Corte Suprema de EE.UU. avala deportaciones de Trump a terceros países sin debido proceso
- 23/06/2025 18:47
Fallos recientes refuerzan medidas de expulsión que omiten garantías constitucionales básicas. La decisión judicial respalda traslados a destinos donde podrían existir riesgos extremos La Corte Suprema de Estados Unidos dio su respaldo definitivo a una de las políticas migratorias más polémicas del expresidente Donald Trump: la deportación de extranjeros a terceros países sin brindarles derecho a defensa ni importar si enfrentan posibles amenazas. Con esta decisión, el tribunal permite formalmente que continúen expulsiones como las de venezolanos enviados a El Salvador, asiáticos reubicados en Panamá o cubanos y mexicanos trasladados a países africanos.
El fallo elimina una medida cautelar emitida el 18 de abril por el juez federal Brian Murphy, de Boston, que ordenaba garantizar a los migrantes el tiempo y la posibilidad de argumentar sus casos antes de ser expulsados a lugares donde podrían ser sometidos a “tortura”.
Las tres magistradas liberales de la Corte —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— se manifestaron en contra. En su voto disidente, Sotomayor expresó: “Aparentemente, el tribunal considera que la idea de que miles de personas sufran violencia en lugares remotos es más aceptable que la remota posibilidad de que un tribunal de distrito se haya excedido en sus facultades correctivas al ordenar al gobierno que proporcione la notificación y el proceso al que los demandantes tienen derecho constitucional y estatutariamente”.
Añadió que esa postura representa “una recompensa a la ilegalidad” y calificó la decisión como “tan incomprensible como inexcusable”.
La orden inicial del juez Murphy, ahora anulada, surgió tras múltiples denuncias sobre deportaciones ejecutadas sin aviso previo, lo que dejó a migrantes incomunicados, sin acceso a abogados y sin poder comparecer ante tribunales migratorios. Entre los casos más sonados estuvo el de venezolanos enviados al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y el de ocho hombres llevados a Sudán del Sur cuyo vuelo terminó en Yibuti, donde hay una base militar estadounidense. A raíz de este último caso, comenzaron las disputas legales por el uso de “países terceros”.
Murphy criticó la política por generar una crisis humanitaria autoinducida, al afirmar que el Ejecutivo estaba “fabricando el caos que ellos mismos denuncian”. La Casa Blanca, en respuesta, lo etiquetó como “un juez activista de extrema izquierda”.
La resolución también afecta el caso de un guatemalteco identificado como O.C.G., deportado erróneamente a México, y cuya historia forma parte de una demanda colectiva impulsada por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El reciente fallo representa otra victoria judicial para Donald Trump, cuya administración ha promovido la eliminación de protecciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y ha endurecido los criterios para migrantes bajo programas humanitarios.
La Corte Suprema de Estados Unidos dio su respaldo definitivo a una de las políticas migratorias más polémicas del expresidente Donald Trump: la deportación de extranjeros a terceros países sin brindarles derecho a defensa ni importar si enfrentan posibles amenazas. Con esta decisión, el tribunal permite formalmente que continúen expulsiones como las de venezolanos enviados a El Salvador, asiáticos reubicados en Panamá o cubanos y mexicanos trasladados a países africanos.
El fallo elimina una medida cautelar emitida el 18 de abril por el juez federal Brian Murphy, de Boston, que ordenaba garantizar a los migrantes el tiempo y la posibilidad de argumentar sus casos antes de ser expulsados a lugares donde podrían ser sometidos a “tortura”.
Las tres magistradas liberales de la Corte —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— se manifestaron en contra. En su voto disidente, Sotomayor expresó: “Aparentemente, el tribunal considera que la idea de que miles de personas sufran violencia en lugares remotos es más aceptable que la remota posibilidad de que un tribunal de distrito se haya excedido en sus facultades correctivas al ordenar al gobierno que proporcione la notificación y el proceso al que los demandantes tienen derecho constitucional y estatutariamente”.
Añadió que esa postura representa “una recompensa a la ilegalidad” y calificó la decisión como “tan incomprensible como inexcusable”.
La orden inicial del juez Murphy, ahora anulada, surgió tras múltiples denuncias sobre deportaciones ejecutadas sin aviso previo, lo que dejó a migrantes incomunicados, sin acceso a abogados y sin poder comparecer ante tribunales migratorios. Entre los casos más sonados estuvo el de venezolanos enviados al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y el de ocho hombres llevados a Sudán del Sur cuyo vuelo terminó en Yibuti, donde hay una base militar estadounidense. A raíz de este último caso, comenzaron las disputas legales por el uso de “países terceros”.
Murphy criticó la política por generar una crisis humanitaria autoinducida, al afirmar que el Ejecutivo estaba “fabricando el caos que ellos mismos denuncian”. La Casa Blanca, en respuesta, lo etiquetó como “un juez activista de extrema izquierda”.
La resolución también afecta el caso de un guatemalteco identificado como O.C.G., deportado erróneamente a México, y cuya historia forma parte de una demanda colectiva impulsada por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El reciente fallo representa otra victoria judicial para Donald Trump, cuya administración ha promovido la eliminación de protecciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y ha endurecido los criterios para migrantes bajo programas humanitarios.