A poner en valor las academias y los colegios profesionales

Aparte de la Academia Panameña de Lengua, poco o casi nada se conoce de las actividades de otras que, como la de Derecho Internacional, tuvo notable relevancia en el pasado y que fueron oficialmente creadas mediante leyes, pero que solo existen nominalmente. Volver a ponerlas y ponerlos en valor sería altamente positivo, ante la patente necesidad de contar con pronunciamientos objetivos y razonados sobre un importante número de temas de trascendencia nacional que, lamentablemente y con demasiada frecuencia se ventilan con marcada ligereza y, entre los que cabe destacar, las crisis de la educación, del agua, de la seguridad ciudadana, las reformas electorales o el turbio manejo de las finanzas públicas.

Hace solo unos días, los medios destacaron que una misión de técnicos israelitas se había encargado de “estudiar, “in situ”, y hacer recomendaciones” para solucionar la casi eterna y gravísima falta de agua potable en la región de Azuero. Desde luego, siempre será de agradecer que algunos países nos presten cooperación “desinteresada” para ayudarnos a diagnosticar o solucionar problemas de esa naturaleza; pero resulta incomprensible que, contando con una institución pública responsable de ese sector, el Idaan, con una Universidad Tecnológica, un Colegio de Ingenieros con especialistas en esas áreas y, además, con proclamados expertos en temas hidráulicos en el Canal, la eventual solución tenga que depender de un diagnóstico foráneo.

En el lenguaje internacional existe una variedad de instrumentos jurídicos: tratados, convenios, acuerdos, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas o canjes de notas, todas con significado y consecuencias diferentes, según cuándo y cómo se las utilizan. Como en ese aspecto la creatividad de nuestras actuales autoridades ha sido prolija; oportuno sería que, por un lado, se resucite la Academia de Derecho Internacional, para que “una voz autorizada los estudiara, evaluara y emitiera sus conceptos”; y, por otro, también lo haga el Colegio Nacional de Abogados y sean estudiados en las facultades de Derecho.

Tema candente e igualmente trascendente es “el solapado plan del gobierno” para reabrir la mina de cobre, recurriendo, como algunos han señalado, a una figura jurídica que sortearía el requisito de una ley formal. Ante ese hecho, que comprendería y afectaría, no solo aspectos sustancialmente jurídicos, sino también ambientales y financieros, los colegios profesionales de abogados, ingenieros y economistas tienen un reto que no pueden ni deben soslayar.

Nuestra democracia, si es que así puede considerarse la que tenemos que, por sus resultados visibles, es manipulada y pervertida por una clase política motivada por intereses egoístas, también atraviesa una profunda crisis. El país está dividido entre: los sectores alineados en los partidos, con claros intereses sectarios y la mayoría de la sociedad, no partidista, que viene siendo deliberadamente marginada de la discusión de las reglas que podrían ayudar a rescatarla.

Como han demostrado las pujas y repujas que a diario se escenifican en la Asamblea, el debate de las reformas electorales es un auténtico circo donde imperan extremos tan absurdos, en los que, mientras se retacean y recortan las asignaciones para la educación o la salud, alegremente se apropian y reparten cerca de 150 millones para subsidios electorales y se sigue abultando el presupuesto propio.

El país necesita con urgencia que vuelvan a tener protagonismo los entes que como la Conferencia Episcopal promovieron el que otrora se conoció como el “Pacto Ético Electoral“ y que las organizaciones cívicas, los gremios y las universidades asuman un rol decisivo, que debe proponer, como primera medida, la inmediata suspensión del debate de las reformas electorales y su posposición para que, previa una campaña de amplia divulgación y consulta, se discutan a finales del siguiente período ordinario de sesiones, o sea, en los meses de marzo o abril del 2027.

Los comentados, al igual que otros temas importantes y trascendentes, como son, por ejemplo, la urgente y necesaria “Ley de clasificación cargos y sueldos del Sector Público”, la instauración de verdaderas “Carrera Administrativa y Judicial,” son razón sobrada para emplazar a los colegios profesionales a que asuman el papel orientador que les corresponde y, también, para que las universidades lo compartan, y para insistir en la conveniencia de que volvamos a tener academias vigentes y participativas, que purifiquen y orienten el rumbo intelectual de la nación.