Gobiernos de Trump y Maduro habrían organizado un intercambio de prisioneros políticos y deportados
- 09/07/2025 16:43
Marco Rubio, secretario de Estado, encabezó las gestiones para liberar a 80 presos políticos y 11 estadounidenses a cambio de repatriar migrantes detenidos en El Salvador Según información revelada por el diario español El País, el Gobierno de Donald Trump llevó a cabo conversaciones con el régimen de Nicolás Maduro con el objetivo de intercambiar presos políticos y ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela por un grupo de migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador en marzo de este año.
La administración republicana ha sostenido durante meses que ya no tiene control sobre esos más de 200 venezolanos porque actualmente están bajo la custodia del gobierno salvadoreño. Sin embargo, esta versión perdió fuerza luego de que El Salvador admitiera ante la ONU que Washington mantiene plena “jurisdicción y responsabilidad legal” sobre esas personas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, lideró las negociaciones para este acuerdo, que habría implicado la liberación de 80 presos políticos y 11 estadounidenses por parte de Caracas, a cambio del traslado de los migrantes desde una prisión de alta seguridad en El Salvador hacia Venezuela. Según el New York Times, los preparativos estaban avanzados e incluían el envío de aeronaves desde ambos países para ejecutar el intercambio. John McNamara, diplomático estadounidense destacado en Colombia, también participaba en el proceso.
El pacto, sin embargo, se vino abajo debido a una disputa interna. Richard Grenell, enviado especial de Trump para asuntos venezolanos, inició una negociación paralela con Caracas sin coordinación con el Departamento de Estado. Ofrecía mantener las operaciones de Chevron en Venezuela a cambio de la repatriación masiva de venezolanos indocumentados tras la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) por parte del gobierno estadounidense. Esta falta de alineación generó confusión en el régimen de Maduro sobre quién hablaba con autoridad en nombre de Trump.
“El presidente tiene un solo equipo y todo el mundo sabe que él es quien toma las decisiones en última instancia”, aclaró Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, negando divisiones internas.
Pese a que el acuerdo no se concretó, la propuesta de intercambio aún permanece sobre la mesa, indica El País. Los migrantes deportados fueron acusados de pertenecer al Tren de Aragua, considerado un grupo terrorista extranjero por Estados Unidos. No obstante, tribunales estadounidenses han solicitado su retorno por la falta de pruebas suficientes, siendo el caso de Kilmar Abrego García uno de los más conocidos.
Además de los venezolanos, en los vuelos de deportación también fueron trasladados salvadoreños presuntamente ligados a la MS-13. Todos los detenidos están recluidos en el Cecot, la cárcel de máxima seguridad promovida por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, cuyo gobierno ha recibido millonario apoyo de Washington.
Desde las expulsiones, múltiples demandas han sido presentadas contra el procedimiento. A pesar de las órdenes judiciales, la administración de Trump ha evitado asumir la responsabilidad directa por los migrantes enviados a territorio salvadoreño, mientras sigue utilizando una ley de 1798 —la Ley de Enemigos Extranjeros— como justificación legal para las deportaciones.
Según información revelada por el diario español El País, el Gobierno de Donald Trump llevó a cabo conversaciones con el régimen de Nicolás Maduro con el objetivo de intercambiar presos políticos y ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela por un grupo de migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador en marzo de este año.
La administración republicana ha sostenido durante meses que ya no tiene control sobre esos más de 200 venezolanos porque actualmente están bajo la custodia del gobierno salvadoreño. Sin embargo, esta versión perdió fuerza luego de que El Salvador admitiera ante la ONU que Washington mantiene plena “jurisdicción y responsabilidad legal” sobre esas personas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, lideró las negociaciones para este acuerdo, que habría implicado la liberación de 80 presos políticos y 11 estadounidenses por parte de Caracas, a cambio del traslado de los migrantes desde una prisión de alta seguridad en El Salvador hacia Venezuela. Según el New York Times, los preparativos estaban avanzados e incluían el envío de aeronaves desde ambos países para ejecutar el intercambio. John McNamara, diplomático estadounidense destacado en Colombia, también participaba en el proceso.
El pacto, sin embargo, se vino abajo debido a una disputa interna. Richard Grenell, enviado especial de Trump para asuntos venezolanos, inició una negociación paralela con Caracas sin coordinación con el Departamento de Estado. Ofrecía mantener las operaciones de Chevron en Venezuela a cambio de la repatriación masiva de venezolanos indocumentados tras la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) por parte del gobierno estadounidense. Esta falta de alineación generó confusión en el régimen de Maduro sobre quién hablaba con autoridad en nombre de Trump.
“El presidente tiene un solo equipo y todo el mundo sabe que él es quien toma las decisiones en última instancia”, aclaró Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, negando divisiones internas.
Pese a que el acuerdo no se concretó, la propuesta de intercambio aún permanece sobre la mesa, indica El País. Los migrantes deportados fueron acusados de pertenecer al Tren de Aragua, considerado un grupo terrorista extranjero por Estados Unidos. No obstante, tribunales estadounidenses han solicitado su retorno por la falta de pruebas suficientes, siendo el caso de Kilmar Abrego García uno de los más conocidos.
Además de los venezolanos, en los vuelos de deportación también fueron trasladados salvadoreños presuntamente ligados a la MS-13. Todos los detenidos están recluidos en el Cecot, la cárcel de máxima seguridad promovida por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, cuyo gobierno ha recibido millonario apoyo de Washington.
Desde las expulsiones, múltiples demandas han sido presentadas contra el procedimiento. A pesar de las órdenes judiciales, la administración de Trump ha evitado asumir la responsabilidad directa por los migrantes enviados a territorio salvadoreño, mientras sigue utilizando una ley de 1798 —la Ley de Enemigos Extranjeros— como justificación legal para las deportaciones.