De Cepademes y Cepanimes: la historia de un atraco agravado

La historia es conocida y puede hacerse corta. So pretexto de que ese dinero sería mejor aprovechado para financiar programas de viviendas, manejados por el Banco Hipotecario Nacional, tanto a los empleados públicos como a los de la empresa privada se les secuestró la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes de los años de 1972 a 1983. Ese capital fue luego entregado a la Caja del Seguro Social en 1983 y desde entonces comenzó la lucha por que le fuera devuelto a sus legítimos dueños, con los correspondientes intereses.

En 2017, mediante los Cepademes, los certificados con vencimientos futuros escalonados se dispuso la restitución a sus legítimos dueños del monto nominal, es decir sin incluir los intereses, de las sumas secuestradas correspondientes a los años de 1972 a 1983.

Ahora, mediante los denominados Cepanimes, en acatamientos de una sentencia de la Corte Suprema el Estado deberá devolver los intereses acumulados durante los 34 años transcurridos.

Cuando se emitieron los Cepademes, al igual que se ha hecho ahora con los Cepanimes, el gobierno, por vía de un Decreto Ejecutivo, decidió que esos certificados se cobrarían en plazos escalonados que, en el caso de los actuales Cepanimes correrán del 2029 al 2033, ofreciéndole a los recipientes la posibilidad de cobrarlos anticipadamente, con los descuentos que, sumados y totalizados, reducirán los montos que se cobrarían hasta en un 26%.

El gobierno actual, ha considerado que por esa vía y mediante esos pagos aplazados, con los intereses que se han fijado en el 3%, ha saldado plenamente la deuda pendiente desde 1983. Además, los voceros oficiales también han considerado que, al ofrecer a los recipientes de los Cepanimes la posibilidad de hacerlos efectivos, de manera inmediata, negociándolos con el Banco Nacional que les descontará una tarifa prefijada, le están haciendo un favor, que deben agradecerle.

Pero, como era de esperar, ante el hecho evidente de que esa supuesta generosa concesión, antes que un favor, es la perpetuación agravada de un atraco histórico, el rechazo ha sido amplio y general, pues no solo cercena un derecho adquirido y legítimo de los despojados a recuperar, íntegramente y con los intereses, como mínimo legales, unos dineros de los cuales fueron injusta y arbitrariamente despojados, por sus connotaciones es un inaceptable acto de coacción ejercida desde el poder Ejecutivo.

Los despojados tienen derecho a que se les devuelvan, íntegramente y de manera inmediata, tanto el capital nominal como los intereses correspondientes y, el Estado no puede escamotearles ni disminuir sus montos, que deben ser las sumas totales entonces secuestradas, más los intereses calculados a la tasa legal mínima vigente, que no es el 3% decidido e impuesto por el Decreto Ejecutivo Número 19 del pasado 23 de abril.

Voceros gubernamentales y oficiosos han sostenido para justificar los descuentos por la redención anticipada de los Cepanimes que por esa vía sus receptores pueden disponer de manera inmediata de “dinero en efectivo”; pero el mecanismo que les impone sacrificar hasta el 26% de sus montos, si algo tipifica es un auténtico acto de usura legalizada. Si la suma estimada y divulgada que deben recibir los 424,596 afectados es de 250 millones, si todos ellos usarán el mecanismo del pago inmediato, el Banco Nacional les retendría y se embolsaría, centésimos más, centésimos menos, alrededor de 80 millones.

En algunas de las explicaciones para justificar el Decreto mediante el cual se dispuso el cobro escalonado del capital y los intereses al 3%, se insiste en que el Estado, por carecer de los recursos, solo dispone de esa vía para evitar el impacto fiscal negativo. En otras palabras, se impone a los perjudicados un sacrificio como contribución a la sanidad de las finanzas públicas, mientras que por otras, como la de los subsidios electorales, las absurdas compras de aviones de combate o de licitaciones poco claras se malgastan los dineros públicos.

Desde luego, el argumento, aparte de falaz, es insostenible y, desde ahora, es fácil vaticinar que cuando el tema vuelva a los tribunales, por las demandas que ya son previsibles, se ratificará tanto el derecho a recibir totalmente y de manera inmediata la totalidad de los dineros arbitrariamente secuestrados con, igualmente, la totalidad de los intereses correspondientes, calculados a una tasa justa y legal.