Crítica a la Política Educativa en Panamá

La educación panameña atraviesa una profunda crisis marcada por el abandono estatal, el bajo presupuesto, la desigualdad social y la falta de una formación verdaderamente crítica y humanista. A ello se suma la persecución y estigmatización sistemática del movimiento magisterial. Un ejemplo de ello fue la injusta separación de 298 educadores que, en 2025, participaron en las jornadas de lucha contra las reformas a la Seguridad Social. Con estas acciones, las autoridades del Ministerio de Educación intentan sentar un precedente de intimidación contra quienes defienden los derechos sociales y laborales del pueblo panameño.

Es importante recordar que la educación pública que hoy existe en Panamá no fue una concesión gratuita del poder político; es el resultado de décadas de lucha del movimiento magisterial y popular. Sin embargo, en los últimos años se ha impulsado una visión orientada a la privatización de la educación, debilitando deliberadamente el sistema público y desacreditando la labor docente.

Desde la administración del ministro Thalassinos hasta las distintas gestiones encabezadas por Lucy Molinar, se ha promovido un discurso que busca deshonrar y deslegitimar a los docentes. A través de medios de comunicación masivos, se han difundido calificativos ofensivos y campañas de desprestigio que afectan no solo la imagen del educador, sino también la percepción que padres, madres, jóvenes y niños tienen sobre la autoridad pedagógica en los centros educativos. Estas narrativas terminan debilitando el respeto hacia la profesión docente y erosionando la convivencia escolar.

El pedagogo Anton Makarenko señalaba que “el ciudadano puede ser formado solo mediante un conjunto de influencias constructivas: la educación política, la instrucción general, el libro, el periódico, el trabajo, la actuación social e incluso actividades como el juego, el esparcimiento y el descanso”. Su reflexión cobra vigencia en la actualidad, cuando muchos educadores enfrentan situaciones de indisciplina, irrespeto y desinterés por el aprendizaje dentro de las aulas.

Hoy se pretende responsabilizar únicamente a la escuela por la crisis de valores que vive la sociedad, ignorando que miles de hogares panameños sobreviven en condiciones de precariedad, desempleo e inseguridad social. El problema educativo no puede separarse de la realidad económica y social del país. Panamá posee uno de los mayores crecimientos del Producto Interno Bruto en América Latina, pero esa riqueza contrasta con profundas desigualdades: altas tasas de desempleo, informalidad y exclusión social.

La situación es aún más grave para las mujeres y los jóvenes. Miles de mujeres sobreviven en la economía informal, sin horarios dignos, estabilidad laboral, vacaciones, décimo tercer mes ni acceso efectivo a la seguridad social. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) denomina a esta condición “trabajo no decente”. Además, gran parte de los hogares panameños están encabezados por mujeres que, ante la ausencia de políticas públicas y espacios seguros para el cuidado de sus hijos, enfrentan enormes dificultades para acompañar el proceso educativo de niños y adolescentes.

El educador panameño José Daniel Crespo, en su obra Fundamentos de la Nueva Educación, advertía que un gobierno verdaderamente democrático no puede permitir que la pobreza y la ignorancia priven a los ciudadanos de las oportunidades que brinda la educación. De lo contrario, se condena a amplios sectores de la población a vivir en condiciones de inferioridad y vulnerabilidad, convirtiéndose en víctimas de un sistema diseñado no para el desarrollo humano, sino para perpetuar la explotación y la desigualdad.

Por ello, la defensa de la educación pública no es únicamente una lucha gremial; es una lucha por la justicia social, la democracia y el futuro del país. Sin una educación crítica, inclusiva y liberadora, Panamá seguirá formando generaciones condenadas a reproducir las mismas desigualdades que hoy afectan a nuestra sociedad.