Contaminación, salud pública y cultura ambiental

El agua es símbolo de pureza, de reconciliación, fertilidad, destrucción o renovación, y representa tanto la vida como la muerte, que en la mitología griega, está vinculada a Caronte, el barquero del inframundo que mediante el pago de un obolo conduce a los muertos por el río Arqueronte hacia su morada final, el Hades.

En el ámbito internacional el derecho al agua es un derecho humano, que se enmarca en el derecho a un nivel de vida adecuado (PDCE), a tener una vida digna, en la que los Estados deben garantizar su acceso, y hoy en día, aparece consagrado expresamente en textos constitucionales, aunque no en el nuestro.

Por lo que respecta, a nuestro país, la carencia de agua potable es un problema crítico, a lo que se suma ahora la contaminación del río La Villa, que no es nada nuevo, ya que en el año 2014, el Ministerio de Salud informó luego de varios estudios, incluyendo un Informe del Instituto de Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá que determinó que había Atrazina, que es un herbicida o mata maleza.

Por otro lado, la contaminación a los afluentes del río La Villa, ha tenido consecuencias de orden legal a nivel administrativo para los responsables, impuestas por Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), aunque queda por evaluar, las posibles responsabilidades penales que puedan surgir, como Delito contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, en su consideración de Delitos contra los recursos naturales (art.399).

En otro orden de ideas, los actos de envenenar, contaminar, alterar o corromper diversas sustancias, inclusive el agua potable destinada al uso público, que ponga en peligro la salud de las personas (art.304), constituye un delito contra la salud pública. En el caso del agua potable esta puede ser contaminada o alterada mediante agentes físicos o químicos. Se entiende por agua potable, aquella que es potable por sí misma, es decir, apta para el consumo humano, si no también, la que lo es, por medio de un procedimiento técnico, siendo indiferente si son aguas minerales, si se encuentran en aguas corrientes o estancadas, aguas subterráneas, ríos o manantiales, charcos, pozos o cisternas (Manzinnni).

Con el castigo de la contaminación o alteración del agua potable, el legislador persigue proteger la salud pública o la salud de un número indeterminado de personas, por el riesgo que implica la contaminación o alteración del agua potable, pues estamos ante un hecho que se realiza de un modo peligroso para la salud de las personas, ya sea de manera intencional o culposo, y el legislador, en estos casos solo exige para su castigo, la puesta en peligro o riesgo al bienestar físico de las personas que pueden consumir el agua alterada o contaminada, sin que sea necesario que se ocasione un daño en la salud.

Por otro lado, lo ocurrido en la región de Azuero, es un llamado de atención a todos, no solo al Estado, sino también a las empresas y a los ciudadanos, pues todos tenemos una responsabilidad ambiental, de cuidar y respetar el medio ambiente en que vivimos. Por tanto, debemos evitar el deterioro del agua, a través de actividades agrícolas, industriales y ganaderas, de basuras y vertidos de aguas fecales, derrames de combustibles, u otros, que ocasionan enfermedades, como cólera, hepatitis, difteria, entre otros.

Así tenemos, que Panamá dentro de los objetivos de la Agenda de Desarrollo sostenible 2030 (ODS6), tiene como uno de sus desafíos el “Asegurar que el 100% de la población panameña disponga de los servicios de agua potable de manera continua, incluyendo el acceso a servicios de saneamiento, pues se trata de un derecho humano fundamental”.

En suma, es necesario enfatizar en la educación ambiental “a efectos de generar cambios en los ciudadanos”, y esto le compete tanto al Ministerio de Educación como al MiAmbiente (M.A., 2022, p.65). De nada nos sirve exigir reparación, castigar a los responsables o estar pensando en modificar las leyes vigentes; luego que el daño grave se ha provocado, como ha sucedido en esta ocasión, por lo que ya es tiempo de promover e incentivar una cultura ambiental en el territorio nacional.