Asesinados y desaparecidos de la dictadura: impunidad ayer y hoy

En este país asesinaron y/o desaparecieron a más de cien personas entre 1968 y 1989 pero en lugar de aprender para evitar que eso vuelva ocurrir, permitimos que resurjan las mismas causas que llevaron a eso. Y resumo esas causas con dos palabras: injusticias e impunidad. Y para el caso de Panamá se debe mencionar algo grave que difícilmente puede ser superado en otra parte del mundo: olvido impuesto desde el poder, pero tolerado desde la población.

Sin ir más lejos por ahora, en el año 2019 (finalmente después de décadas de sufrimiento de los familiares de las víctimas) el Estado aceptó firmar un acuerdo de “solución” amistosa ante la denuncia por esas víctimas de la dictadura. Con eso el Estado evitaba ser sentado en el banquillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ser condenado como ya lo fue con el caso Heliodoro Portugal y como lo será ser con el Caso de Héctor Gallego.

Ese acuerdo compromete al Estado a una serie de pasos que debe dar para aliviar en algo el dolor que dejaron los graves crímenes en sus familiares y para enviar un mensaje a la sociedad de nunca más, de no repetición. Uno de los temas que el Estado se comprometió a cumplir se relaciona con medidas de justicia que incluyen investigar y castigar a los responsables, y avanzar en las pruebas de identificación de restos por medio de pruebas de ADN.

En los cinco años que rigió el gobierno anterior no hubo avance alguno en el cumplimiento de nada. Aun así, la Comisión Interamericana tiene la obligación de continuar fiscalizando los avances y por eso el Estado actualmente responde a sus requerimientos de información. Pues bien hace unos meses hubo una respuesta estatal acerca de los avances en materia de justicia. No me voy a extender en detalles (que lo ameritan) por el espacio para escribir. Solo voy a resumir algunos ejemplos. En otros tiempos, don Guillermo Sánchez Borbón escribió que la dictadura había matado a casi toda una familia. Se refería a la familia González Santizo. Ahora, décadas más tarde el informe del Estado dice que declararon culpable a un militar que la siguió pasando bien hasta que murió y a otro se le declaró inocente. Otro miembro de la misma familia no solo fue desaparecido físicamente sino, además, lo desaparecieron del registro civil. Nada saben los familiares acerca de lo que pidieron: restituir su nombre en el registro civil. Hasta ahora tenemos que él nunca existió. Y en un caso más de la misma familia identificaron a aquel que terminó de matarlo con un tiro en la cabeza (un testigo lo vio), pero lo dejaron escapar del país y vive tranquilamente en Centroamérica. Y aquí viene algo insólito para este mismo caso: la justicia suspendió el proceso por un año porque uno de los imputados estaba enfermo. Eso dice el reciente informe del Estado para la Comisión Interamericana.

Otro caso fue el de Floyd Britton. También don Guillermo Sánchez Borbón se cansó de decir hasta el nombre de las personas que supieron sobre su desaparición y traslado del cuerpo de Coiba a otro sitio, pero fue en vano. Hasta una foto recuerdo que publicó “en pocas palabras” con el cuerpo de Britton en una morgue, pero nada se hizo por investigar. En el expediente quedó incluso el testimonio de Álvaro Menéndez Franco (preso con Britton en Coiba) describiendo cómo fue brutalmente torturado Britton, pero nada. El informe del Estado dice ahora: “sobreseimiento definitivo”.

Podría seguir con otros casos de impunidad, por ejemplo, en el caso de Marlene Mendizábal (el informe dice que los procesados fueron absueltos) cuyo ocultamiento de evidencias con la autopsia fue manejado por el ladrón confeso de 1987. Este manejo de la autopsia fue denunciado en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero nada, en Panamá no pasa nada. Impunidad total. Marlene no fue la única mujer asesinada por la dictadura. Están también los casos de Dorita Moreno y Rita Wald. ¿Y quién las recuerda? Todos los años recordamos en marzo a las hermanas Mirabal de una dictadura de otro país y no está mal que invoquemos su memoria, pero las asesinadas de la dictadura de este país han sido olvidadas.

Para no alargar este escrito (que bien merece convertirse en un libro sobre 21 años de dictadura y más de 21 años de impunidad en supuesta democracia) voy a cerrar con un caso que fue muy visible para todo el que vivió los meses finales de la dictadura. Hablo de Manuel Alexis Guerra, el ciudadano que manejó el carro cuando Guillermo Ford recibió una golpiza en Santa Ana poco antes de llegar a las inmediaciones del café Coca Cola. Guerra fue asesinado y cuando llegó la supuesta democracia sus asesinos fueron identificados y procesados. Ahora vean lo que dice el Estado en su reciente informe de cumplimiento del arreglo “amistoso”. Dos de ellos fueron “indultados” en 1995. Sí... el gobierno de 1994 que trajo de regreso a los cómplices de la dictadura indultó a este y otros torturadores y asesinos impunes. Eso es lo que ahora se informa a la Comisión Interamericana para mostrar que se está cumpliendo con el arreglo de solución amistosa.