Cuando los albergues lloran

En Panamá, el tema de los albergues de menores es una herida abierta que continúa supurando silencio. De manera recurrente, el país despierta ante nuevos escándalos, trenzados con los mismos retazos de viejas denuncias que creíamos resueltas. Se anuncian investigaciones, se prometen reformas, se conforman comisiones, se practican diligencias: se viraliza el virus del protagonismo. El espectáculo vuelve a montarse bajo los reflectores de siempre y la historia repite su acto más predecible: no pasa nada. Cambian los protagonistas de la tragedia, pero el guión sigue intacto. Al mejor estilo de Saramago, la ceguera se instaló entre nosotros.

Lo más grave no es solo la precariedad estructural y los relatos salvajes de abandono, negligencia y abuso. Es el trauma acumulativo de ser un niño, niña o adolescente que el Estado y sus Órganos debía proteger, y no lo hizo. La tragedia de ser institucionalmente olvidado, de no ser pensado, ni sentido. Si vivir en un albergue ya es una historia desorganizante, colgar la llave en la puerta de la indiferencia es un acto criminal. Nuestra versión de la isla Little Saint James, y la ceguera persiste.

Cuando un menor es separado de su entorno familiar, el Estado asume una función parental. No se trata de un romanticismo ni de una metáfora, sino de una responsabilidad jurídica y ética que se proyecta y se extiende a todas las organizaciones, instituciones o personas encargadas -por mandato legal o por vocación- de velar por la protección de este grupo vulnerable, mientras se activan con urgencia los mecanismos destinados a restablecer su derecho a vivir en una familia. Aún bajo condiciones adecuadas, la institucionalización de un menor de edad siempre supone una fractura en los vínculos afectivos y en la estructura familiar.

Pero cuando a esa ruptura se le suma experiencias adversas de abandono emocional, trato deshumanizado, violencia o negligencia, el daño no es solo coyuntural: es estructural. Los cuestionamientos se acumulan en medio del desorden y citaciones improvisadas. La cacería de brujas se instala, las acusaciones se disparan a diestra y siniestra, y se activa el desfile apresurado por los peldaños de la maquinaria judicial. ¡Sálvese quien pueda! La indignación social sube y baja rápidamente, el telón burocrático se alza y el Estado, presa de su propia ansiedad existencial, corre a ensayar respuestas que privilegian la apariencia sobre la sustancia.

Mientras el espectáculo continúa, la búsqueda de un responsable -de una cabeza que ruede- termina por sofocar el grito desesperado de decenas de niños, niñas y adolescentes institucionalizados, cuyo futuro está en mano de quienes les prometieron protegerlos. Ovejas pastoreadas por el lobo. Ni Kafka se atrevió a tanto cinismo; la reacción al escándalo aplasta la previsión. Somos el país del futuro imperfecto: todo son promesas y ensoñaciones, mientras la tragedia nos juega cartas marcadas.

Seamos honestos, el problema no es presupuestario, es sistémico. Cada año se repite la misma historia, los mismos fallos, las mismas omisiones. Nada cambia, apenas muta, y siempre para empeorar. No es pesimismo, es resistencia a la desmemoria. Si la crisis de los albergues es harto conocida, entonces, ¿cómo justificar que los niños, niñas y adolescentes institucionalizados sigan atrapados en el olvido?

Si realmente hubo condenas, como se pregona, ¿por qué el problema sigue ahí, intacto? La justicia penal no es -ni debe ser- el único mecanismo para resolver problemas sociales e institucionales. Mucho menos la especulación, las acusaciones temerarias o los enfrentamientos políticos en los que se compite por ver quién asesta el golpe más mortal. No hablamos de hechos aislados que se disipan con el atardecer. Se trata de un trauma prolongado y reiterativo: menores que entran y salen de instituciones mientras el sistema finge no ver, no oír y no hablar.

En el fondo, el drama de esta novela dantesca se remonta al nombramiento de personas sin la formación ni la competencia necesarias en materia de niñez y adolescencia. Cuando la conducción carece de idoneidad, de la chistera no salen soluciones, sino apenas confeti. Uno oficio perverso; improvisar a expensas del dolor ajeno. Aceptar un cargo para el cual no se tiene competencia es un acto de profunda irresponsabilidad que ofende la memoria de quienes entregaron su vida por la patria.

Como si compitieran en una carrera de relevo, ahora todo es escuchar, investigar, advertir fallas, redactar protocolos. Circulan oficios, traslados y memorando; se prometen soluciones mientras, en esencia, todo permanece quieto. Renunciar parece un privilegio; ceder la batuta, una afrenta al honor y al prestigio. Así, quien guardó silencio, desatendió llamados y recomendaciones, y omitió actuar oportunamente, se presenta ahora como un remedio casero ineficaz, que no produce efecto alguno.

Hoy el sistema corre a atenderlos, los remite a evaluaciones, los convierte en prueba, los obliga a revivir el dolor del abandono. Estremece a las víctimas sin la más mínima gota de compasión. Me viene a la memoria el estribillo de una canción noventera: Cuando los ángeles lloran, lluvia cae sobre la aldea, lluvia sobre el campanario, pues alguien murió. Hoy no cayó un ángel del cielo. Hoy se fueron niños, niñas y adolescentes abandonados a su suerte en espacios de terror. Cayó agua. Y queda por ver si, esta vez, algo realmente cambia. Si después de los carnavales todo vuelve a la normalidad, entonces no será ignorancia: será desmemoria. Cuando las víctimas lloran, la inocencia se apaga en el cielo... y no volverá.