48 diputados tienen revuelto a Panamá

Los 48 diputados que aprobaron la modificación de la Ley 462 de hambre de la Caja de Seguro Social —CSS—, y ratificaron una serie de nombramientos ordenados por el Ejecutivo, llegaron al Palacio Justo Arosemena para burlarse e ignorar a los electores que depositaron su confianza para que fueran representados en la Asamblea Nacional. Bien, estos parlamentarios son responsables de abusos contra los derechos humanos, de abusos contra las garantías constitucionales. También son responsables por la masacre y las muertes que sucedan en diferentes partes de Panamá, principalmente en las regiones indígenas, donde la represión es feroz.

La población votante y no votante se manifiesta nacionalmente en contra de la Ley 462, que reforma el régimen de pensiones, afectando a la población en general, incluidos los 48 diputados que aprobaron la ley. También se manifiestan por la defensa de la soberanía nacional, que está siendo entregada al imperialismo yanqui por el gobierno del autócrata José Raúl Mulino, dominado por la soberbia y la lealtad al capital financiero. Bueno, los electores ya saben quiénes son los diputados traidores, quiénes se rindieron al sistema totalitario del gobierno. En las próximas elecciones no hay que olvidar a estos 48 entreguistas.

Diputados (as) del parlamento legislativo, ustedes tienen el poder para destituir el puesto presidencial que ostenta el autócrata José Raúl Mulino. No se dejen llevar por la codicia, no caigan en la manipulación y no empeñen su dignidad por unos cuantos reales. Piensen en los derechos constitucionales y los derechos humanos de la población panameña que están siendo violados por este gobierno despótico.

Los derechos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948, establecen un estándar común de logros para todos los pueblos y todas las naciones”.

Hoy, Panamá está experimentando la represión más intensa de vida republicana. Mulino y su grupo de narcisistas con trastornos concomitantes, declararon el estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro, entre el 20 y el 25 de junio de 2025, ordenaron la suspensión de las garantías fundamentales. Frank Ábrego, ministro de Seguridad, pidió al presidente Mulino cinco días más para continuar con el estado de violaciones de los derechos humanos y las garantías constitucionales. También continuar con allanamientos arbitrarios, detenciones sin orden judicial, suspensión de habeas corpus, control sobre dispositivos electrónicos (Art. 29), y la censura en las redes sociales y en los encuentros sociales y religiosos (Art. 37-38).

El autócrata de Mulino, acompañado por personas que no están interesadas en los problemas que enfrenta la nación panameña, solo está interesado en su apetito económico. Ordenaron quitar el sistema de internet y toda comunicación en la provincia de Bocas del Toro, para poder esconder los abusos que iban a cometer con la población bocatoreña.

Cuando Mulino ocupó la posición de ministro de Seguridad durante el gobierno de Ricardo Martinelli, participó en la represión que resultó en la muerte de personas, ciegos y numerosos indígenas heridos. Hoy en día, la represión se intensifica con más fuerza violenta.

Esperemos que no haya soldados norteamericanos uniéndose a los estamentos de seguridad nacional con el fin de reprimir a la población bocatoreño y a las comarcas indígenas.

Los abogados de los arrestados en Bocas del Toro y las denuncias de la población, indican que el estado de sitio muestra 192 detenidos, un fallecido, numerosos heridos y desaparecidos. Además, se indica que familias que estaban en sus hogares descansando fueron expulsadas de manera violenta, sin camisas, sin calzado y esposados como criminales comunes para ser arrestados sin ninguna razón.

El gobierno elevó los fondos de $10 millones a $40 millones, con el fin de afrontar la circunstancia de emergencia en Bocas del Toro. Ya comprendí el motivo por el cual se proclamó un estado de urgencia. ¿Deseamos que esos millones no se encuentren en el bolsillo de alguien? ¡Es la primera vez que se reconoce a una provincia en estado de sitio en la historia de Panamá!