Asegurados, alerta con lo que pasó en Paraguay

En el 2025, el movimiento social panameño rechazó la Ley 462 de reforma a la seguridad social. Decíamos que, en el tema de la seguridad social, se ha impuesto un discurso mediático que busca justificar las medidas neoliberales a la CSS. Constituía un proceso sistemático dirigido a cercenar los derechos de los asegurados. Así se impusieron las reformas (exigencias del FMI y el BM) en 1986, 1991-1992, 1995, 2005 y 2025. Todas ellas implicaron la pérdida de beneficios alcanzados al calor de la lucha mundial y nacional de la clase trabajadora.

En el caso de Panamá, se trata de la imposición de medidas paramétricas, la pérdida de las jubilaciones anticipadas, mayores requisitos para ser beneficiarios, la externalización de los servicios médicos, entre otras medidas que llevaron a las cuentas individuales. Pero también las reformas han traído consigo la entrega de los fondos de la Caja a manos privadas.

Planteamos que el propósito de los empresarios era apropiarse de los fondos de los asegurados. Ya en 2005, con la Ley 51, lograron privatizar un máximo del 25 %; ahora buscaban el 100 % (primera propuesta del Ejecutivo) y manejar las grandes reservas que en 2095 llegarán a casi 200 mil millones de dólares. Demostramos que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), como Progreso-Global Bank y Profuturo-Banco General, cobran aproximadamente el 25 % por el manejo de los fondos.

Es por ello por lo que el gobierno empresarial de Mulino manifestó una y otra vez, al referirse a las reformas a la seguridad social: «...se trata de salvaguardar la columna vertebral, el sistema bancario». Se tomaron los fondos de los asegurados para cubrir el déficit fiscal y colocar recursos en manos de banqueros, que sumaron liquidez a sus bancos. Históricamente, la CSS ha sido saqueada por la oligarquía.Generando una dinámica económica irracional: «Los asegurados que cobran pensiones de hambre financian a bancos y empresas privadas para la obtención de grandes ganancias». ¡Vaya orden económico!

Lo ocurrido en Paraguay, donde miles de ciudadanos ven peligrar sus ahorros y pensiones, debe alertarnos y servirnos de experiencia sobre los riesgos de poner los recursos de los trabajadores en manos de intereses financieros. Se trata de fondos que han sido puestos al servicio de la especulación y del apetito voraz de las administradoras de fondos de pensiones, los bancos y las instituciones financieras, todos ellos vinculados con personeros del Gobierno. ¡Panamá, que no te suceda lo que ocurrió en Paraguay!

El tema se extiende también a la empleomanía. Según la ministra de Trabajo de Paraguay, el caso de Ueno Bank golpea el empleo de unas 7 mil personas de conglomerados vinculados a cinco países de la región, entre ellos Panamá. Las autoridades del país guardan silencio sobre estos hechos. Igualmente, se plantea el uso de compañías offshore en Panamá, además de vínculos con casos de corrupción (Finmeccanica y Odebrecht) por parte de exfuncionarios paraguayos.

Ante el escándalo de Paraguay, ¿cómo explicar la inusual rapidez de Mulino para solidarizarse con Santiago Peña, expresidente de Paraguay e integrante del grupo Escudo de las Américas, gestado por Trump? Mulino expresó: “Rescato la actitud del presidente Peña, porque sé del profundo amor hacia su nación, a la que ha defendido siempre”. ¿Qué clase de amor? ¡Asaltó los fondos de los pensionados y ahorristas paraguayos! ¿Qué vínculos existen para que Mulino se exprese de esta forma? ¿Por qué visitó en tres ocasiones a su homólogo paraguayo y por qué sostuvo una reunión tan urgente con el nuevo presidente de ese país?

Por realizar las denuncias, en el marco de la imposición de la Ley 462, sobre lo que puede acontecer en Panamá con los fondos de los asegurados, más de 100 dirigentes del Suntracs se encuentran judicializados; un compañero ha sido obligado al exilio, otro se encuentra refugiado en una embajada y un tercero está detenido injusta e ilegalmente en una cárcel de máxima seguridad. Además, existen intenciones de regresar a Jaime Caballero a la cárcel, mientras que mi persona permanece detenida con dispositivo electrónico. A esto se suman el cierre de las cuentas del sindicato y el de la cooperativa: todo un proceso de guerra jurídica. Igualmente, 298 educadores han sido despedidos ilegalmente, así como dos médicos, y se ha producido la infiltración de la Policía en las organizaciones sociales. Toda una persecución y represión por defender el derecho a la seguridad social del pueblo humilde y trabajador.

Ya lo dijo el papa León XIV: “El sindicalismo es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo”. Este 14 de noviembre, a las 8:00 a. m., en la Universidad de Panamá, dirigentes del movimiento social se reunirán para analizar la coyuntura nacional y emprender acciones de lucha.

¡Panameño, defendamos el Seguro! ¡Exigimos la derogación de la Ley 462!