De la revocatoria de mandato a la realidad social...

Desde que fui notificada por el Tribunal Electoral sobre la solicitud de revocatoria de mandato en mi contra, he recibido numerosos mensajes de apoyo de vecinos, votantes del circuito 8-3 y otros, compañeros diputados de todas las facciones y de la coalición Vamos, de la cual formo parte.

Lo primero que debo aclarar es que la revocatoria de mandato es un derecho ciudadano que respetamos profundamente. Nos debemos a nuestros votantes, trabajamos por ellos y por todo el país. Cada decisión que tomamos la asumimos con la convicción de que es la mejor opción para Panamá.

Esa ha sido nuestra meta desde el primer día. Hemos mantenido un despacho de puertas abiertas, dispuesta a escuchar a cualquier ciudadano que desee plantearnos sus ideas y posiciones.

Uno de los motivos aparentes de esta iniciativa de revocatoria parece ser una reacción a mi voto a favor de la Ley 462, sobre la Caja de Seguro Social. Considero que los 48 diputados que apoyamos esta reforma lo hicimos con plena conciencia y responsabilidad. No podíamos seguir postergando una decisión necesaria para la seguridad social de los panameños. Hoy vemos cómo incluso actores políticos derrotados intentan aprovechar este debate, cuando en su momento tuvieron la oportunidad de impulsar cambios, prefirieron ignorar la realidad.

Como reza el dicho, en el disenso está el consenso. Solo el debate respetuoso de las ideas nos permitirá crecer como nación. Y no nos toca a nosotros como diputados defender esta ley. Nuestro trabajo fue analizarla por meses, consultamos con la comunidad y con diferentes expertos en la materia para tomar la mejor decisión.

La Ley 462 no es perfecta, pero es perfectible. Ya hay colegas que han presentado propuestas de modificación, las cuales serán debatidas como corresponde. Lo verdaderamente contradictorio es que quienes fueron diputados por años y no hicieron nada al respecto, hoy critiquen la ley con total ligereza.

La difícil situación que enfrenta hoy el país se debe en gran parte a la corrupción descarada por años recientes, protagonizada por actores políticos que se enriquecieron con el dinero del pueblo.

En nuestro caso, hemos presentado denuncias penales con pruebas ante el Ministerio Público contra quienes han actuado de mala fe en perjuicio del patrimonio público. También hemos promovido iniciativas de ley que, aunque incomoden a ciertos sectores, benefician directamente a quienes más los necesitan, los ciudadanos.

Me llena de orgullo la aprobación de mi primera ley de la República, la Ley 474, que aumenta las penas a violadores y agresores sexuales. Durante años fuimos testigos de sanciones irrisorias ante estos actos aberrantes. Gracias al trabajo conjunto con el Ministerio Público, grupos de apoyo y víctimas, hicimos realidad un proyecto que había sido propuesto por mí, por iniciativa ciudadana, mucho antes de que yo fuera elegida diputada.

No obstante, los problemas que enfrenta Panamá son más importantes que cualquier acto individual. Nuestro compromiso es seguir trabajando, especialmente por los más vulnerables.

Continuaremos impulsando proyectos como el de la publicación del registro de ofensores sexuales, proyecto de ley 176, en primer debate, porque Panamá tiene derecho a tener un listado público para saber quiénes son sus agresores y a contar con herramientas de prevención. El proyecto de ley 177, apoyando a las víctimas para que los procesos sean más eficientes y los peritos puedan sustentar sus informes de manera virtual. El proyecto de ley 108, que aumenta las penas a los agresores de nuestras mascotas, porque el que hace daño a un animal, el próximo paso son nuestros niños. El anteproyecto de ley 10, que busca garantizar un suministro eléctrico continuo y eficaz para los pacientes electrodependientes, panameños que, para seguir con vida, precisan estar conectados a un tomacorriente. Estas iniciativas se encuentran en proceso de ser leyes de la república, reafirmando nuestro compromiso de servir a la patria.

Mi prioridad será siempre Panamá y su gente. Nada nos desviará de la misión de legislar con transparencia soluciones reales para los ciudadanos y honrar el mandato que nos han confiado los ciudadanos de ser su voz en la Asamblea Nacional.