Cuando educar no basta para generar movilidad social

Panamá ha crecido económicamente en los últimos años, pero ese crecimiento no se refleja necesariamente en bienestar laboral ni en movilidad social para todos. Esta desconexión no es solo una percepción ciudadana: es un fenómeno observable en los datos oficiales. El problema de fondo no es si se invierte más o menos en educación, sino si logra convertir la educación en capacidades reales para la población.

Los indicadores recientes del INEC muestran variaciones positivas del PIB y del Índice de Actividad Económica. Sin embargo, ese dinamismo coexiste con un mercado laboral frágil: desempleo persistente, un volumen elevado de personas inactivas económicamente y una estructura ocupacional concentrada en actividades de baja productividad. El crecimiento existe, pero su capacidad de generar empleos estables y bien remunerados es limitada. Los datos no permiten afirmar que el crecimiento cause precariedad, pero sí muestran que no la corrige automáticamente.

La percepción ciudadana refuerza esta lectura. La Encuesta del CIEPS 2025 sitúa al empleo, los salarios y la corrupción entre los principales problemas del país (61 %), incluso en un contexto de expansión económica. No hay contradicción estadística: cuando el crecimiento no se traduce en ingresos suficientes ni en estabilidad laboral, la ciudadanía no lo experimenta como progreso. La percepción no reemplaza a los datos, pero coincide con ellos en señalar un progreso que no se siente.

Comprender este desajuste exige ir más allá del logro educativo y entender la movilidad social como la posibilidad real de vivir mejor gracias al estudio y al trabajo. Durante décadas, la educación ha sido concebida como un “ascensor social”. Pero cuando el mercado laboral y las instituciones no acompañan, ese ascensor se detiene.

El último censo permite observar dónde se rompe el vínculo entre educación y bienestar. Entre las personas mayores de 24 años con algún nivel educativo (54.2 %), existe una mejora promedio en la inserción laboral y salarial respecto de quienes no tienen título educativo (45.8 %). Sin embargo, esa mejora es profundamente heterogénea. No todas las personas con educación acceden a ocupaciones profesionales o técnicas de calidad (36 %). Una proporción relevante se concentra en empleos de servicios, comercio u otras actividades de baja productividad (53 %), con salarios que permanecen en rangos bajos y muy bajo (54 %) o medio-bajos (32 %). La educación, por sí sola, no garantiza movilidad.

Esta heterogeneidad se vuelve aún más clara cuando se analizan los cruces entre nivel educativo, edad y salario. Los retornos salariales aumentan con el nivel educativo, pero lo hacen de forma diferenciada y, en muchos casos, tardía. Incluso entre personas con licenciatura o posgrado, una fracción mayoritaría se concentra en tramos salariales medios y medio-bajos (cerca de 70 % y 81 %). Esto no invalida el valor de la educación, pero sí evidencia sus límites cuando el mercado laboral y las instituciones no absorben ni valorizan adecuadamente esas credenciales.

El núcleo más crítico aparece al observar a las personas sin título educativo, que representan cerca de la mitad de la población adulta. No se trata de personas que nunca tuvieron contacto con el sistema educativo: la mayoría asistió alguna vez, pero salió tempranamente del sistema y no logró reintegrase posteriormente. Este grupo se inserta mayoritariamente en ocupaciones no calificadas, agricultura de subsistencia, servicios informales y actividades manuales de baja productividad (más del 90 %).

Los cruces entre edad y ocupación muestran trayectorias bloqueadas. A medida que aumenta la edad, no se observa una transición hacia mejores ocupaciones, sino una permanencia en empleos de baja calificación. En términos salariales, más del 90 % de este grupo se concentra en ingresos muy bajos o bajos, independientemente de la edad. La experiencia laboral no compensa la falta de credenciales educativas ni la ausencia de mecanismos efectivos para fortalecer habilidades.

A esto se suma una débil protección social. El acceso al seguro social es limitado y una parte significativa de estos hogares depende de transferencias monetarias como 120 a los 65, la Red de Oportunidades o Ángel Guardián. Estas políticas cumplen una función de contención básica, pero no alteran las trayectorias estructurales de inserción laboral. No operan como mecanismos de transición hacia capacidades productivas, sino como instrumentos de alivio frente a restricciones inmediatas de ingreso.

La literatura internacional respalda lo observado empíricamente. la expansión educativa no garantiza movilidad social cuando faltan arreglos institucionales que transformen el logro educativo en capacidades efectivas. Los retornos de la educación son heterogéneos y dependen del contexto productivo, la calidad del empleo y el papel del Estado, más que del aumento aislado de la escolaridad. En América Latina, esta disociación es clara: la escolaridad crece, pero persisten la informalidad, la sobrecualificación y la segmentación ocupacional.

Los datos de Panamá se insertan plenamente en este patrón. Aunque persisten brechas educativas importantes, el problema central no es solo de acceso, sino de conversión institucional. El sistema educativo genera personas con certificaciones que el mercado laboral y las políticas públicas no traducen de manera consistente en mejores empleos, mejores ingresos o protección social efectiva. La pregunta central, por tanto, no es cuánto se invierte en educación, sino si el Estado logra convertirla en capacidades reales. Mientras eso no ocurra, la educación seguirá sin abrir oportunidades reales, y el crecimiento económico continuará sin sentirse en la vida cotidiana de la mayoría.