Bandas que acosan al Estado

La Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada puso en marcha la Operación Pandora y junto con la Policía Nacional desmantelaron una red de funcionarios dedicada a la manipulación de créditos fiscales en perjuicio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Tesoro Nacional. Los delincuentes habían infiltrado los registros de la Dirección General de Ingresos (DGI) y ejecutaron acciones que afectan al Estado.

De acuerdo con los primeros informes del Ministerio Público, los agresores utilizaban un meticuloso procedimiento que logró una manipulación del Sistema Tributario; los registros de deudas millonarias de contribuyentes que ya habían cancelado sus obligaciones; crearon saldos falsos al hacer que los montos figuraran en el sistema como “pagos no aplicados” o créditos a favor y vendían falsamente créditos fiscales.

Lo que hace altamente delicado este caso es la capacidad de introducirse en una estructura institucional relacionada con las finanzas del país. Además, se logró generar un conjunto de articulaciones en la matriz informática de la entidad para crear un mercado fantasma que se dedicaba a maniobrar con sensibles componentes de las cuentas nacionales. Todo esto lo hizo un grupo de individuos que sabía perfectamente cómo ejecutar sus fechorías.

¿Es primera vez que esto sucede? Habría que recordar la banda que negociaba con citas de la Caja de Seguro Social; o aquellos que se dedicaban a presentar cheques de una institución para cobrarlos en el Banco Nacional con altas cantidades con relación a deudas que en realidad nunca habían existido. Estos son algunos casos de ejercicios de corrupción que se logran incrustar en la porosa piel del Estado y que alcanzan a extraer importantes sumas de dinero.

¿Cómo se puede desarrollar este tipo de acciones que ponen en peligro las bases morales y, sobre todo, económicas de determinadas agencias del Estado? ¿Establecen las entidades instrumentos que impidan estas fisuras por donde se insertan elementos que ponen en peligro la situación de las finanzas públicas? ¿Qué tan eficientes son los organismos encargados de sellar esas incursiones hacia sus procesos y operaciones internas?

En casi todos los casos existen prácticas cotidianas que permiten el flujo de mucha información sobre determinados procedimientos hacia algunas unidades. Estos elementos se asocian con otras personas que se aprovechan en conjunto de las filtraciones en los procesos y establecen un tipo de ‘servicio’, que es adquirido u ofrecido a particulares, empresas o elementos en el exterior que pueden beneficiarse y que van a organizar redes que buscan tales ganancias.

A veces, como ya ha sucedido en la administración pública, tan solo basta demorar ciertos procedimientos como la salida de cheques a los proveedores y estos se ven tentados a solicitar un ‘favorcito’, que se recompensan espléndidamente. Hay casos bien establecidos, en que el funcionario decisivo recibe el ‘alias’ de “10 %”. Y así circulan historias en las que los usuarios dicen: “anda donde fulano/a para que te saque el cheque; acuérdate de dejarle el 10 % en efectivo”.

Así, si se siguen las reglas acostumbradas, el documento en cuestión recibe el tratamiento de “elevación y encumbre”, como decía una antigua funcionaria de una entidad gubernamental, ducha es estos asuntos, quien criticaba tales acciones. Por lo general, siempre existe un clima alrededor de estos comportamientos, en que muchos conocen sobre cómo se desenvuelve la trama. Así sucedía con esos trámites para adelantar las citas en la Caja de Seguro Social.

Es necesario que se adopten o se estimulen programas de fortalecimiento de la ética entre los funcionarios públicos. Hay un concepto que requiere ser rescatado y que se refiere al alto nivel de responsabilidad que implica la noción de guardián de fondos que corresponden al Tesoro Nacional. Cada quien es un eslabón de la cadena; si todos ejercieran su función, el mecanismo resistiría, no importa cuán fuerte sea el tirón o la presión que se ejerza sobre él.

Es contraproducente cuando ocurre un hecho que pone en evidencia un mal desempeño o un conjunto de prácticas que ofenden la imagen del resto de los colaboradores que, con su trabajo responsable, llevan adelante sus tareas. Se requieren acciones contundentes contra quienes insistan en poner en duda la conducta institucional.