Despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles intensifica tensión por redadas migratorias
- 09/06/2025 11:44
Trump ordena el envío de tropas ante protestas masivas por operativos federales, generando tensión con autoridades locales y críticas sobre el uso del poder presidencial El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el envío de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles en medio de un aumento en las protestas derivadas de operativos migratorios llevados a cabo en la ciudad.
La medida, impuesta sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom, ha sido calificada por el mandatario estatal como una “provocación intencional” y ha generado fuertes críticas por parte de líderes locales.
Durante la semana previa, al menos 118 personas fueron detenidas en redadas en distintos puntos del área metropolitana. Estas acciones provocaron movilizaciones ciudadanas, especialmente en las inmediaciones de establecimientos señalados como posibles objetivos de futuras operaciones.
De acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Los Ángeles, las manifestaciones se tornaron cada vez más intensas, con participantes arrojando objetos y actuando de manera violenta. En respuesta, la policía empleó gas lacrimógeno y dispositivos de disuasión.
Trump defendió su decisión argumentando que la ciudad sufre una “ocupación” por parte de inmigrantes sin documentos y personas con antecedentes delictivos. A través de su red Truth Social, señaló: “Multitudes violentas atacan a nuestros agentes federales para frenar las deportaciones. Esto no hará más que fortalecer nuestra determinación. Se restablecerá el orden y los indocumentados serán expulsados”.
¿Puede el presidente desplegar a la Guardia Nacional? Para justificar la federalización de la Guardia Nacional sin la solicitud del gobernador, Trump invocó una cláusula del Código de las Fuerzas Armadas (10 U.S.C. §12406) que permite esta acción en caso de invasión, insurrección o cuando las fuerzas regulares no pueden garantizar el cumplimiento de las leyes.
El mandatario argumentó que las protestas en Los Ángeles representan una forma de rebelión. Expertos subrayan que se trata de la primera vez desde 1965 que esta autoridad presidencial se ejerce sin el aval de un gobernador estatal.
A modo de comparación, en 1992, durante los disturbios tras la absolución de policías acusados de agredir a Rodney King, fue el entonces gobernador quien solicitó la intervención federal. Y en 2020, tropas de la Guardia Nacional fueron desplegadas a petición de estados tras el asesinato de George Floyd.
Reacciones divididas ante la intervención militar Desde la administración federal, la medida recibió respaldo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, consideró que la decisión era “racional”, y enfatizó que no se permitirá más violencia contra infraestructuras y agentes federales. Por su parte, el senador republicano Markwayne Mullin aseguró que las protestas están “fuera de control”.
Sin embargo, funcionarios californianos expresaron su rechazo. La congresista Nanette Barragán, representante de Paramount —una de las zonas más afectadas—, afirmó que la presencia militar agravará la situación. El gobernador Newsom, por su parte, denunció que se trata de una maniobra política, mientras que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, señaló que el despliegue era innecesario.
La estrategia migratoria del gobierno Los operativos recientes han sido liderados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que el viernes arrestó a 44 personas en zonas predominantemente latinas como parte de lo que el gobierno ha descrito como “la mayor campaña de deportación en la historia del país”.
La ciudad de Los Ángeles, hogar de una significativa comunidad migrante, se ha convertido en un punto central de esta estrategia. En mayo, ICE reportó más de 230 detenciones en una sola semana, aunque fuentes internas indican que los objetivos del gobierno aún no se han alcanzado.
En junio, la Casa Blanca elevó la meta a 3.000 arrestos diarios. Además, las redadas se han expandido a centros laborales, incluyendo tiendas y restaurantes. Thomas Homan, figura clave en la política migratoria actual, advirtió que “se verán más operativos en lugares de trabajo que nunca antes”.
Entre las medidas más controversiales figuran el uso de aviones militares para trasladar migrantes a la base naval de Guantánamo antes de llevarlos a centros de detención en Luisiana, así como el envío de personas a prisiones de alta seguridad en El Salvador, incluso en casos donde los detenidos contaban con estatus migratorio legal. Algunas deportaciones se han efectuado hacia países sin relación directa con los afectados, lo que ha dado lugar a recursos judiciales.
Los Ángeles responde en las calles Las protestas alcanzaron su punto álgido el viernes cuando manifestantes se enfrentaron con agentes federales frente a un mayorista de ropa. En Paramount, otro grupo protestó frente a una ferretería Home Depot, siendo dispersados con gases y granadas de estruendo.
