¿Cuánto cuesta no prevenir el embarazo adolescente?

Hace unos días, un medio nacional especializado en economía y finanzas difundía una noticia con el siguiente titular: “Panamá pierde $1,500 millones o 2% de su PIB al año por el impacto del embarazo adolescente”. La información procede de un reciente estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre el impacto socioeconómico del embarazo adolescente en Panamá.

El estudio aporta información muy importante sobre las desigualdades asociadas al embarazo y la maternidad adolescente, así como sobre sus costos para el país. Sin embargo, presentar estos resultados en términos de cuánto cuesta o cuánto pierde Panamá puede tener un efecto contradictorio en el problema en sí, reforzando la idea de que las adolescentes no son responsables solo de su embarazo, sino también de las consecuencias económicas que estos tienen para toda la sociedad.

Un estudio etnográfico sobre el embarazo adolescente que realicé recientemente recogió, a través de los relatos de las propias adolescentes, cómo la culpa y el estigma forman parte de sus experiencias y tienen impacto directo en las consecuencias negativas de sus embarazos y maternidades. Se las responsabiliza por haber quedado embarazadas, por abandonar o interrumpir sus estudios, por generar una carga económica a sus familias, por traer un hijo o hija al mundo en condiciones inadecuadas. Una culpabilización que viene de sus propias familias y parejas, las escuelas, los servicios de salud y la sociedad, y que se transforma en marginación, exclusión e incluso violencia.

Presentar ahora el embarazo adolescente en términos de los millones de dólares que cuesta al país añade una nueva dimensión a esa culpa: no solo perjudican su futuro o el de sus familias, sino también al país y a su economía. Una culpa de una dimensión mucho mayor, casi insoportable. No puedo dejar de preguntarme, ¿cómo se sentirá una adolescente embarazada o madre al leer una noticia así?

Pero el efecto contraproducente no se limita a las propias adolescentes. Debemos considerar también el impacto que este tipo de titulares puede producir en el público general. Ya sabemos que una parte importante de la población responsabiliza a las propias adolescentes de sus embarazos: así lo mostró la Encuesta de Ciudadanía y Derechos del CIEPS (2025), en la que un 79% de la población consultada estuvo de acuerdo con esta idea. Un mensaje centrado en cuánto “cuestan” estos embarazos puede reforzar la percepción de que el comportamiento “irresponsable” de las adolescentes tiene un costo que terminamos pagando todos. Esto puede incrementar la estigmatización que ya sufren, documentada también en nuestro estudio etnográfico, y que forma parte del problema porque se traduce en distintas formas de exclusión y violencia de las que son víctimas, en la escuela, los servicios de salud, la calle o sus propias casas.

Estos efectos son contradictorios con el propósito de los estudios en los que se basan estos titulares: contribuir a prevenir el embarazo en la adolescencia y promover políticas públicas basadas en evidencia. Por eso es tan importante cómo comunicamos sus resultados. El problema no está en calcular los costos, sino en el sentido que les damos al comunicarlos. Esos mismos resultados pueden utilizarse estratégicamente para exigir mayor atención e inversión pública en prevención y cambiar la pregunta: de ¿cuánto cuesta el embarazo adolescente? a ¿cuánto le cuesta al país no prevenirlo?

Este cambio de enfoque permite vincular los costos no solo con las consecuencias del embarazo, sino también y, sobre todo, con las condiciones que contribuyeron a que ocurriera. Podemos preguntarnos entonces cuánto cuesta no garantizar educación integral en sexualidad, información y acceso a métodos anticonceptivos, servicios de salud sexual y reproductiva adecuados para adolescentes o prevención y atención de la violencia sexual. Comunicar los costos desde esta perspectiva resultaría más estratégico si queremos tener un impacto en la prevención de embarazos no deseados en la adolescencia y situar también la responsabilidad social e institucional en ello, evitando reforzar la estigmatización de las propias adolescentes.

Así planteado, los $1,500 millones no aparecerían como el costo que unas adolescentes ocasionan al país, sino como una consecuencia de no haber actuado antes sobre las condiciones en las que ocurren estos embarazos. La evidencia económica serviría entonces no para responsabilizar a las adolescentes, sino para recordar al Estado y a la sociedad que la prevención requiere políticas públicas, recursos y responsabilidad institucional.

Los mensajes que transmitimos a través de medios de amplia difusión pueden terminar siendo parte del problema que pretendemos resolver. Si aumentan la culpa, el estigma y el rechazo hacia las adolescentes embarazadas o madres, estamos reforzando la exclusión y la violencia que ya experimentan y, con ello, agravando las consecuencias negativas, también económicas, que deberíamos tratar de evitar.