Cuando el investigado se vuelve útil, la justicia entra en la ingeniería del poder

Nos enseñaron que la justicia observa los hechos, identifica responsabilidades y aplica la ley. La imagen es hermosa: una mujer con los ojos vendados para no distinguir riqueza, rango, procedencia ni conveniencia. Sin embargo, basta seguir algunos grandes casos internacionales para descubrir que, bajo aquella venda, también pueden moverse intereses estratégicos.

El sistema internacional no siempre castiga o protege únicamente según la gravedad de las conductas. A veces interviene también otra medida, menos confesada y bastante más incómoda: la utilidad que un actor adquiere en un momento determinado.

Una observación reciente en Mundo Beto permite mirar de frente, como ejemplo, dos trayectorias distintas: las de Alex Saab y Alejandro Betancourt. Sus situaciones jurídicas no son equivalentes y precisamente por eso la comparación resulta reveladora. Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020, extraditado a Estados Unidos en 2021 y liberado en diciembre de 2023 tras recibir clemencia presidencial.

En un nuevo proceso federal volvió ante la justicia estadounidense y, el 15 de septiembre de 2026, se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, aceptó el decomiso de 195 millones de dólares y acordó cooperar con investigaciones en curso.

Betancourt ocupa una posición distinta. Ha sido objeto de investigaciones en Estados Unidos, España y Suiza, sin que hasta ahora haya sido formalmente acusado. Al mismo tiempo, ha pasado a desempeñar un papel central como intermediario y empresario dentro del nuevo tablero petrolero venezolano y de los intereses energéticos estadounidenses. Investigaciones periodísticas recientes han documentado además cambios, pausas y tensiones alrededor de algunos de esos procesos.

Nada de esto demuestra, por sí mismo, un intercambio ilícito entre justicia y utilidad. Afirmarlo sería sustituir el análisis por la acusación. Pero la coincidencia obliga a formular una pregunta que no deberíamos eludir.

¿Qué ocurre cuando alguien investigado se vuelve necesario? En un caso, la utilidad puede residir en aquello que una persona sabe y está dispuesta a revelar. En otro, en los recursos, contactos, accesos o capacidades de intermediación que puede ofrecer. La maquinaria del poder no necesita absolver moralmente al actor. Le basta con modificar el uso que hace de él. Y allí comienza el verdadero problema.

¿La justicia persigue únicamente conductas o también administra actores? ¿Busca esclarecer responsabilidades o puede convertir la presión judicial en información, cooperación, acceso, obediencia o capacidad de negociación? En el ecosistema de la corrupción. Poder confiado, vínculo traicionado y transreconfiguración de lo común, libro ya en su etapa final para publicación y en el cual dialogan también varios destacados panameños conocedores del fenómeno, hemos intentado alejarnos de la explicación cómoda según la cual la corrupción se reduce al funcionario que recibe dinero debajo de una mesa. Esa escena existe, por supuesto. Pero es apenas una célula dentro de un organismo mucho mayor.

La corrupción contemporánea necesita abogados capaces de encontrar el resquicio, estructuras financieras que no pregunten demasiado, sociedades que oculten al verdadero beneficiario, intermediarios que conecten mundos aparentemente separados, operadores políticos, sistemas de contratación debilitados y aparatos comunicacionales capaces de lavar reputaciones. Necesita también una ciudadanía exhausta, persuadida de que nada puede cambiar, y poblaciones tan ocupadas en sobrevivir que apenas conservan fuerzas para vigilar aquello que les pertenece. Por eso hablamos de ecosistema.

Ninguna especie corrupta sobrevive sola. Necesita un hábitat que la alimente, la proteja y, cuando resulta conveniente, la recicle. La dimensión internacional incorpora un mecanismo todavía más perturbador: el investigado puede convertirse en colaborador; el perseguido, en mediador; el antiguo sospechoso, en interlocutor estratégico. No necesariamente porque los hechos hayan desaparecido, sino porque ha cambiado la necesidad del poder.

