Algunas lecciones de la lucha social aún no aprendidas

Algunos líderes populares me han exhortado a que haga un balance crítico de la lucha sostenida en los últimos meses a propósito de la Ley 462 atinente al programa de IVM.

Debo exonerarme ante estos respetables dirigentes y colegas por no hacerlo en un medio público, sino únicamente entre pares académicos, gremiales y políticos. En su defecto, no obstante, quiero aprovechar la columna de hoy para despejar algunos sesgos de interpretación de las luchas de la coyuntura actual que conducen a ignorar varias lecciones históricas imprescindibles para enfrentar adecuadamente las embestidas de los grupos de poder contra los derechos y dignidad humana del pueblo.

Una primera lección tiene que ver con el hecho de que las luchas que se han estado suscitando en los últimos años no nacieron con la aprobación de tales o cuales leyes, a saber: 2022, el costo de la canasta básica familiar; 2023 la ley del contrato con la minera Cobre Panamá y 2025, la Ley 462 del seguro de pensiones. Esos son simplemente detonantes. Las condiciones reales, profundas, fueron establecidas con la invasión de 1989, que impuso un modelo de enriquecimiento y de control social colonial diseñado por el colono imperial y puesto a andar con los dos primeros gobiernos postinvasión (Endara y Pérez Balladares), pero que ya se agotó.

Aquí, se han enriquecido los clanes económicos basados en la extracción de rentas a partir de las divisas generadas por la circulación de mercancías, fundamentalmente por la vía del tránsito de mercancías por el Canal de Panamá. A partir de esas riquezas, determinados grupos han montado las propias, desviando recursos del Canal que han debido ser para resolver los problemas del pueblo. Desvíos que se hacen desde el Estado (con decretos y leyes), lo que implicó que los clanes de antiguos ricos (oligarquía) y otros que nacieron en los últimos 34 años, se turnaran el poder estatal, sin adversario político desde el pueblo.

En lo económico social, el resultado ha sido la ampliación de la brecha entre “los de arriba” y “los de abajo”. Esto, gracias a la imposición de leyes y acciones orientadas a fortalecer el enriquecimiento de las élites económicas, particularmente financieras, locales y de EE.UU. Así, cada vez que se ha requerido mantener funcionando el aparato estatal con “estabilidad”, cada vez que aparecen proyectos financiables desde el Estado, todas las administraciones desde la invasión norteamericana hasta hoy han buscado los millones que les ofrecen los banqueros preferentemente estadounidenses, endeudándonos irracionalmente, en vez de promover producción, fomentar inversiones nacionales con fondos utilizables del seguro social y evitar la evasión multimillonaria de impuestos, pero... para eso está el Canal de Panamá, alias el “paganini” de las élites.

En lo político, se evidencia la incapacidad de los funcionarios y autoridades elegidas cada cinco años para representar los intereses de sus electores, del pueblo que los eligió. Hecho que ya llegó a su tope de forma tal que la población tiende a irrumpir cada vez más en movimientos propios que hagan valer sus intereses, al no encontrar representación en sus representantes estatales. Esto se ha convertido en una seria amenaza que las élites han llamado a detener. He aquí una segunda lección soslayada por las mayorías: el que diseño el modelo económico y político ya agotado, lo impuso con la fuerza militar (EE.UU.), este mismo, está detrás de la contención del peligro que representamos “los de abajo” y además, con presencia de su poder militar, similar al momento que lo impuso en 1989.

No obstante, hay una tercera lección rehuida, a saber, que el sujeto social llamado a sacar la cara por los intereses populares fue abatido con la invasión norteamericana a Panamá y la subsecuente reorganización colonial que se extendió hasta los años previos a la reversión de la zona canalera. Solo quedaron en pie, algunas organizaciones sindicales y gremiales gracias a que jugaron un papel cómplice con el nuevo régimen colonial, abandonando a su suerte a organizaciones hermanas no solo más beligerantes, sino más maduras ideológicamente y con capacidad de conducir luchas anticoloniales, todas estas fueron descabezadas y sus estructuras debilitadas en lo económico, legal y orgánico, a tal punto que la mayoría no han podido levantarse aún.

Bajo tales condiciones, las luchas frontales contra el modelo colonial, han requerido de nuevas formas no siempre contempladas por las agrupaciones laborales de asalariados por negarse a reconocer esta tercera lección; aunque ciertamente, ha llevado a “madurar a golpes” a algunos de ellos en las coyunturas recientes, así como al surgimiento de nuevos actores sociales bajo relaciones no contractuales de las clases trabajadoras.

Hoy, las élites económicas coloniales requieren un modelo económico con nuevas fuentes desde donde hacer riquezas. La primera planteada es la del control por el capital financiero de los fondos del producto de los trabajadores puestos a su disposición, a costa de la propia clase social que aporta tal riqueza... Eso es la Ley 462.

Si aún no hemos aprendido, al menos estas tres lecciones mencionadas anteriormente, poco será el alcance transformador de la lucha popular contra esa nueva fuente de enriquecimiento de las élites financieras del poder colonial, donde la ley de pensiones solo es la primera de ellas.