Fiscalía vincula a primer detenido del caso Lili Pink con red de empresas fachada en Colombia
- 11/05/2026 14:05
Investigación revela presunta red usada para importar mercancía desde Asia y mover dinero mediante compañías ficticias vinculadas al comercio formal en Colombia.
La captura de Walter Francisco Martínez se convirtió en la primera gran pieza dentro del escándalo judicial que rodea a la marca de ropa interior Lili Pink en Colombia. Según reveló El Colombiano, la Fiscalía lo señala de estar presuntamente vinculado con al menos siete empresas “de papel” utilizadas para operaciones de contrabando y lavado de activos.
Durante las audiencias de imputación y legalización de captura, el ente acusador aseguró que Martínez aparecía como representante legal de varias sociedades creadas aparentemente para importar mercancías desde China y Panamá, mover recursos financieros y asumir responsabilidades legales dentro de una compleja estructura empresarial.
De acuerdo con la investigación, las compañías habrían servido para ingresar productos al país mediante operaciones sospechosas de subfacturación y maniobras aduaneras irregulares.
Posteriormente, la mercancía era distribuida en canales comerciales formales, principalmente en tiendas vinculadas a Lili Pink-Fast Moda S.A.S., empresa que desde 2014 expandió su presencia a más de 400 establecimientos.
La Fiscalía sostiene que esta dinámica permitía darle apariencia legal a recursos de origen presuntamente ilícito, mediante ventas masivas y movimientos financieros complejos.
Una de las sociedades mencionadas en el expediente es Modamundo, señalada de participar en operaciones bajo investigación por las autoridades colombianas.
El caso apunta a que la estructura habría operado durante más de 13 años utilizando sociedades ficticias, testaferros y compañías que eran liquidadas constantemente para dejar atrás obligaciones tributarias y aduaneras.
Según la Fiscalía, mientras algunas empresas desaparecían jurídicamente, otras nuevas continuaban operando con los mismos activos y cuentas por cobrar.
Las autoridades también detectaron personas sin perfil económico relevante figurando como accionistas o socios de las compañías investigadas. Medios colombianos revelaron incluso que un conductor aparecía vinculado dentro de algunas de estas sociedades.
La Fiscalía calcula que la presunta red habría permitido mover más de 730.000 millones de pesos en operaciones relacionadas con lavado de activos.
Además, el proceso investiga un posible enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones de pesos y maniobras de contrabando que superarían los 75.000 millones.
Como parte de las medidas cautelares, las autoridades afectaron 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad en operativos realizados en distintas regiones del país.
La fiscal del caso aseguró que los verdaderos beneficiarios del dinero no aparecían formalmente dentro de las estructuras empresariales y que presuntamente se utilizaron “chivos expiatorios” para ocultar a los responsables reales del negocio.