Acuerdo 1-2026: prevención adaptada a la era digital

La prevención del blanqueo de capitales y la innovación financiera no son objetivos incompatibles. El desafío de los reguladores modernos consiste en fortalecer los controles contra el delito financiero sin obstaculizar el acceso de los ciudadanos a los servicios bancarios. Con esa visión, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) emitió el Acuerdo 1-2026, una actualización regulatoria que fortalece los mecanismos de prevención incorpora herramientas tecnológicas y facilita los procesos de vinculación de clientes.

La nueva normativa responde a una realidad ineludible: los estándares internacionales evolucionan constantemente. Por ello, la SBP mantiene una actualización permanente de su marco regulatorio para alinearlo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las mejores prácticas internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Durante el proceso de revisión, la Superintendencia realizó un ejercicio piloto con entidades bancarias para identificar oportunidades de mejora en la apertura de cuentas y la actualización de información de clientes. Uno de los principales hallazgos fue que muchas de las dificultades percibidas por los usuarios no estaban directamente relacionadas con la regulación, sino con prácticas internas y procesos operativos de algunas instituciones financieras.

A partir de este diagnóstico, el Acuerdo 1-2026 introduce mayor claridad sobre la aplicación de los esquemas de debida diligencia. La norma establece criterios más precisos para diferenciar entre debida diligencia simplificada, normal y ampliada, de acuerdo con el perfil de riesgo de cada cliente. Esto permite que los bancos soliciten información de manera más proporcional y adecuada, evitando requerimientos innecesarios para clientes de bajo riesgo.

Uno de los avances más relevantes es la incorporación de herramientas que favorecen la digitalización de los servicios financieros. La regulación reconoce expresamente la posibilidad de realizar procesos de vinculación y apertura de cuentas por medios remotos, siempre que las entidades implementen controles efectivos para mitigar riesgos.

En este contexto, se incorporan conceptos como la geolocalización inferencial y otros mecanismos tecnológicos que ayudan a verificar la identidad del cliente, validar la información suministrada y detectar posibles inconsistencias durante los procesos digitales. El objetivo es facilitar el acceso a los servicios bancarios sin comprometer la seguridad del sistema financiero.

La normativa también fortalece los mecanismos para la identificación del beneficiario final, incorporando criterios alineados con las recomendaciones internacionales, incluyendo el denominado ‘efecto cascado’, que permite determinar quién ejerce el control efectivo de una estructura jurídica cuando este no puede identificarse únicamente mediante la titularidad accionaria.

Asimismo, el acuerdo promueve el uso de fuentes confiables y de acceso público para complementar la información requerida en los procesos de conocimiento del cliente. Esta medida puede contribuir a reducir cargas operativas para los usuarios y hacer más ágiles determinados trámites, manteniendo los controles necesarios para la gestión de riesgos.

El Acuerdo 1-2026 forma parte de la estrategia de la SBP para fortalecer la efectividad del marco de prevención del blanqueo de capitales, impulsar la innovación responsable y preservar la competitividad del Centro Bancario Internacional. Su implementación también contribuye a la preparación del país frente a futuras evaluaciones internacionales y al cumplimiento de los estándares globales que respaldan la reputación de Panamá como plaza financiera.

La prevención del blanqueo de capitales es una responsabilidad compartida entre reguladores, entidades financieras y usuarios. Con esta actualización normativa, la SBP busca que el sistema sea más seguro, más eficiente y accesible, demostrando que es posible fortalecer los controles sin sacrificar la experiencia del cliente ni la competitividad del sector bancario.