Autoridades universitarias elegidas, capacidad de respuesta y pruebas de acreditación médica

Eran tres grandes opciones distribuidas entre seis candidatos las que estuvieron en juego en las elecciones recién concluidas en la Universidad de Panamá (UP). Una candidata representaba el cambio destructivo, la cual, como el Mio Cid después de muerto, sirvió para que el principal candidato de la segunda opción -la del estatus quo- la utilizara para asustar a los asalariados de la UP temerosos de perder su confort actual. Rechazar ese cambio destructivo, no fue incorrecto, lo incongruente fue rechazar también, los cambios requeridos para la UP.

Ciertamente, la tercera opción, era más que esto, porque sigue siendo una necesidad apremiante: el cambio integral innovador, en función de fortalecer su carácter público y popular. Este tipo de cambios fue promovido por dos de los postulados y de manera más categórica por el candidato Chávez. Ignorada esta propuesta entre los docentes y administrativos, fue trasladada esta expectativa a parte importante del estudiantado, convirtiendo el “voto por el estatus quo” en el “voto seguro” contra la candidata del cambio destructivo.

Las amenazas de pulverizar el carácter popular y público de nuestra UP son mucho más profundas de lo que parecen haber entendido quienes prefirieron el estatus quo. Estas son parte de una política de restricción de la oferta de servicios para el pueblo. De manera que no basta la reducción del presupuesto para disminuir la calidad de los egresados de nuestra universidad, hay múltiples mecanismos, frente a los cuales se medirá de qué están hechas las autoridades elegidas.

Uno de estos mecanismos lo ejemplifica la entrada al mercado laboral del sistema público médico. En efecto, la baja tasa de contratación de médicos/as, mediada por un instrumento de evaluación útil solamente para una de las dimensiones (la individual y no la particular ni la general) de atención de los problemas de salud, es un asunto del cual nuestras autoridades no deberían desentenderse, como lo han hecho en la práctica con las pruebas para acceder al cumplimiento del internado.

La manera como se ha enfrentado este tema ha sido displicente, por ende, se agrava el problema a medida que pasan los años. Evidentemente, no es una cuestión de voluntad, que no creo que le falte al nuevo rector, el punto aquí no es individual, es de capacidad que otorga tanto el capital intelectual, como el social institucional al grupo saliente-entrante a la conducción de la institución. Todo esto, condicionado por un determinado caudal de capital económico que alcance a conseguir o posean de partida.

Por ejemplo, respecto del capital intelectual, quienes están al mando de la administración de la UP, no han demostrado contar con el pensamiento crítico necesario para solventar de raíz este problema. Preguntémonos, ¿Por qué si la UP tiene representación directa en el “Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina”, organismo gestor de dichas pruebas, no se ha hecho una evaluación de los ítems donde “erran” nuestros egresados VS lo que se aprende en nuestra Facultad de Medicina?

El asunto es que nadie, desde el seno de las autoridades universitarias implicadas-que seguirán siendo las mismas por cinco años más-cuestiona las ponderaciones dadas a los distintos ítems; ni cuestiona las respuestas consideradas como “correctas”, tanto desde el punto de vista clínico como epidemiológico, considerando que en la pandemia se demostró que los protocolos “oficiales” tuvieron más traspiés que aciertos (Ver: Pinnock, R., 2021. COVID-19 y el olvido de su dimensión social en: Rev. Lotería). Teniendo en cuenta que, en el último brote de dengue en Bocas del Toro, los protocolos epidemiológicos identificaron la causa eficiente de este, donde no lo era... pero a pesar de esto, se mantienen los mismos enfoques y protocolos epidemiológicos (Ver Pinnock, R., 7/enero/2026, Pensamiento Crítico y Soberanía Sanitaria en el Sistema Nacional Público de Salud, en: Congreso de Comisión de alto nivel/CAN). O sea, se evidencia un escaso capital intelectual de parte de las autoridades universitarias y su red social de apoyo que los inhibe de darle un tratamiento crítico a este tipo de problemas cruciales para una calidad permanentemente innovadora de su misión pública y popular.

En cuanto al capital social, el sectarismo que se asoma desde ya como característica de la gestión institucional, termina debilitando a una entidad que está siendo amenazada en su conjunto. Si no se permite la conjunción de las mejores capacidades disciplinares que esta posee para cumplir sus funciones sustantivas frente a los retos sociales, con independencia de a quién apoyó electoralmente, simplemente no habrá capacidad para enfrentar esas amenazas como un cuerpo institucional cohesionado, reflejando debilidad en el capital social institucional.

En definitiva, sabemos con certeza que uno de los candidatos se alzó como ganador de esta contienda universitaria. Lo que no parece haber es la certeza objetiva de que la Universidad haya salido ganando con la decisión tomada por los votantes. Ahora bien, los procesos, tanto naturales como sociales no son lineales como lo entienden los que aún manejan los enfoques y teorías cartesianas y kantianas y dirigen la administración universitaria. Por tanto, dada la crisis que se atraviesa, la presión por los cambios puede abrirse paso, aun a pesar de la voluntad de las autoridades elegidas.