Delcy Rodríguez redibuja la economía venezolana bajo la sombra de Washington

El escenario económico venezolano ha experimentado un giro abrupto tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación encabezada por Estados Unidos, alterando por completo las proyecciones para 2026. El posible levantamiento de sanciones, el retorno del crudo venezolano al mercado internacional, la intervención de empresas petroleras estadounidenses y una gestión económica sin Maduro, bajo la influencia directa de Washington, han reconfigurado las expectativas internas y externas sobre el futuro inmediato del país.

Incluso antes de que se concrete un cambio formal en el régimen de sanciones, el impacto ha sido visible. La brecha entre el dólar oficial y el mercado paralelo se ha reducido de manera significativa, un indicador clave para el poder adquisitivo y el clima social. Esta corrección ocurre en paralelo a la primera venta de petróleo venezolano a Estados Unidos tras los ataques, lo que ha permitido el ingreso de divisas frescas y una mayor estabilidad en el mercado cambiario.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha delineado los primeros trazos de la nueva estrategia económica, centrada en la recuperación de la industria de los hidrocarburos, una administración más estricta de las divisas y una política de importaciones selectiva para estimular la producción nacional. El discurso oficial apunta a un crecimiento con inclusión, aunque los márgenes de maniobra siguen condicionados por la fragilidad institucional.

Rodríguez ha encargado a la Asamblea Nacional una reforma de la Ley de Hidrocarburos, con el objetivo de incorporar figuras de la llamada ley antibloqueo, como los Contratos de Participación Productiva con empresas privadas. Estos acuerdos, de carácter confidencial, han permitido al Estado asociarse con actores poco conocidos para reactivar sectores estratégicos, bajo un modelo que el oficialismo presenta como autosuficiente frente a presiones externas.

En paralelo, la mandataria anunció la creación de dos fondos soberanos: uno destinado a mejorar los ingresos de los trabajadores y otro orientado a la recuperación de los servicios públicos. La promesa es que las nuevas divisas petroleras se canalicen hacia salarios e infraestructura, dos de las principales deudas del Estado venezolano. Desde 2022, el salario mínimo permanece congelado en niveles simbólicos, complementado por bonos insuficientes frente al costo de vida, mientras el deterioro del sistema eléctrico y del suministro de agua sigue siendo un obstáculo central para la reactivación industrial.

La nueva etapa económica se desarrolla bajo la influencia directa del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha manifestado su interés en convertir a Estados Unidos en socio privilegiado —e incluso exclusivo— del sector petrolero venezolano, desplazando a actores tradicionales como Rusia y China. Aunque se han producido contactos iniciales con petroleras estadounidenses, la respuesta ha sido cautelosa, marcada por la incertidumbre jurídica de un país en default desde hace ocho años y por la volatilidad de los precios internacionales del crudo.

Rodríguez, consciente de los riesgos de una dependencia excesiva, ha insistido en un discurso de diversificación económica y de socios, mientras navega entre la necesidad de atraer inversión y las tensiones políticas derivadas de la tutela estadounidense. La reciente reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva, con amplia presencia del sector privado, bancos y gremios empresariales, evidenció el intento del Gobierno interino por construir consensos en una economía que entra en una fase inédita tras la salida de Maduro.