU., donde existen acreedores que reclaman deuda venezolana.
Desde ese fondo, los recursos se canalizan mediante subastas de divisas organizadas por el BCV a través de la banca nacional. Empresas y personas naturales presentan ofertas indicando montos y tasas, y el banco central asigna dólares priorizando sectores estratégicos.
Según estimaciones del economista Alejandro Grisanti, para finales de enero la distribución fue la siguiente:
Hasta ahora, se han colocado cerca de US$800 millones, con proyecciones que podrían alcanzar US$1.400 millones en el primer trimestre de 2026, e incluso entre US$2.500 y US$3.000 millones si el esquema se mantiene.
El impacto inmediato ha sido una mayor oferta de divisas y una desaceleración de la devaluación del bolívar. Analistas consideran que el flujo constante fortalece el mercado cambiario y reduce la volatilidad.
No obstante, persisten cuestionamientos sobre la supervisión y los criterios de asignación. Expertos advierten que no existe plena claridad sobre los mecanismos de control ni sobre la rendición de cuentas en el uso final de los recursos.
El consultor energético David L. Goldwyn destacó a la BBC que, si bien el sistema impone controles anticorrupción más estrictos que en el pasado, aún es temprano para determinar si será suficiente para estabilizar una economía que requiere ingresos mucho mayores y reformas estructurales profundas.
Las primeras ventas se han realizado con volúmenes almacenados previamente y en escalas moderadas. El verdadero reto, advierten analistas, será evaluar la eficiencia del modelo cuando opere con mayores cantidades y decisiones más complejas.
En el mediano plazo, si los fondos se destinan efectivamente a infraestructura, energía y servicios esenciales, podrían consolidarse mejoras macroeconómicas. Pero la sostenibilidad dependerá de la capacidad institucional, la transparencia del BCV y la evolución del marco político y sancionatorio.