2025: resistencia de trabajadoras y trabajadores frente a la Ley 462 y la represión estatal

Al finalizar el año 2025, deseo dejar constancia de lo acontecido a las y los trabajadores de la educación, la construcción y las bananeras. Muy poco de ello fue registrado en los medios impresos y televisivos; fueron los medios alternativos los que difundieron lo que realmente sucedía.

Este mismo año se conmemoraron dos centenarios: el de la Revolución Tule, lucha por el respeto a las costumbres, la cultura y las tradiciones de la población guna; y el del movimiento inquilinario, originado por las alzas de los alquileres que intentaban imponer los casatenientes. En aquella lucha se dio el asesinato de nueve panameños. Esta lucha fue impulsada por el Sindicato General de Trabajadores, y marcada por la oprobiosa intervención del ejército de Estados Unidos, que ocupó el histórico Parque de Santa Ana.

A finales de 2024, el gobierno había planteado la conformación de una mesa de diálogo para discutir la Ley de la Caja del Seguro Social. Participaron distintos sectores: desde Conato, con la profesora Ana Elena Patiño, compañeras y compañeros; también Conusi, el sector docente, el sector médico, entre otros. Conato presentó una propuesta que recogía el sentir de las y los trabajadores a nivel nacional. En la votación de las 11 organizaciones presentes, nueve respaldaron el sistema solidario, mientras que el gobierno y el sector empresarial defendieron las cuentas individuales. Posteriormente, en la Asamblea Nacional participaron alrededor de 600 personas y el 85 % se manifestó a favor del sistema solidario. Se realizaron reuniones con diversos sectores para explicar a las y los diputados la importancia de mantener dicho sistema y evitar la privatización de la CSS.

Con el objetivo de rechazar la Ley 462, se organizaron movilizaciones, asambleas, encuentros, piqueteos, marchas, reuniones con organismos como la OIT y con organizaciones fraternas, además de volanteos para informar a la comunidad sobre el propósito de la lucha.

El 12 de abril, durante una distribución de volantes por parte de obreros de la construcción, la policía arremetió contra ellos y detuvo a 500 trabajadores. Ese mismo mes, las y los educadores realizaron un paro de advertencia y otro de 48 horas, sin obtener respuesta del gobierno. El 23 de abril el sector docente declaró la huelga, a la que se sumaron el 28 de abril el sindicato de las bananeras (Sitraibana) y el Sindicato de Trabajadores de la Construcción (Suntracs). El 1 de mayo se realizó una marcha unitaria, en la que se exigió la derogación de la Ley 462, la no reapertura de la mina ni de los embalses en Río Indio, y el descongelamiento de las cuentas del Suntracs. Las movilizaciones fueron reprimidas con gases lacrimógenos. En Bocas del Toro, un niño murió por los efectos de los gases; docentes fueron golpeadas y tiradas al suelo; y a la cacica segunda de la comarca Emberá se le colocaron grilletes, siendo la primera vez que se aplicaba tal medida a una mujer. En cada movilización hubo detenciones de compañeras y compañeros.

A la fecha se mantiene asilado político a Saúl Méndez, secretario general del Suntracs. En cárceles de máxima seguridad están presos Jaime Castillero y otros dos compañeros. También fue detenido Francisco Smith, secretario general del Sitraibana, quien fue liberado tras un mes. En el caso de las y los educadores, además de la represión ejercida por la fuerza física, fueron separados de sus cargos 298 docentes, a quienes han reemplazado por otros nombramientos. Nunca antes se había dado una situación semejante. Tradicionalmente, al finalizar una huelga se acordaba con directores y madres y padres de familia cómo recuperar el tiempo perdido.

La pregunta obligada es: ¿quién es responsable de que la huelga se extendiera por 81 días? El presidente y su gabinete, quienes hicieron caso omiso del resultado del diálogo y quienes posteriormente, sistemáticamente se negaron al diálogo con las y los trabajadores, desatendiendo las demandas del pueblo, y en el caso de la educación, ignorando la situación educativa de las y los estudiantes del sector público. Su objetivo fue claro: destruir sindicatos, gremios y organizaciones que no compartían su visión, gobernando para la empresa privada y dejando el camino libre para poder gobernar a sus anchas y sin resistencia. El primer resultado, ya lo tenemos con la mesa del salario mínimo. Por otro lado, cuando Panamá había avanzado en la conquista del Canal y en el derecho soberano sobre el mismo, este gobierno pro estadounidense entregó, mediante un Memorando de Entendimiento, derechos conquistados durante el siglo XX. Se permitió la instalación de tres bases militares, con soldados norteamericanos desplazándose por todo el país como si fuera propio. Hoy las y los panameños vuelven a vivir la vergüenza de ver a soldados estadounidenses pasearse por el istmo, gracias a un gobierno que sigue las directrices de Estados Unidos.

Para cerrar el año, se mantiene la separación de 298 docentes, algunas y algunos con entre ocho y nueve meses sin recibir salario, mientras sus puestos fueron ocupados por reemplazos. En contraste, el señor Mulino, en propaganda oficial, afirma que la construcción de un hospital para mascotas es necesaria para tener un país más humano. ¿Dónde está la humanidad cuando se niega el pago y la reintegración de las y los docentes? El artículo 69 de la Constitución reconoce el derecho a huelga: respételo. Deseo salud, mejores días para el 2026 y que el miedo no nos detenga. Como dijo Rigoberta Menchú: “la paz no es producto del silencio, sino de la justicia. Nuestra lucha continúa porque sin justicia no habrá paz verdadera.”