La justicia corre entonces el riesgo de dejar de ser solamente un principio para convertirse también en una tecnología de negociación.Esto forma parte de lo que en el libro denomino Ingeniería del Poder. No hablo de una conspiración omnisciente en la que todos conocen el plano y obedecen a un arquitecto invisible. Las formas contemporáneas del poder son mucho más complejas. Hablo de una arquitectura de intereses, incentivos, accesos y dependencias mediante la cual gobiernos, empresas, fiscalías, bancos, agencias, operadores privados y estructuras de influencia pueden distribuir presión y protección.

Ningún engranaje necesita conocer la máquina completa. Uno detiene. Otro retrasa. Alguien filtra. Otro negocia. Una decisión prescribe. Otra extradita. Una tercera concede una excepción. Y, en algún punto del recorrido, aquello que parecía una trayectoria puramente judicial comienza a rozar la geopolítica, los negocios, la energía o la seguridad.Los autores invitados a dialogar en El ecosistema de la corrupción abordan el fenómeno desde experiencias y perspectivas diferentes. Esa pluralidad resulta indispensable porque la corrupción no posee una sola puerta de entrada. Puede aparecer en la contratación pública, en la administración de justicia, en la política, en las estructuras económicas, en las instituciones o en esa zona todavía más profunda de la cultura donde la transgresión termina siendo admirada como astucia y la impunidad aceptada como destino.Cada mirada ilumina un corredor distinto de la misma arquitectura.

Pero hay algo que nunca deberíamos olvidar: la corrupción no puede medirse únicamente por el dinero sustraído. Esa contabilidad resulta insuficiente y, a veces, obscena. Detrás de cada cifra existen consecuencias humanas. Cuando se corrompe un programa de alimentación, lo robado no son solamente millones: son calorías que no llegaron al cuerpo de un niño. Cuando se desvía dinero destinado a salud, desaparecen medicamentos, diagnósticos, tratamientos y días de vida. Cuando una obra pública se adjudica por conveniencia, alguien cruza un puente inseguro, estudia bajo un techo que puede desplomarse o espera un agua potable que nunca alcanza su comunidad. Cuando los recursos naturales entran en negociaciones opacas, los beneficios pueden concentrarse en pocas manos mientras la contaminación, el desplazamiento y la pérdida del territorio se reparten entre quienes menos capacidad poseen para defenderse. Los más vulnerables pagan dos veces.

Primero, porque pierden los bienes y servicios que debían protegerlos. Después, porque tampoco tienen acceso a los espacios donde se negocian las excepciones.El poderoso puede contratar abogados y expertos, trasladar capitales, cambiar de jurisdicción, ofrecer información, abrir puertas o convertirse en interlocutor necesario.El pobre solo puede ofrecer su necesidad.Y la necesidad casi nunca tiene asiento en las mesas donde se redistribuye la impunidad.No se trata de afirmar que toda cooperación judicial sea ilegítima. Sería absurdo. En ocasiones, negociar con una persona implicada permite desmontar estructuras criminales mayores, recuperar activos o conocer delitos que de otra manera permanecerían ocultos. Tampoco una investigación que cambia de rumbo demuestra, por sí sola, la existencia de una conspiración.

El rigor obliga a distinguir hechos, indicios, sospechas e inferencias. Pero la prudencia no debe convertirse en ceguera. La ley no opera dentro de un vacío moral ni geopolítico. Actúa en medio de relaciones de fuerza. Y por eso la pregunta decisiva no es solamente quién cometió un delito. También debemos preguntarnos quién continúa siendo útil, quién dejó de serlo y quién posee algo que el poder considera intercambiable: información, acceso, dinero, petróleo, influencia o silencio. Tal vez la corrupción alcance una de sus formas más sofisticadas cuando ya no necesita esconder al responsable. Le basta con volverlo necesario. Y mientras arriba se negocian accesos, información, recursos y nuevas funciones, abajo, muy lejos de las oficinas donde se reorganiza la utilidad, alguien abre una despensa vacía, espera una medicina que no llega o mira correr por el río el agua que antes podía beber. Allí, y no en las mesas donde se calcula cuánto vale cada actor para el poder, debe volver a sentarse la justicia.