Algunas enseñanzas de políticas públicas que arroja el sismo en Panamá

Entre el 24 de junio y el 9 de octubre, en tan solo 107 días, se sucedieron tres importantes movimientos sísmicos en Venezuela, Colombia y Panamá de magnitud 7,2; 7,5 y 7,4 respectivamente. Más allá del triste episodio geológico compartido, es menester señalar que los impactos humanos y económicos en estos tres países han sido muy diferente conforme a tres indicadores: magnitud sísmica, víctimas humanas y daños económicos directos, utilizando registros sismológicos y evaluaciones de organismos internacionales como el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los balances efectuados por las autoridades nacionales respectivas.

Una lectura rápida de las estadísticas disponibles da cuenta que tanto en Venezuela como en Colombia el impacto humano y material ocasionado por el terremoto han sido muy elevados. Si bien en Panamá los primeros balances informaron daños en viviendas, edificios públicos, iglesias y puentes los registros oficiales dan cuenta de un total de 27 personas heridas y sin fallecidos reportados.

¿Qué enseñanzas de política pública se esconden detrás de estas cifras?

En primer lugar que la magnitud sísmica no determina por sí sola el número de víctimas. Un terremoto de magnitud 7,7 puede causar menos muertes que uno de magnitud 7,4 si afecta a zonas menos pobladas o con edificios más resistentes. También importan otros factores como la profundidad, la geología local, la hora del evento y la preparación institucional.

En segundo lugar que las pérdidas económicas no se limitan a los edificios destruidos. También comprenden interrupciones de servicios, daños a infraestructuras, pérdida de ingresos y costes de reconstrucción. Por eso es importante distinguir daños físicos, pérdidas económicas y necesidades de recuperación.

Finalmente en tercer lugar que la coherencia y consistencia de las políticas públicas - en el caso específico de Panamá: la construcción de infraestructura pública y privada bajo estrictas normativas de calidad y regulaciones antisísmicas - es un bien intangible de carácter estratégico que a menudo se visibiliza con el tiempo, especialmente en situaciones de incidencia crítica.

También cabe preguntarse por la capacidad de respuesta del Gobierno ante una emergencia de esta magnitud que exige liderazgo, coordinación, comunicación y presencia proactivas de las autoridades. ¿Se comunicaron a la población los protocolos de emergencia? ¿Hubo presencia policial en los momentos de ausencia del suministro eléctrico, sea dirigiendo el tránsito o bien brindando orientación a los ciudadanos luego de las sucesivas réplicas del sismo?

En resumidas cuentas, ¿percibieron los panameños que las instituciones gubernamentales se encuentran preparadas para actuar cuando más se las necesita?

Desde CLIPP, impulsamos la urgencia de contar con servidores públicos que tengan la capacitación y las herramientas necesarias , modernas , innovadoras para hacer frente a los grandes desafíos que nos propone la Gobernanza del Siglo XXI, jerarquizando su labor y estabilidad siendo en consecuencia los interlocutores idóneos, interpares profesionales con quienes el sector privado local e internacional podrán entenderse con fluidez, así como estar en capacidad de diseñar e implementar más y mejores políticas públicas, hasta el fortalecimiento institucional del sistema científico tecnológico de innovación para mejorar la competitividad de las economías del conocimiento. Contar con políticas públicas de calidad significa transitar un camino largo y sinuoso que requiere de la articulación del saber técnico especializado con la construcción de amplios consensos sociales y la voluntad política decisoria. Al fin de cuentas, tres ingredientes decisivos para evitar nuevos terremotos no solo geológicos sino también socioeconómicos y ambientales en una economía que representa más del 7% de la biodiversidad global del planeta.