Buenos, malos y capaces: una falsa dicotomía en la política panameña

En el debate político panameño reciente se ha vuelto cada vez más común una narrativa simplista: la división entre los supuestos políticos buenos y los políticos malos. Los primeros son presentados como personas bien intencionadas, moralmente superiores, empáticas y cercanas al pueblo. Los segundos, como individuos egoístas, corruptos o insensibles. Esta lógica moralizante puede resultar emocionalmente atractiva, pero es profundamente problemática cuando se la utiliza como principal criterio para evaluar a quienes ejercen —o aspiran a ejercer— el poder público.

La pregunta clave es inevitable: ¿quién define qué es ser un “buen” político? ¿El ciudadano individual, con su propio marco de valores? ¿La opinión pública dominante en un momento determinado? ¿Los medios, las redes sociales o los propios actores políticos que se autoproclaman moralmente superiores? Lo que para una persona es “bueno”, para otra puede ser perjudicial, injusto o incluso peligroso. En política, la moral subjetiva no es un terreno sólido sobre el cual construir instituciones ni políticas públicas.

¿Ser buena persona es suficiente? Ser una buena persona es, sin duda, una virtud deseable. Nadie quiere gobernantes crueles, corruptos o cínicos. Pero la bondad personal no es un sustituto de la capacidad, la competencia ni los resultados. Gobernar no es un acto de buenas intenciones; es una tarea compleja que exige conocimiento, criterio, experiencia y, sobre todo, responsabilidad por las consecuencias de las decisiones tomadas.

La historia está llena de ejemplos de líderes bien intencionados que, por incapacidad o mala comprensión de la realidad económica y social, generaron políticas que empobrecieron a la población, destruyeron incentivos productivos y concentraron poder. Como advirtió Milton Friedman: “Una de las grandes equivocaciones es juzgar las políticas y los programas por sus intenciones y no por sus resultados.” Esta frase resume con claridad el núcleo del problema. En el sector privado, nadie aceptaría que un gerente incompetente continúe en su cargo únicamente porque es una buena persona. Sin embargo, en el ámbito político parece estar ganando terreno la idea de que la ética subjetiva basta, incluso cuando los resultados son mediocres o francamente negativos. Los resultados importan porque se traducen en realidades concretas: empleo, crecimiento económico, calidad de vida, servicios eficientes y oportunidades reales de progreso. Las políticas públicas deben evaluarse por su capacidad de permitir que los ciudadanos prosperen, no por el discurso emocional que las acompaña.

Friedrich Hayek lo expresó con contundencia al señalar que “El curioso cometido de la economía es demostrar a los hombres cuán poco saben realmente acerca de lo que imaginan que pueden diseñar.” Cuando el Estado, impulsado por una supuesta superioridad moral, intenta planificar, regular y redistribuir en exceso, suele generar efectos contrarios a los deseados: ineficiencia, escasez, clientelismo y pérdida de libertades.

Preocupa especialmente que muchos de los actores que se autodefinen como los “buenos” tiendan a promover discursos abiertamente colectivistas, antiempresa y hostiles al emprendimiento. Bajo la bandera de la justicia social o la moral pública, se justifican mayores controles, más burocracia, más gasto estatal y una creciente concentración de poder en el aparato gubernamental.

Ludwig von Mises advirtió que “El gobierno no es otra cosa que el poder de coerción.” Cuando ese poder se expande sin límites claros, incluso con las mejores intenciones declaradas, termina restringiendo la libertad individual, castigando la iniciativa privada y desincentivando la innovación. No hay prosperidad sostenible en sociedades donde crear, invertir y emprender se convierten en actos sospechosos.

El discurso antiempresa no daña a una abstracción llamada “el capital”; daña al pequeño empresario, al emprendedor, al trabajador que depende de un sector productivo dinámico. Atacar sistemáticamente al sector privado es, en la práctica, atacar la principal fuente de empleo, innovación y crecimiento económico. Reducir la política a una lucha entre buenos y malos es intelectualmente pobre y peligrosamente simplista. La verdadera discusión debería centrarse en ideas, incentivos, resultados y límites al poder. No se trata de elegir entre personas moralmente agradables o desagradables, sino entre marcos institucionales que funcionen y aquellos que fracasan repetidamente.

Panamá necesita una conversación más madura, enfocada en principios que han demostrado generar prosperidad en múltiples contextos: libertad individual y empresarial, igualdad ante la ley, reducción del tamaño y alcance del Estado, respeto a la propiedad privada, fomento del emprendimiento y la innovación. Estos no son dogmas ideológicos; son condiciones prácticas para el desarrollo. Como recordaba Hayek, “La libertad concedida solo cuando se sabe de antemano que sus efectos serán beneficiosos no es libertad.” Defender la libertad implica aceptar la incertidumbre, pero también confiar en la capacidad de las personas para tomar decisiones mejores que cualquier burócrata bien intencionado.

La política panameña no necesita más autoproclamados “buenos”. Necesita líderes capaces, responsables y conscientes de que el poder público debe estar limitado, evaluado por resultados y orientado a crear condiciones para que los ciudadanos prosperen por sí mismos. La moral personal importa, pero sin resultados, sin libertad y sin crecimiento, la bondad se convierte en una excusa peligrosa. Más que buenos contra malos, el verdadero eje debe ser libertad contra control, prosperidad contra estancamiento, responsabilidad contra discurso vacío. Ese es el debate que vale la pena dar.