Cómo le llamamos: ¿falta de habilidad o incapacidad administrativa?

Cuando se habla de educación surge de inmediato una pregunta clave: ¿Cómo debería intervenir el Estado para fortalecer la eficiencia y el bienestar en el sector educativo? La educación es, sin duda, uno de los principales determinantes del nivel de vida de la población. Por ello, las políticas gubernamentales en esta materia son esenciales, ya que inciden en el entorno económico y social y generan una enorme responsabilidad respecto a la inversión pública.

Un medio local informó que el Ministerio de Educación solo ejecutó 1.7 % de su presupuesto de inversión en el primer trimestre de 2025. Frente a esta alarmante realidad, renace la esperanza, aunque debilitada, de que se comprenda que los objetivos de toda política económica deben centrarse en crear estructuras que fortalezcan la educación. No hay duda de que una sociedad educada mejora significativamente su calidad de vida. Asimismo, resulta vital promover la humanización de la educación, contrarrestando así la creciente cosificación del ser humano.

Quienes tienen la responsabilidad de gestionar el sistema educativo deben comprender que la inversión determina, el ritmo del aprendizaje. Es imposible separar con claridad qué parte del aumento en competitividad y productividad proviene de la acumulación de capital físico, al igual que el desarrollo de estructuras y tecnologías; ambas dimensiones están profundamente entrelazadas.

Dirigir una gran institución requiere habilidades para organizar y gestionar colectivamente. El siglo XX nos dejó importantes enseñanzas sobre cómo administrar organizaciones complejas con múltiples proyectos, los cuales deben dividirse en tareas específicas para distintos equipos y luego integrarse, como piezas de un rompecabezas.

Cuando los responsables carecen de los conocimientos básicos en procesos administrativos caen en lo que podríamos denominar “falta de habilidad administrativa”. En términos simples, no poseen las competencias necesarias para gestionar eficazmente las tareas bajo su responsabilidad. Esta falta de habilidad representa un desafío serio para la alta dirección institucional, especialmente cuando se trata de un ministerio que es encargado de la educación nacional.

Es evidente que la ineficiencia en la ejecución presupuestaria puede atribuirse a una clara incapacidad administrativa. Esto se hace aún más preocupante cuando se trata de la imposibilidad de las autoridades, comenzando con los máximos responsables de ejecutar con eficacia sus funciones. Dichas funciones deberían estar orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales, brindar a los estudiantes panameños una educación de calidad, adaptada a las exigencias del mundo globalizado. Es indispensable gestionar de forma planificada los escasos recursos públicos y orientarlos hacia políticas realmente efectivas.

La inversión estatal en educación es un pilar fundamental del desarrollo humano, social y económico. Contribuye a mejorar la productividad, reducir de la pobreza y la desigualdad, fortalecer la salud pública, fomentar la innovación y el emprendimiento y, sobre todo, consolidar el capital humano. En definitiva, invertir en educación es apostar por el bienestar y prosperidad del país.

Conviene insistir en que los inadecuados manejos administrativos en el sector educativo evidencian una falta de habilidad por parte de las autoridades competentes. Una inversión adecuada puede mejorar la calidad de la fuerza laboral, aumentar la productividad, fomentar la competitividad, impulsar la innovación y fortalecer el emprendimiento.

Del mismo modo, una inversión bien dirigida mejora la equidad educativa, abriendo oportunidades, a los grupos históricamente marginados, como las poblaciones vulnerables y de bajos ingresos. Además, permite destinar recursos a la formación de docentes y a la infraestructura necesaria para garantizar una educación de calidad. En suma, la inversión en educación reduce la pobreza al cerrar la brecha de habilidades existentes.

Finalmente, la inversión en educación fomenta la estabilidad social. Los estudiantes adquieren conocimientos y competencias que les permiten convertirse en ciudadanos responsables, productivos y comprometidos con el país. Una sociedad bien educada está mejor preparada para contribuir de forma significativa al desarrollo nacional.

En un momento en que Panamá enfrenta una posible crisis institucional, la economía prácticamente paralizada, los gremios de docentes con más de dos meses de clases no atendidas, el gobierno en una encrucijada financiera no vista desde los gobiernos militares en la década de los ´80. Adicional, el 25 de febrero de este año el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en el Informe del Banco Mundial denominado: “Panamá del crecimiento a la prosperidad”, destacó la importancia en la calidad del trabajo y el capital humano que está afectando los avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad, lo cual deja en evidencia los desafíos en la productividad y la formación de jóvenes panameños, como también la necesidad en la inversión en educación y la calidad del empleo para impulsar el crecimiento económico a largo plazo. Cabe preguntarse: ¿Qué es lo que más daño le hace a la educación: la falta de habilidad o la incapacidad administrativa?