De mal para peor: Exégesis de la última encuesta

Los resultados de la última encuesta de La Decana, publicada el pasado 15 de enero, de enero deben ser, como mínimo, motivo de justificadas preocupaciones y hasta de alarma; su mensaje, resumido en pocas palabras, es que vamos de mal para peor.

La encuesta repite resultados más negativos que las anteriores en los que la corrupción, el desempleo y una mayoritaria desconfianza en las instituciones siguen marcando las cifras más preocupantes. Que cerca del 55 % de los encuestados, o sea, una amplia mayoría del país exprese, globalmente, desconfianza en las instituciones públicas, debiera ser una sonora campanada que deben escuchar con mucha atención los actuales gobernantes. Traducido a realidades concretas, el pueblo no confía en ninguno de los órganos del Poder Público, o sea, que no confía en el Órgano Ejecutivo y tampoco en el Legislativo ni en el Judicial; no confía en el Tribunal Electoral y mucho menos en los partidos políticos, a pesar de que en ellos está inscrita el 50 % de la ciudadanía.

¿Hasta cuándo será sostenible esta situación? ¿Podrá el país aguantar a la actual administración por tres años y medio, que son los que le restan?

Los períodos presidenciales, cuando se fundó la república y hasta para las elecciones de 1940, eran de cuatro años. En los prólogos de las elecciones de 1940, circularon varias propuestas de reformas a la Constitución de 1904 y en algunas de ellas se abordó la duración de los períodos presidenciales y las conveniencias y las inconveniencias de extenderlos a 6 años.

El candidato triunfador en las elecciones de 1940, Arnulfo Arias, no bien asumió el cargo, promovió y fue aprobada por la Asamblea Nacional, la que vino a ser la Constitución de 1941. En esta se alargó el período presidencial a 6 años que, como se comenzaban a contar a partir de la vigencia del nuevo texto constitucional, hubiera extendido su permanencia en el cargo hasta 1947.

Arnulfo Arias fue derrocado en el mismo año de 1941 y quien lo sucedió, su ministro de Gobierno, Ricardo Adolfo de la Guardia, escogido por su pares del gabinete, tuvo todas las intenciones de favorecerse con la extensión del período; pero por el acuerdo político que finalmente forzaron los sectores de la oposición fue convocada una asamblea constituyente, que se instaló en 1945 y entre sus primeros actos escogió como presidente a Enrique A, Jiménez, para que la ejerciera hasta 1948 y le dio al país la Constitución de 1946. Sus sucesores, comenzando con las elecciones de mayo de 1948, volverían a ser elegidos para períodos de 4 años. Y para esos términos fueron elegidos, Domingo Díaz, en 1948; José Antonio Remón en 1952; Ernesto de la Guardia en 1956; Roberto F. Chiari en 1960; Marco A. Robles en 1964; y finalmente y nuevamente Arnulfo Arias en 1968.

Como es sabido y por las circunstancias son conocidas no todos completaron sus mandatos y por el golpe de estado del 68, al ser suspendida la Constitución del 46, el poder y la duración de su ejercicio los determinaban por los golpistas. La Constitución de 1972 alargó en mandato presidencial a 6 años. Por ese término gobernó Demetrio B. Lakas (1972-1978) y estaba supuesto a hacerlo Aristides Royo, defenestrado en 1982. Su período lo completó Ricardo de la Espriella. Ardito Barletta estaba supuesto a hacerlo, a partir de 1984, pero fue echado al año siguiente. El resto de la historia, por reciente, está fresca en la memoria colectiva.

Por el acto constitucional de 1983, se fijo el período presidencial en 5 años y es el que sigue vigente. De llegar a concretarse una reforma constitucional uno de los temas que ocupará el debate, sin duda, será la duración de los períodos presidenciales. Dos alternativas podrían ser las opciones: volver a los períodos de 4 años o mantenerlo en 5, e introducir un referendo ratificatorio o revocatorio a la mitad de este.

Esta última es la que mejor podría servir al interés nacional. Y cuando, como ahora comprobamos que, los gobernantes en turno, acusan falta de representatividad o, por todos los visos, la han perdido de manera irrecuperable, la confianza de los electores, su valía y conveniencia se abonan solas.