Cuando la evidencia habla

En medio de un debate público dominado durante meses por consignas, miedos y afirmaciones sin sustento, el cuarto informe de la auditoría integral del proyecto Mina Cobre Panamá introduce algo que ha sido escaso en la discusión nacional: evidencia técnica.

El documento, elaborado por la firma internacional SGS y publicado recientemente por el Ministerio de Ambiente, ya acumula un avance de 66.37% en la revisión del proyecto. Se trata de una evaluación amplia que examina aspectos ambientales, legales, laborales, tributarios y operativos de la mina ubicada en Donoso, provincia de Colón.

El dato más relevante no es el porcentaje de avance, sino lo que refleja el propio contenido del informe. En más de 340 páginas de análisis técnico, no se identifican incumplimientos ni hallazgos que confirmen las acusaciones más graves que durante años han circulado en el debate público.

Esto no significa que la auditoría haya concluido. Significa, más bien, que el proceso se está realizando con el rigor que corresponde: revisión documental, análisis de campo, verificación técnica y contraste de información. Es exactamente el tipo de evaluación seria que el país debió exigir desde el principio.

Curiosamente, el propio informe también advierte sobre un riesgo que pocas veces se menciona en el debate: el almacenamiento prolongado del material ya extraído antes del cierre de operaciones. Mantener ese material sin procesar por largos periodos puede generar riesgos operativos y ambientales que requieren medidas de manejo adecuadas.

Bajo esa lógica técnica se entiende mejor la decisión anunciada por el Gobierno el pasado 2 de enero de autorizar el procesamiento de ese material. No se trata de una concesión política ni de una reapertura encubierta, sino de una medida de gestión responsable para reducir riesgos en el sitio.

Aún falta que el Ministerio de Comercio e Industrias emita la resolución correspondiente para iniciar esa actividad. Cuando ocurra, también tendrá un efecto inmediato en el empleo: al menos 700 puestos de trabajo adicionales, de los cuales ya se han contratado cerca de 600.

Las cifras laborales reflejan otra dimensión que tampoco debería ignorarse. La planilla reportada a las autoridades de salud pasó de 1,581 trabajadores en diciembre de 2024 a más de 1,620 a inicios de 2025. Para marzo de 2026, la empresa reporta alrededor de 2,000 colaboradores, aun cuando la operación sigue detenida.

En un país donde el desempleo ya supera el 10%, esta realidad debería formar parte de la conversación nacional. Más aún en un contexto internacional donde el cobre alcanza niveles de precio históricamente altos y se ha convertido en un mineral estratégico para la transición energética global.

Panamá tiene frente a sí una decisión que no puede seguir tomándose sobre la base de consignas. La auditoría en curso representa justamente lo que el país necesita: datos, análisis y verificación independiente.

Cuando el debate se contamina de ruido, lo responsable es volver a la evidencia. Y, hasta ahora, la evidencia empieza a hablar con bastante claridad.