Caso del padre Gallego: ¿oportunidad perdida para el presidente?

He sabido que, finalmente, el caso del padre Héctor Gallego, víctima de desaparición forzada durante la dictadura, va a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es una pena que el Estado panameño esté dejando pasar la oportunidad de hacerle justicia y vaya a terminar sumándose a la lista de otros gobiernos que han perpetuado la impunidad.

Cuando la administración del presidente José Raúl Mulino asumió funciones, el caso estaba adelantado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que, una y otra vez, solicitaba al Estado panameño cumplir con su deber. Pero fue inútil.

El Estado panameño, conducido por el gobierno PRD, que abandera el torrijismo bajo el cual se cometió el crimen, hizo lo de siempre: imponer trabas perpetuas para no resolver.

Llegó el gobierno del presidente Mulino y arrancó bien: el caso fue reabierto, hubo buen ambiente para resolver otros casos simultáneos con el cumplimiento de un arreglo amistoso del Estado con las víctimas de la dictadura.

Este arreglo fue alcanzado por la persistencia de los familiares de las víctimas por allá por 2019. Le correspondía al gobierno del PRD cumplirlo, pero fueron cinco años de desperdicio. No se cumplió un solo punto del arreglo.

Con la nueva administración (como siempre) se renuevan las esperanzas y así los familiares de las víctimas fueron atendidos, como era lo conducente. Sin embargo, desde inicios de este año 2025 las esperanzas se fueron disipando.

Hoy, a los familiares de las víctimas ni siquiera les contestan una llamada telefónica. Ya la Comisión Interamericana advirtió al gobierno sobre el atraso, pero nada. No sucede nada.

No sé si aún se esté a tiempo de cambiar la ruta, pero si este gobierno deja que el caso del padre Gallego llegue a la Corte Interamericana, seguramente vendrá otra bochornosa condena contra el Estado panameño por su incumplimiento en derechos humanos.

De no actuar con la diligencia debida, pasaría a la historia como una administración que pudo hacer justicia (¿recuerdan la consigna justicia, democracia y libertad?).

La Comisión Interamericana (que ante la Corte Interamericana actuará como lo hace un fiscal ante un juez en una causa), argumenta en su informe (algo así como la vista fiscal), que al padre Héctor Gallego se le violó (entre otros) el derecho a defender derechos humanos.

Su narrativa es que aquello logrado en Santa Fe constituye la materialización concreta de los derechos humanos (tanto los civiles y políticos como los económicos y sociales), en esta oprimida comunidad poblada desde los tiempos de la colonia.

Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos acoge esta argumentación, Panamá quedará condenada por la desaparición y asesinato de un mártir por la defensa de los derechos humanos. Y los culpables serán todos los gobiernos que rigieron desde 1968 a la fecha. ¿Incluyendo el actual? Esperamos que no sea tarde.