Crisis del agua, un problema de gestión

La situación del agua a nivel nacional se está convirtiendo, en varias provincias y comunidades del país, en uno de los problemas más urgentes que enfrenta la población.

Tales de Mileto, filósofo que vivió entre los siglos VII y VI antes de Cristo, planteó que el agua es el origen de todas las cosas. Más de dos mil años después, su afirmación no solo sigue vigente, sino que adquiere un carácter profundamente político y social.

Porque cuando el agua falla, no solo falla un servicio, falla el Estado.

En Panamá, el acceso al agua potable debería ser una garantía. Sin embargo, para muchos ciudadanos, abrir el grifo se ha convertido en un acto de incertidumbre. Hay comunidades donde el agua no llega todos los días, otras donde llega sin presión, y algunas donde simplemente no llega.

La crisis proviene no solo de una falla de tuberías, plantas o infraestructura. Es el reflejo de años de desinversión, de decisiones postergadas y, sobre todo, de una institucionalidad que no ha estado a la altura del desafío.

En la última encuesta “Vea Panamá”, realizada por Prodigious Consulting y publicada por La Estrella de Panamá, se formuló una pregunta sobre este tema, ¿Cómo considera usted que se puede solucionar el problema del agua y el IDAAN? La respuesta mayoritaria, 53.3% de los entrevistados, es decir 1 de cada 2 fue contundente, reestructurar el IDAAN con mejor gestión y control.

Este resultado revela algo mucho más profundo sobre el momento político y social que vive el país. La gente reconoce que el sistema tiene fallas graves, pero no está pidiendo desmontarlo. No hay un clamor por romper con lo público; hay una exigencia clara de que funcione. Es, en esencia, un voto de desconfianza hacia la Institución por la experiencia vivida.

Aquí hay una distinción que no puede ignorarse, el problema no es que el agua sea pública, es que ha sido mal administrada, y en esa diferencia se juega una parte del debate nacional.

Al mismo tiempo, los datos reflejan un rechazo implícito a la privatización. Apenas un porcentaje minoritario, 6.8% de los encuestados, se inclina por esquemas de mercado, lo que evidencia temores reales, como el encarecimiento del servicio, la exclusión de sectores vulnerables y la pérdida de control sobre un recurso esencial.

El agua, para la mayoría, no es una mercancía; es un derecho y así lo interpretan gran parte de los entrevistados.

Ahora bien, el debate no puede limitarse a si el modelo debe ser público o privado. La ciudadanía es clara, no se trata de vender el sistema, sino de hacerlo funcionar.

No hay desarrollo posible ni calidad de vida sostenible cuando el agua se vuelve incierta. Hoy la mayoría aún cree que lo público puede marchar; con voluntad, este es el momento de actuar en consecuencia.

Pero si el servicio no mejora, esa confianza no se mantendrá, simplemente se quebrará. Y cuando eso ocurra, la pregunta ya no será cómo salvar el sistema, sino por qué dejó de funcionar y quién asumirá el costo de no haber actuado a tiempo.