El régimen de Venezuela promete liberar a 116 presos políticos mientras apenas 41 han salido de prisión

Familiares de presos políticos esperan cerca a la cárcel El Rodeo I este lunes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE
  • 12/01/2026 11:59

Organizaciones de derechos humanos verifican excarcelaciones parciales, denuncian restricciones y alertan sobre muertes bajo custodia, mientras el chavismo anuncia cifras que aún no se reflejan en hechos

El gobierno venezolano aseguró este lunes haber otorgado medidas de excarcelación a 116 personas detenidas por razones políticas, aunque organizaciones independientes solo han podido confirmar, hasta ahora, la salida efectiva de 24 reclusos durante la madrugada, elevando el total a 41 liberados desde el anuncio oficial realizado tras la captura de Nicolás Maduro.

De acuerdo con datos verificados por la ONG Foro Penal, los más recientes excarcelados provienen de los centros penitenciarios El Rodeo I y Las Crisálidas, ubicados en Caracas. Entre ellos se encuentran dos ciudadanos italianos y el hispano-venezolano Alejandro González, expareja de la abogada y activista Rocío San Miguel, una de las figuras más emblemáticas del grupo de presos políticos.

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario justificó las excarcelaciones señalando que se trata de personas procesadas por delitos relacionados con la “alteración del orden constitucional y amenazas contra la estabilidad de la Nación”, una fórmula habitual utilizada por el aparato judicial chavista para describir a opositores, militares retirados y defensores de derechos humanos.

El caso San Miguel y las excarcelaciones internacionales

Rocío San Miguel, reconocida especialista en temas militares y derechos humanos, fue liberada el 10 de enero, junto con cuatro ciudadanos españoles, tras pasar casi dos años recluida en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Había sido acusada de integrar una supuesta conspiración para atentar contra el entonces presidente Maduro.

Su expareja, Alejandro González de Canales, militar retirado, fue detenido el 9 de febrero de 2024, el mismo día que San Miguel. En ese momento trabajaba para la petrolera Chevron en Venezuela, donde coordinaba vuelos de personal ejecutivo. Las autoridades lo imputaron por presunta filtración de información sensible, obstrucción de procesos judiciales y asociación ilícita.

Junto a González también fueron excarcelados los italianos Alberto Trentini, cooperante humanitario, y Mario Burlò, empresario. Ambos viajaron ya rumbo a Italia en un avión del Estado italiano, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. A su llegada a la embajada italiana en Caracas, se enteraron de la captura de Maduro. Posteriormente declararon a medios europeos que no fueron torturados durante su detención.

Promesas que no cuadran

El anuncio de las excarcelaciones se produjo luego de la operación militar de Estados Unidos que permitió la captura y traslado de Maduro a Nueva York. Desde entonces, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez presentó las liberaciones como un gesto político orientado a facilitar un proceso de “unión nacional”, según lo expresó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, la implementación ha sido lenta y fragmentada. Mientras el Ejecutivo afirma haber revisado 116 expedientes, las ONG advierten que muchos de esos beneficiarios aún no han salido de prisión o permanecen bajo medidas restrictivas, como prohibiciones de declarar públicamente o limitaciones de movilidad.

En fechas recientes, el chavismo también anunció medidas de gracia para 187 detenidos durante Navidad y Año Nuevo, pero organizaciones de derechos humanos denuncian que esos números nunca se materializaron completamente, una práctica que se ha repetido en otros momentos de crisis política.

Familiares en vigilia y una muerte que alarma

La tensión aumentó este domingo cuando familiares de presos políticos pasaron la noche frente a varias cárceles del país, exigiendo la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas.

La preocupación se intensificó tras conocerse la muerte de Edison Torres en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana, en la conocida Zona 7 de Boleíta. El Ministerio Público atribuyó el fallecimiento a una “descompensación súbita de salud”, pero activistas denuncian que el caso refleja las precarias condiciones de reclusión en las que permanecen cientos de presos políticos.

Actualmente, Foro Penal contabiliza más de 800 detenidos por motivos políticos, mientras otras organizaciones elevan la cifra por encima del millar.