Acceso oportuno, continuo y equitativo a medicamentos: sigue siendo una quimera para miles de panameños

El acceso oportuno, continuo y equitativo a medicamentos sigue siendo una de las principales deudas del sistema público de salud panameño. Las denuncias de pacientes con enfermedades crónicas, críticas y degenerativas revelan que el desabastecimiento no es una simple dificultad administrativa: puede interrumpir tratamientos, agravar enfermedades, comprometer vidas y trasladar a las familias costos que muchas veces no pueden asumir. Las experiencias documentadas por los pacientes ponen en evidencia las limitaciones de los procesos de adquisición, las demoras administrativas, los incumplimientos de proveedores y las deficiencias en la distribución. Aunque el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) han anunciado mecanismos de coordinación, compras conjuntas y la instalación de una comisión para evaluar el desabastecimiento crítico, los avances institucionales todavía deben traducirse en resultados concretos. El desafío es garantizar que cada persona reciba el medicamento que necesita, cuando lo necesita.

Esta situación no es nueva y tampoco carecemos de diagnósticos ni propuestas para superarla. Desde hace años he insistido en que el acceso a medicamentos de calidad es indispensable para garantizar el derecho a la salud y avanzar hacia la cobertura universal. No podemos aceptar que las deficiencias institucionales obliguen a los pacientes a recurrir a farmacias privadas y asumir gastos que muchas familias no pueden afrontar.

De hecho, el problema tiene una dimensión económica que no debemos ignorar. Según estimaciones propias a partir de estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en 2025 los pagos de los hogares —por consultas, medicamentos, diagnósticos, tratamientos o insumos que no son reembolsados por el sistema— representaron el 35% del gasto total en salud, una carga financiera considerable que limita el acceso y profundiza las desigualdades. Cuando un paciente debe comprar por su cuenta los medicamentos que no encuentra en la CSS o el Minsa, el desabastecimiento se convierte también en un factor de empobrecimiento familiar.

El primer paso para cambiar esta realidad es comprender que el abastecimiento no se resuelve simplemente comprando más medicamentos. Requiere gestionar eficientemente toda la cadena de suministro: selección de productos esenciales, estimación de necesidades, programación de compras, contratación, almacenamiento, distribución y dispensación. Una compra puede cumplir todos los requisitos administrativos, pero si el medicamento no llega oportunamente a la farmacia donde lo necesita el paciente, el objetivo sanitario no se ha cumplido.

También —como he señalado hasta la saciedad— debemos aprovechar mejor las oportunidades de negociación y compra conjunta. Panamá no tiene por qué limitarse a los mecanismos tradicionales de contratación ni aceptar automáticamente los precios del mercado nacional. Podemos utilizar instrumentos de cooperación internacional como el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los mecanismos de negociación conjunta de Comisca y el apoyo técnico de Unops. Estas alternativas permiten consolidar la demanda, aprovechar economías de escala, ampliar la competencia y obtener medicamentos de calidad a precios más convenientes.

Paralelamente, necesitamos fortalecer la regulación de precios y la transparencia del mercado farmacéutico. Debemos conocer cuánto cuestan los medicamentos internacionalmente, comparar los precios pagados por nuestras instituciones, promover medicamentos genéricos de calidad comprobada y evitar condiciones desfavorables para el Estado. La autoridad reguladora debe tener capacidad técnica para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos, fiscalizar el mercado y proteger a los consumidores.

Todo esto exige fortalecer la gobernanza y profesionalizar la gestión. La adquisición de medicamentos moviliza importantes recursos públicos y debe estar libre de conflictos de intereses, improvisaciones y prácticas que comprometan el interés general. Es indispensable mejorar la supervisión de los contratos, aplicar las garantías cuando los proveedores incumplan y establecer mecanismos de rendición de cuentas. Asimismo, necesitamos información pública y actualizada sobre precios, compras, inventarios y disponibilidad por instalación de salud. No basta con informar porcentajes nacionales de abastecimiento: debemos saber cuáles medicamentos están disponibles, dónde y para quiénes.

Finalmente, ninguna de estas medidas alcanzará todo su potencial mientras mantengamos la fragmentación institucional. Minsa y CSS deben avanzar hacia una coordinación efectiva que permita compartir información, consolidar necesidades, armonizar procedimientos y aprovechar conjuntamente sus capacidades de negociación, adquisición y distribución. La integración de los servicios públicos de salud debe incluir una política nacional de medicamentos, con objetivos comunes y responsabilidades claramente definidas.

Panamá no necesita comenzar de cero. Tenemos un marco legal, propuestas técnicas y mecanismos internacionales que ofrecen alternativas concretas. La Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico debe aprovecharse para impulsar una transformación de fondo, con un plan de acción, presupuesto, responsables, plazos e indicadores públicos de cumplimiento. Los avances en las compras conjuntas y en la definición de precios de referencia son positivos, pero deben traducirse en medicamentos efectivamente disponibles para los pacientes.

El éxito no debe medirse por el número de reuniones, licitaciones o medicamentos adquiridos, sino por un resultado mucho más sencillo y trascendente: que cada paciente encuentre oportunamente, en la farmacia de su institución de salud, el medicamento que necesita, con calidad garantizada y sin tener que pagarlo de su bolsillo.

Garantizar el acceso a medicamentos no es solamente resolver un problema de abastecimiento. Es cumplir con el derecho a la salud, proteger la vida y la dignidad de las personas y demostrar que nuestras instituciones están verdaderamente al servicio de la población.