A Ud. Presidente: Combatir la desinformación es una responsabilidad compartida

En la era de la posverdad, todos estamos expuestos a la manipulación algorítmica. Convivimos con un ecosistema digital donde la verdad compite en clara desventaja frente a las emociones, amplificadas por algoritmos que priorizan lo viral sobre lo verificable, distorsionan la realidad, alteran la convivencia democrática, erosionan la confianza y destruyen reputaciones sin medir consecuencias.

Hemos renunciado a la verdad de manera casi inconsciente, deslumbrados por la política del espectáculo que ha convertido la desinformación en su herramienta más eficaz, contando con un alcance ilimitado de las redes sociales y las plataformas digitales. La ética, la responsabilidad y la transparencia han sido desplazadas del debate público y, en su lugar, la sociedad ha optado por la inmediatez y la opinión sin contraste. Este desplazamiento ha entronizado a los deep fakes, erosionando la confianza pública y alimentando la peligrosa tentación de responder al caos informativo con sobre-regulación y censura, confundiendo control con solución.

Este fenómeno no ocurre en el vacío, se intensifica en un contexto geopolítico cada vez más alejado de la paz e inclinado hacia el conflicto, que está socavando la confianza en las instituciones. Panamá no es una excepción y enfrentamos el mismo desafío de aprender a convivir con un flujo constante de información que muchas veces es incompleta, manipulada o abiertamente falsa.

En el Foro de Seguritech de CLIPP, en el panel sobre gestión de la desinformación en la era de la posverdad, coincidimos en que la tecnología, por sí sola, no es suficiente para enfrentar este desafío. En un contexto geopolítico que se desmarca del Derecho Internacional, es urgente repensar las herramientas de las que disponemos como sociedad y diseñar políticas públicas que protejan la verdad sin erosionar la libertad de expresión.

La Unión Europea, por ejemplo, ha dado pasos significativos en esta dirección mediante el Digital Services Act y el AI Act, orientados a reducir los riesgos sistémicos del entorno digital y a exigir mayores niveles de rendición de cuentas a las plataformas tecnológicas y a los desarrolladores de inteligencia artificial. En paralelo, algunos países han asumido el desafío de limitar e incluso prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, priorizando la protección del desarrollo cognitivo y emocional. En América Latina, en cambio, el debate necesita avanzar hacia una política pública integral frente a la desinformación que no se base en la censura ni en el control discrecional del discurso, sino en cuatro pilares fundamentales: transparencia algorítmica, alfabetización digital, corresponsabilidad de plataformas y fortalecimiento institucional.

El rol del Estado no es controlar el discurso, sino garantizar que el espacio informativo sea seguro, verificable y justo. Debemos apostar como sociedad a convertir la verificación en un reflejo automático de autoprotección ciudadana, impulsando observatorios y redes de verificación desde la academia, medios de comunicación y gremios periodísticos. Solo una gobernanza conjunta, basada en la transparencia, responsabilidad y ética, permitirá equilibrar derechos fundamentales con la protección del espacio público digital como herramienta de prevención, no de control.

El Gobierno, como garante del ecosistema democrático no como árbitro de la verdad, debe promover la transparencia algorítmica en su propia gestión e invertir en procesos de alfabetización digital en alianza con los medios de comunicación como política pública a largo plazo.

La transparencia ética debe imponerse a todos los niveles. Desde el Consejo Nacional de Periodismo durante mi Presidencia en 2022-23 apostamos por relanzamiento del Comité de Ética, un canal de denuncias que seguimos trabajando para fortalecer y que ha contado con el compromiso de los medios tradicionalmente establecidos – televisión, impresos y radios - aunque sigue pendiente la adhesión de aquellos que operan únicamente a través de plataformas digitales.

En este esfuerzo compartido, las plataformas tienen que asumir su responsabilidad como empresas. Deben exigirse equilibrio moderado y amplificación de contenidos responsables, así como una inversión sostenida en alfabetización digital que contribuya a fortalecer una ciudadanía informada, crítica y menos vulnerable a la manipulación.

La sociedad civil debe proteger el debate público sin renunciar a la defensa de las libertades. La academia debe aportar investigación rigurosa sobre los patrones de desinformación y evaluar, con evidencia, el impacto social de los algoritmos. Las ONG y los medios independientes están llamados a ejercer una vigilancia democrática activa, denunciando tanto las campañas engañosas como los abusos regulatorios. Y los periodistas, como garantes del derecho a la información, debemos reforzar nuestros estándares éticos, verificar con rigor y perseverar en la búsqueda de la verdad, incluso cuando hacerlo resulte incómodo. El verdadero desafío es asumir como sociedad, que la desinformación no es solo un problema tecnológico, sino una amenaza directa a la democracia, a la convivencia pacífica y a la dignidad humana.

Panamá tiene la oportunidad de adelantarse a la región para asumir este desafío con madurez democrática y liderazgos capaces de resistir el aplauso fácil y la mentira rentable. El que más consulta, menos se equivoca y para evaluar y delinear políticas públicas es imprescindible establecer procesos de dialogo incluyentes que resulten en compromisos de Estado, con todos los actores de la sociedad llamados incidir en el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas, la alfabetización digital y mediática y la verificación responsable.