Cómo la sostenibilidad aporta a la competitividad, en un contexto de catálisis de riesgos y polarización. Qué esperar en el caso panameño

Panamá se encuentra en un dulce momento macroeconómico, con sólidas perspectivas de crecimiento respaldadas por destacados organismos internacionales. Resultan clave fortalezas como su participación en los flujos comerciales internacionales, su plataforma logística, centro financiero, y estabilidad política y social (comparada con el contexto regional).

Pero estas cifras no deben hacer bajar la guardia. El entorno global seguro tendrá incidencia en el país, un contexto internacional en que prima la incertidumbre. La desigualdad interconecta esos principales riesgos, como señala el World Economic Forum (WEF) en su más reciente estudio y Panamá presenta una crítica situación al respecto. Esto no sólo podría llevar a nuevos estallidos sociales, sino acelerar la materialización e incidencia de otros, como los riesgos climáticos.

Conectando con esta visión global, pudiera parecer que la acción sobre sostenibilidad ha dejado de ser prioritaria. La polarización política y progresión bélica sitúan a la confrontación geoeconómica como el principal riesgo para este año en el mundo y también a corto plazo. Arrastra además al resto de riesgos de perfil más económico y conecta con los tecnológicos, especialmente asociados al uso de la IA (por ejemplo, en la desinformación), y pareciera desplazar los temas ambientales y sociales. Sin embargo, la visión empresarial y de inversión pública debe ir más allá, con vista de largo plazo, en que los riesgos ambientales, especialmente asociados al cambio climático y perdida de los recursos naturales son los principales. Se hace por tanto necesario desde ya ir trabajando en mitigación y adaptación.

La incidencia de los riesgos climáticos será crítica en la infraestructura, disponibilidad de energía y comercio internacional. La destacada posición de Panamá como hub logístico y el peso que el sector tiene en su economía, hacen más crítica la situación. Las afectaciones ya vividas a la disponibilidad de agua en el canal y el reasentamiento de población insular en el Caribe/Atlántico, son sólo primeros ejemplos de lo que puede venir. El interés país en diversificar la economía hacia el turismo y sector agropecuario chocan también con ello.

Los esfuerzos globales de mitigación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) responsables del calentamiento global, tienen en el transporte, incluyendo el marítimo, un frente crítico de acción. Tras el fracaso para establecer acuerdos vinculantes que reduzcan dichas emisiones, en un contexto de crisis del multilateralismo, Panamá puede tomar la situación como diferencial competitivo, impulsando desde la inversión pública y privada la descarbonización de las operaciones logísticas. Esto irá especialmente de la mano del fortalecimiento de las capacidades de energía renovable y de la eficiencia energética. Las finanzas para la transición energética constituyen uno de los principales temas en la agenda de sostenibilidad y competitividad de este año y conectan con desafíos como el crecimiento de la demanda y el acceso a minerales críticos requeridos para las tecnologías.

La naturaleza resulta fundamental en la respuesta al cambio climático, desde la captura del carbono, la reducción de emisiones por la deforestación y degradación del suelo evitadas, la protección frente a eventos extremos y el aporte a la seguridad hídrica y alimentaria, entre otras contribuciones. Necesitamos avanzar en su entendimiento como capital natural, fuente de materias primas y servicios que contribuyen a la economía; en América Latina representa entre el 10-20% de los PIB nacionales, aunque más del 50% de las exportaciones. Esa conexión pone a la región en una situación de responsabilidad para abordar las oportunidades en el desarrollo de instrumentos de conservación compatibles con el desarrollo sostenible. La innovación en mecanismos financieros que contribuyen a ello se ha acelerado, tanto a nivel de las finanzas públicas, caso de los canjes de deuda por naturaleza (ej. Ecuador, El Salvador), como entre las entidades financieras y empresas, especialmente en sectores de actividad de alto impacto. Los inversores respaldan esta tendencia, por ejemplo con la compra de emisiones de deuda corporativa (bonos azules, de biodiversidad). Sin embargo, nos enfrentamos todavía al desafío de movilizar el capital privado junto al público en esquemas de blended finance para soluciones basadas en la naturaleza, ya que para la confianza del mercado se necesitan soluciones escalables y métricas.

