Cuando el grito de unos pocos impone silencio a muchos

Conviene poner orden en medio del ruido, porque últimamente hay mucho de lo segundo y poco de lo primero. Lo que ocurre alrededor de PedidosYa no es un conflicto laboral encubierto, ni una “lucha de derechos”, y mucho menos una gesta histórica por la dignidad del proletariado digital.

Es, una relación comercial entre una empresa y personas que, voluntariamente prestan un servicio comercial en el tiempo que dispongan y cuando lo dispongan.

Nadie está obligado a participar. Quien se registra en la plataforma lo hace por decisión propia y puede retirarse cuando lo estime conveniente, sin trámite y sin permiso de nadie.

Pretender convertir esa realidad en otra cosa no es una interpretación creativa: es, llanamente, desinformación malintencionada generada por un grupo de personas que no son agentes registrados y lo que quieren es lucrar a costa de los demás, vendiendo falsas e imposibles promesas ya que los ajustes en el esquema de pagos responden a una lógica empresarial elemental —eficiencia en tiempos de entrega y variables de desempeño— que, bien aprovechada, permite mayores ingresos a quienes optimizan su operación, no es un invento, está probado en otras jurisdicciones que permite mayores ingresos a quienes optimizan la operación. Se puede estar de acuerdo o no; lo que no se puede, es intimidar y coaccionar a quienes si quieren prestar el servicio para que no lo hagan.

Quienes encabezan la agitación, llaman a “paros” y amenazan a sus supuestos colegas no son repartidores registrados en la plataforma. Es decir, se han infiltrado en supuesta representación de un gremio, que no existe y al que no pertenecen, hablan en nombre de personas que jamás los eligieron, y exigen sentarse a negociar condiciones sin legitimidad alguna en una actividad que ni siquiera realizan.

Este mismo grupo de terceros “apócrifo” ha optado por la coacción para impedir que otros presten el servicio y generen su sustento. Eso no es protesta: es intimidación. Y tiene nombre propio en nuestro ordenamiento jurídico. El Código Penal de Panamá sanciona la coacción y la amenaza; impedir el ejercicio de una actividad lícita mediante presión, hostigamiento o violencia no es un derecho ciudadano, es una infracción penal.

Nuestra Constitución garantiza la libertad de movimiento y la libertad de comercio y no son adornos para discursos patrios: obligan al Estado a proteger a quien decide desarrollar una actividad lícita y a impedir que terceros se lo prohíban por la fuerza, el insulto o la amenaza velada por WhatsApp o cualquier medio o redes sociales.

La pregunta, entonces, es simple y quizá incómoda: ¿vamos a permitir que un grupo —pequeño, autoproclamado y notablemente ruidoso— decida quién puede y quién no puede ganarse la vida honradamente en Panamá?

Se puede disentir. Se puede criticar tarifas. Se puede no participar y dedicarse a otra actividad. Lo que no es aceptable, en ninguna sociedad que se tome en serio a sí misma, es imponer esa decisión a los demás mediante el miedo. Defender la libertad económica no es un eslogan para camisetas: es garantizar que ningún ciudadano sea intimidado por el simple hecho de querer procurarse el sustento de forma lícita.

El ruido, por más organizado que venga, no puede estar por encima del derecho.