ICE denunció que más de mil personas rodearon y atacaron un edificio federal, superando ampliamente en número a sus agentes. Las autoridades locales informaron que se efectuaron 29 arrestos, la mayoría por negarse a acatar órdenes de dispersión.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el envío de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles en medio de un aumento en las protestas derivadas de operativos migratorios llevados a cabo en la ciudad.
La medida, impuesta sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom, ha sido calificada por el mandatario estatal como una “provocación intencional” y ha generado fuertes críticas por parte de líderes locales.
Durante la semana previa, al menos 118 personas fueron detenidas en redadas en distintos puntos del área metropolitana. Estas acciones provocaron movilizaciones ciudadanas, especialmente en las inmediaciones de establecimientos señalados como posibles objetivos de futuras operaciones.
De acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Los Ángeles, las manifestaciones se tornaron cada vez más intensas, con participantes arrojando objetos y actuando de manera violenta. En respuesta, la policía empleó gas lacrimógeno y dispositivos de disuasión.
Trump defendió su decisión argumentando que la ciudad sufre una “ocupación” por parte de inmigrantes sin documentos y personas con antecedentes delictivos. A través de su red Truth Social, señaló: “Multitudes violentas atacan a nuestros agentes federales para frenar las deportaciones. Esto no hará más que fortalecer nuestra determinación. Se restablecerá el orden y los indocumentados serán expulsados”.
Para justificar la federalización de la Guardia Nacional sin la solicitud del gobernador, Trump invocó una cláusula del Código de las Fuerzas Armadas (10 U.S.C. §12406) que permite esta acción en caso de invasión, insurrección o cuando las fuerzas regulares no pueden garantizar el cumplimiento de las leyes.
El mandatario argumentó que las protestas en Los Ángeles representan una forma de rebelión. Expertos subrayan que se trata de la primera vez desde 1965 que esta autoridad presidencial se ejerce sin el aval de un gobernador estatal.
A modo de comparación, en 1992, durante los disturbios tras la absolución de policías acusados de agredir a Rodney King, fue el entonces gobernador quien solicitó la intervención federal. Y en 2020, tropas de la Guardia Nacional fueron desplegadas a petición de estados tras el asesinato de George Floyd.
Desde la administración federal, la medida recibió respaldo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, consideró que la decisión era “racional”, y enfatizó que no se permitirá más violencia contra infraestructuras y agentes federales. Por su parte, el senador republicano Markwayne Mullin aseguró que las protestas están “fuera de control”.
Sin embargo, funcionarios californianos expresaron su rechazo. La congresista Nanette Barragán, representante de Paramount —una de las zonas más afectadas—, afirmó que la presencia militar agravará la situación. El gobernador Newsom, por su parte, denunció que se trata de una maniobra política, mientras que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, señaló que el despliegue era innecesario.
Los operativos recientes han sido liderados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que el viernes arrestó a 44 personas en zonas predominantemente latinas como parte de lo que el gobierno ha descrito como “la mayor campaña de deportación en la historia del país”.
La ciudad de Los Ángeles, hogar de una significativa comunidad migrante, se ha convertido en un punto central de esta estrategia. En mayo, ICE reportó más de 230 detenciones en una sola semana, aunque fuentes internas indican que los objetivos del gobierno aún no se han alcanzado.
En junio, la Casa Blanca elevó la meta a 3.000 arrestos diarios. Además, las redadas se han expandido a centros laborales, incluyendo tiendas y restaurantes. Thomas Homan, figura clave en la política migratoria actual, advirtió que “se verán más operativos en lugares de trabajo que nunca antes”.
Entre las medidas más controversiales figuran el uso de aviones militares para trasladar migrantes a la base naval de Guantánamo antes de llevarlos a centros de detención en Luisiana, así como el envío de personas a prisiones de alta seguridad en El Salvador, incluso en casos donde los detenidos contaban con estatus migratorio legal. Algunas deportaciones se han efectuado hacia países sin relación directa con los afectados, lo que ha dado lugar a recursos judiciales.
Las protestas alcanzaron su punto álgido el viernes cuando manifestantes se enfrentaron con agentes federales frente a un mayorista de ropa. En Paramount, otro grupo protestó frente a una ferretería Home Depot, siendo dispersados con gases y granadas de estruendo.
ICE denunció que más de mil personas rodearon y atacaron un edificio federal, superando ampliamente en número a sus agentes. Las autoridades locales informaron que se efectuaron 29 arrestos, la mayoría por negarse a acatar órdenes de dispersión.