Venezuela liquida el control estatal del crudo y abre la industria a capital privado
- 03/02/2026 13:02
Un cambio legal histórico permite participación privada en la explotación y comercialización del petróleo venezolano, con nuevas reglas fiscales y garantías para inversionistas extranjeros
Venezuela ha aprobado una reforma de su legislación petrolera que termina con décadas de control estatal sobre el crudo y habilita la entrada de capital privado y extranjero en todas las etapas de la industria, un giro estratégico tras la captura de Nicolás Maduro y la presión de la administración Trump para ampliar inversiones en el sector energético.
La Asamblea Nacional venezolana sancionó esta semana una nueva Ley de Hidrocarburos que transforma el marco jurídico de uno de los sectores más importantes de la economía nacional. Bajo esta reforma, la participación de empresas privadas —tanto nacionales como internacionales— queda autorizada para asumir la producción, comercialización y exportación de petróleo, funciones que históricamente estaban reservadas exclusivamente al Estado y a la petrolera estatal PDVSA.
El texto legal modifica varios artículos clave que liberalizan el régimen fiscal del crudo, reducen barreras tributarias y fijan topes máximos de regalías al Estado en torno al 30%, con flexibilidad para ajustes futuros. Se incorpora también un sistema de arbitraje internacional para resolver disputas, lo que busca ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversionistas tras años de expropiaciones y conflictos legales con activos extranjeros.
Aunque los yacimientos siguen siendo propiedad del Estado venezolano, la reforma permite que los privados puedan firmar contratos directos con PDVSA sin la obligación previa de formar empresas mixtas en las que el Estado dominaba la gestión operativa. Esto representa un cambio radical respecto al modelo político y económico impulsado por Hugo Chávez, que consolidó la nacionalización del sector desde mediados de los años 2000.
La aprobación de la norma se produce en un contexto político y diplomático inédito: tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa en enero, el gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez ha buscado recuperar relaciones con potencias externas, especialmente con Estados Unidos, que ha condicionado parte de su apoyo a la apertura del negocio energético.
La reforma petrolera también elimina exigencias que antes limitaban la comercialización internacional del crudo a través de PDVSA, permitiendo ahora que compañías privadas gestionen ventas directas y administren cuentas bancarias extranjeras ligadas a operaciones de petróleo. Esto incluye facilidades para empresas estadounidenses, que bajo una nueva licencia emitida por el Departamento del Tesoro pueden operar, invertir o exportar petróleo venezolano bajo reglas más amplias.
Expertos y actores del sector han señalado que estos cambios abren la puerta a una potencial ola de inversiones extranjeras en una industria que sufrió décadas de declive por falta de mantenimiento, sanciones internacionales y caída de la producción. Sin embargo, analistas también advierten que el éxito de la apertura dependerá de la confianza que consigan generar las modificaciones legales y la estabilidad política en el país.
La reforma representa uno de los movimientos más significativos en la política petrolera venezolana en décadas y podría redefinir el papel del país en los mercados globales de energía, siempre que se concreten compromisos de inversión y se implementen las nuevas normas con transparencia y certeza jurídica.