Coco Parque: cuando el poder se adelanta a la justicia

La decisión judicial que revocó la orden de demolición relacionada con el PH Belvedere, en Coco del Mar, merece algo más que aplausos, indignación o discusiones en redes sociales. El conflicto alrededor de Coco Parque plantea una pregunta que trasciende cualquier edificio: ¿puede una autoridad invocar el interés público para justificar actuaciones cuya legalidad termina cuestionada ante los tribunales?

Mi posición parte de dos convicciones que no considero incompatibles. Los espacios públicos deben permanecer al servicio de la ciudadanía, y las autoridades tienen la obligación de protegerlos. Pero esa misión no las libera de respetar el debido proceso, las competencias legales ni los derechos de quienes puedan resultar afectados.

Según la información publicada, el Juzgado Octavo de Circuito Civil concedió un amparo de garantías constitucionales promovido por copropietarios del PH Belvedere y revocó una orden municipal de demolición. La intervención material ya se había ejecutado. Esa secuencia convierte el caso en una lección sobre la diferencia entre tomar decisiones y asumir sus consecuencias.

Conviene aclarar algo fundamental: revocar una orden de demolición no significa, por sí mismo, reconocer propiedad privada sobre un terreno público, ordenar el cierre del parque ni declarar que todas las pretensiones de los copropietarios son correctas. Tampoco permite concluir automáticamente que existió una conducta dolosa de los funcionarios. Para sostener cualquiera de esas afirmaciones sería necesario examinar la sentencia completa y los demás expedientes.

Sin embargo, el fallo sí obliga a formular preguntas incómodas. ¿Se evaluaron suficientemente los riesgos jurídicos antes de ejecutar la medida? ¿Se agotaron los procedimientos exigibles? ¿Existió coordinación entre las dependencias municipales? ¿Se explicó a los ciudadanos que una intervención celebrada como definitiva podía continuar sometida al control judicial?

En Panamá hemos normalizado una forma de administrar que confunde velocidad con eficacia. Una cámara encendida, una estructura derribada y miles de reacciones favorables pueden construir la apariencia de una victoria inmediata. Pero gobernar no consiste en producir escenas memorables. Consiste en resolver problemas de manera sostenible, con decisiones capaces de resistir el escrutinio de los tribunales.

No cuestiono que la recuperación de áreas destinadas al uso colectivo pueda despertar entusiasmo. Es comprensible que los vecinos deseen parques abiertos, accesibles y seguros. Lo que cuestiono es la idea de que una causa popular deba recibir menos controles precisamente porque parece justa. El Estado de derecho existe para impedir que la legitimidad del objetivo sustituya la legalidad de los medios.

También debemos mirar hacia atrás. Si durante años existieron controversias sobre accesos, servidumbres, permisos o uso del suelo, ¿qué hicieron las instituciones encargadas de supervisarlos? ¿Por qué tantos conflictos urbanos parecen resolverse únicamente cuando estallan públicamente? La responsabilidad institucional no empieza el día de una demolición: comienza cuando se otorga un permiso, se registra una afectación o se tolera una situación que después resulta disputada.

Hay además un asunto económico que no puede ignorarse. Cuando una actuación administrativa es anulada o revocada después de ejecutarse, pueden surgir reclamaciones y costos adicionales. Eso no significa que exista automáticamente una indemnización, pero sí que las decisiones apresuradas pueden exponer al municipio a litigios prolongados. Y los recursos municipales no pertenecen a un alcalde ni a una administración: son recursos públicos destinados a necesidades colectivas.

Por eso me parece insuficiente reducir este debate a una competencia entre el alcalde Mayer Mizrachi, los residentes del edificio y quienes defienden Coco Parque. Personalizarlo puede generar titulares atractivos, pero impide discutir lo verdaderamente importante: la calidad de las decisiones públicas y la responsabilidad de quienes las adoptan.

La ciudadanía tampoco debería quedar atrapada en una falsa disyuntiva. Podemos exigir que el parque siga siendo accesible conforme a derecho y, simultáneamente, pedir transparencia sobre los fundamentos de la orden revocada. Podemos defender el patrimonio público sin convertir a los particulares en enemigos. Podemos reconocer una intención administrativa legítima sin conceder inmunidad política a sus ejecutores.

A la Alcaldía le corresponde explicar, con documentos y argumentos jurídicos, qué motivó su actuación y cómo interpreta los efectos del fallo. A los órganos judiciales les corresponde resolver los procesos pendientes con independencia. Y a nosotros, como ciudadanos, nos corresponde evitar que las simpatías personales determinen nuestra idea de justicia.

Este episodio debería impulsar una revisión más amplia de los mecanismos municipales de fiscalización, recuperación de espacios y gestión de conflictos urbanísticos. No basta con intervenir cuando una controversia alcanza notoriedad. Hace falta prevenir, documentar, notificar, escuchar y actuar oportunamente. Una administración seria debe ser tan competente para preparar un expediente como para ejecutar una decisión.

Mi conclusión es sencilla: Panamá necesita autoridades firmes, no autoridades inmunes al control. Necesita parques públicos, pero también procedimientos públicos confiables. El éxito de una gestión no puede medirse solamente por lo que derriba o inaugura, sino por la seguridad jurídica que deja detrás.

Coco Parque puede convertirse en un ejemplo de recuperación ciudadana. O puede recordarnos el costo de gobernar primero y justificar después. La diferencia dependerá de la transparencia institucional y del respeto efectivo a las decisiones judiciales. La verdadera fortaleza institucional se demuestra precisamente en esos momentos difíciles. Porque cuando el poder se adelanta a la justicia, quien termina pagando la incertidumbre es el país entero.