La polarización en torno a la sostenibilidad, que ya adelantaba, está acelerando dos fenómenos contrapuestos: greenhushing y combate al greenwashing. En el primer caso, las compañías y sus ejecutivos están tomando posturas públicas más comedidas sobre sus compromisos de sostenibilidad, para no ser penalizados por aquellos con una postura más radical, caso de la administración federal en USA. Sin embargo, en América Latina es difícil hablar de retroceso, dado que estamos aun en los primeros pasos en cuanto a divulgación sobre la aplicación de criterios ASG en la gestión de riesgos, inversiones y en la operativa.

El avance de regulaciones de transparencia al respecto está siendo notable y contrarrestará esa tendencia, con el objetivo de que exista una mínima información disponible especialmente para el mercado financiero (calificadoras, inversionistas, fondeadores). Las NIIF de sostenibilidad desarrolladas por el International Sustainability Standards Board (ISSB) (de la IFRS Foundation), se consolidan como marco de referencia global, con 36 jurisdicciones que ya las han adoptado o están en proceso, incluyendo grandes economías como China, Japón, Reino Unido y Canadá; las grandes ausencias son USA, en una deriva política contraria en este momento, y la Unión Europea, que cuenta con su propio sistema de estándares (ESRS). Con foco especialmente en las emisoras y el sistema financiero, en América Latina ya ha arrancado su adopción en México y hay plazos establecidos en Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras y Bolivia. Panamá no es ajeno, con un primer pronunciamiento de la Superintendencia de Bancos en 2023 respaldando las normas (aunque sin requerimiento de uso). Se prevé que, con el impulso del gremio contable, pueda haber disposiciones pronto (de la SBP y SMV). Hay que pensarlo no como una carga burocrática sino como un valor para la competitividad, especialmente en el acceso a financiamiento e incluyendo en el exterior. El foco de la información está en cuáles son los principales riesgos y oportunidades financieras relacionadas con sostenibilidad para la empresa, como se da su gobernanza y gestión, trasladando confianza al mercado.

Asimismo, se ha referenciado el greenwashing, entendido como la práctica de presentar como ambientalmente responsable aquello que no lo es y/o exagerar atributos y compromisos. Existe un mayor escrutinio público, especialmente de los inversores y a los planes de transición climática, sobre que los objetivos de descarbonización sean creíbles y estén sustentados. Se está combatiendo la práctica, tanto en el sector financiero como en las empresas de productos de consumo, principalmente. Un avance lo constituye la integración de la obligación de verificación de la data ASG en las normativas de adopción de las NIIF de sostenibilidad y/o complementarias, caso de México y Chile, o en el esquema europeo de reporte. En el caso del capital y los productos financieros, las taxonomías facilitan un sistema de categorización común de que actividades y cómo pueden generar impacto ambiental positivo (taxonomías verdes), siendo la base para el desarrollo de productos financieros y el etiquetado de operaciones, con ventajas en el acceso a recursos. Panamá publicó su taxonomía en 2024, quedando todavía el desafío de no sólo extender su uso en el sector financiero y asegurador, sino también en la economía real, en cómo las empresas plantean su capex para facilitar esa conexión con el capital disponible.

Estas son algunas de las principales tendencias y contexto para la sostenibilidad, en su aporte a la competitividad empresarial. Nos queda cada vez más claro que la estabilidad económica y el desarrollo dependen de abordar de forma integrada los desafíos ambientales y sociales. En un complejo 2026, avanzar del marco teórico y normativo a la acción con impacto real será determinante para construir economías y empresas más resilientes.

*El autor es socio director de Expansión