Cambiar sin destruir, avanzar sin olvidar

Panamá ha vuelto a discutir seriamente su futuro constitucional. Celebro que así sea. Desde hace años he sostenido públicamente que nuestra Carta Magna requiere cambios importantes. El presidente de la República ha expresado su voluntad de impulsar una transformación constitucional y dejar encaminado ese proceso como parte de su legado. Juristas, organizaciones, sectores políticos y ciudadanos debaten no solamente qué debe cambiar, sino también cómo hacerlo.

Durante las últimas semanas he querido contribuir a esa discusión examinando algunas preguntas centrales: qué queda de la Constitución nacida en 1972; cuánto la transformaron las reformas posteriores; qué hemos aprendido de nuestra experiencia constitucional; qué significa la soberanía popular; y por qué el método importa tanto como las reformas.

Mi conclusión es sencilla: Panamá necesita reformas constitucionales importantes. Pero no necesita destruir su orden constitucional para realizarlas ni comenzar nuevamente desde cero.

La Constitución que hoy rige Panamá nació en 1972, durante un régimen autoritario. Ese hecho no debe ocultarse. Pero tampoco debemos borrar lo ocurrido después. Las reformas de 1978, 1983, 1993-1994 y 2004 transformaron profundamente aquel texto. Recuperaron principios democráticos y de separación de poderes, proscribieron el ejército, incorporaron el régimen constitucional del Canal y establecieron un mecanismo para adoptar una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente Paralela.

Nuestra historia constitucional no puede reducirse a una confrontación entre 1972 y 2026. Entre ambos momentos existe más de medio siglo de evolución institucional.

Reconocerla no significa sostener que nuestra Constitución sea suficiente. No lo es. Pero una sociedad madura no necesita negar todo lo construido para continuar avanzando.

Tampoco debemos ignorar cuánto ha pensado y discutido Panamá sobre las reformas que necesita. Durante décadas se han elaborado propuestas desde distintos sectores. Algunas surgieron de juristas y especialistas; otras de organizaciones, gremios, universidades e instituciones; muchas fueron enriquecidas mediante consultas públicas y construcción de consensos.

En 2011 se realizó uno de esos importantes ejercicios. Entre 2018 y 2019, desde la Concertación Nacional para el Desarrollo, retomamos parte del conocimiento acumulado y desarrollamos un nuevo proceso de participación y Sesenta constituyentes elegidos para esa tarea podrían escuchar al país, estudiar lo construido, recibir propuestas, deliberar públicamente y elaborar un nuevo texto.

No existe garantía de que el resultado sea bueno. Una Constituyente puede equivocarse, ser capturada por intereses o sucumbir al populismo. Por eso importan las reglas, la calidad de quienes sean elegidos y la vigilancia ciudadana. Y por eso el texto final debe ser sometido a referéndum. La Constituyente propone. El pueblo dispone.

Transformar tampoco significa reemplazarlo todo. Hay conquistas que debemos preservar: la proscripción del ejército, el régimen constitucional del Canal, la independencia de la institucionalidad electoral y los derechos y garantías conquistados durante nuestra evolución democrática.

Otros ámbitos requieren reformas profundas: la administración de justicia, los controles al poder, la representación política, la descentralización y las reglas contra el clientelismo y los conflictos de interés.

Una nueva Constitución debe permitirnos mejorar lo que no funciona sin destruir aquello que sí funciona. Y debe resistir otra tentación: querer decirlo todo. Una Constitución no es un programa de gobierno ni un manifiesto ideológico. Debe establecer derechos, instituciones, garantías, controles y límites al poder.

Una buena Constitución debe permitir gobernar también a quienes piensan distinto de quienes la redactaron. Ninguna Constitución resolverá por sí sola nuestros problemas. Podemos diseñar mejores instituciones y controles, pero ningún artículo producirá automáticamente mejores ciudadanos, funcionarios o gobernantes.

La corrupción, el clientelismo y la tolerancia frente al abuso del poder no desaparecerán porque aprobemos un nuevo texto. Por eso la reforma de nuestra Constitución política debe caminar junto con la transformación de nuestra Constitución social: valores, comportamientos, hábitos democráticos y cultura ciudadana. La fiebre no siempre está en la sábana. Panamá puede y debe cambiar muchas cosas. Pero no necesitamos escoger entre memoria y futuro, estabilidad y transformación, soberanía popular y Estado de Derecho.

El pueblo no deja de ser soberano porque existan reglas para ejercer su poder. Esas reglas impiden, precisamente, que alguien pueda apropiárselo en su nombre. Tenemos más de medio siglo de evolución constitucional y una importante acumulación de propuestas, consultas y consensos sobre los cuales construir. Aprovecharlos no significa condicionar a quienes redacten un nuevo texto. Significa aprender como país. Y, finalmente, será el pueblo quien decida.

Quizá ése sea el desafío constitucional que tenemos por delante: no comenzar nuevamente, sino continuar mejor; no refundar por olvidar, sino transformar después de haber aprendido.

Cambiar sin destruir. Avanzar sin olvidar.