A pie con el transporte

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  • 29/04/2026 00:00

Un fallido decreto que intentaba regular la actividad del servicio de transporte selectivo que se basa en plataformas evidenció que algo podrido ocurre en el sector. Esto no solamente se produce en cuanto al desplazamiento de taxis y sus variantes en las urbes, sino que también alcanza las diferentes formas de ese negocio de llevar público de un sitio para otro y que ninguna administración logra darle una lógica y por tanto, racional articulación.

Hace mucho tiempo el negocio del transporte era posible gracias a la presencia de una especie de oligopolio donde quizás dos o tres empresas eran dueñas de las diferentes unidades y cada quien tomaba su vehículo y se dirigía a su destino sin mayor problema. Cuando los militares llegaron al poder decidieron cambiar el esquema y darle un nuevo carácter al negocio para que los conductores no fueran explotados.

A la larga, este modelo terminó creando una nueva casta de operadores que aprovecharon los baches de las disposiciones para utilizar los cupos y fomentar una irregular atmósfera de inequidad con zares y esclavos, donde los pasajeros son el último eslabón. La ley vigente no ha podido conciliar la relación entre los dueños y usuarios y el escenario en que la figura del pirata aparece como un héroe de película que se desplaza y arrasa con el dinero.

Este actor se desenvuelve por todos los confines sin que haya una medida que le ponga coto a sus despropósitos. La demanda obliga a que grupos de personas en lugares estratégicos de la urbe, hagan fila con la paciencia de Job para aprovechar el paso de un fantasmagórico y a veces destartalado vehículo y no tener que llegar a las colas de la Terminal. Lo peor es el irregular e ilegal precio que tiene que pagar el sufrido pasajero.

¿Qué sucede con los viajes entre provincias? Para empezar ninguna compañía tiene un sistema de compra de boletos racional, en línea, con una programación que le permita al usuario llegar y encontrar un lugar en el autobús. La persona debe ir a hacer filas delante del mostrador, pagar y esperar la unidad que sale hacia el destino y que se detiene en cada sitio a recoger individuos en la carretera quienes deben ir de pie si el vehículo está lleno.

Esta irregular costumbre ha producido ocasionales asaltos a quienes van en la unidad. Extraños que de pronto sacan a relucir armas, piden dinero y celulares y luego desaparecen, sin que nadie se haga responsable. En algunos lugares, se produce una competencia entre unidades que se pelean a los pasajeros en las paradas y salen disparados para llegar primero al siguiente lugar donde están los clientes. Esto ha ocasionado accidentes en la carretera.

El transporte es como una medusa, con múltiples serpientes en una cabeza y cada una se mueve a su propio ritmo. Un ejemplo es la persistencia de diablos rojos, verdes y otros que trabajan y hacen competencia inmisericorde al Metro Bus con precios elevados y mal servicio. En los sectores que bordean la capital, específicamente en San Miguelito, el norte y el este de la ciudad operan busitos que esquilman a la población.

En el servicio interprovincial ¿cuántos conductores cuentan con uniformes e identificación clara? ¿Cuántos cumplen con la normativa sobre la forma de brindar el servicio? ¿Cuántas líneas tienen inspectores que supervisan el desenvolvimiento de los vehículos en la carretera? ¿Cuántos accidentes se producen anualmente y cuál es la tasa de pasajeros afectados en diferentes formas?

La autoridad que regula el transporte debería recoger el testimonio de los usuarios a través de consultas públicas con la finalidad de medir cómo se desenvuelve este negocio y a través de este diagnóstico, tomar decisiones sobre el alcance de las disposiciones vigentes. No es posible que se haga caso omiso a modernizar las flotas y los diferentes factores que entran en juego en este campo.

Es absurdo que solo haya el interés por subir tarifas cuando se presenten coyunturas como el precio del combustible y se olviden otros síntomas de un negocio de transporte que anda a pie.