Defensa de la soberanía, gobernabilidad democrática y paz social

El rechazo ciudadano —en calles, medios, y redes— a diversas iniciativas que impulsa el gobierno hace evidente que los panameños no estamos satisfechos contentos con la gestión ni con el estilo gubernamental. Y no hay que ser un adivino para advertir de que nuestro país no tendrá paz social hasta que la defensa de la soberanía sea el norte que impulse el quehacer del gobierno y exista la gobernabilidad democrática necesaria para el desarrollo sostenible para todos los panameños.

Eso, que para la mayoría de los buenos panameños es obvio, no parece serlo para el gobierno y sus aliados, por lo que, abrigando esperanzas de que abran los ojos y retomen el camino que el pueblo reclama, le dedico esta glosa a reflexionar sobre el significado de los tres conceptos enunciados al inicio.

Para comenzar, subrayo que la soberanía es el concepto fundamental en el ámbito político y jurídico, que define la capacidad de un estado para ejercer control exclusivo sobre su territorio y sus asuntos internos, sin interferencias externas. La defensa de la soberanía garantiza que el gobierno actúe con base en mandatos democráticos y no como ejecutor de agendas impuestas desde fuera. Constituye el principio rector que garantiza la autonomía de nuestras instituciones y la participación activa de la ciudadanía panameña en el desarrollo político, económico y social.

Como si fuera poco, la soberanía no solo determina la independencia de Panamá frente a otras naciones, sino que también fundamenta el poder legítimo del gobierno. Es decir que, si el gobierno no defiende nuestra soberanía, pierde automáticamente su legitimidad y nos obliga a los ciudadanos a ejercer nuestro derecho y deber de defenderla —como estamos haciendo— en todos los espacios disponibles, contribuyendo además, al fortalecimiento del Estado.

Por su parte, la gobernabilidad democrática implica la capacidad del Estado para gobernar con legitimidad, eficacia y con participación de nosotros los ciudadanos. Para que exista gobernabilidad democrática se requieren tres condiciones que debe obligatoriamente defender el gobierno: instituciones fuertes e independientes, no subordinadas a potencias o actores externos; leyes y políticas públicas definidas por procesos democráticos, no por imposiciones foráneas; estabilidad interna, que solo es posible cuando el pueblo percibe que sus intereses se defienden y representan soberanamente.

Es claro entonces que, para que haya la ansiada paz social y el desarrollo sostenible que necesitamos, la defensa de la soberanía es condición indispensable. No podemos —en ninguna circunstancia— volver a la situación paradójica que enfrentamos durante buena parte del siglo XX, cuando, a pesar de ser una república formalmente independiente, una franja de nuestro territorio, conocida como la Zona del Canal, se encontraba bajo control de los Estados Unidos, estableciendo una deplorable, nefasta y vergonzosa quinta frontera en el corazón de nuestro territorio.

Los buenos panameños no olvidamos que, este enclave, que albergaba el Canal de Panamá y una importante infraestructura militar, era administrado como una entidad separada del Estado panameño, lo que representaba una grave limitación a la soberanía nacional y un obstáculo para el ejercicio pleno de la autodeterminación del pueblo panameño.

Para enfrentar esa presencia militar extranjera, y la amenaza del control foráneo de nuestro principal recurso, los panameños debemos unirnos sin distingo alguno, y retomar —como lo hicimos en el pasado— la estrategia diplomática adoptada en la década de 1970 bajo el liderazgo del general Omar Torrijos. Apoyado en la unidad nacional, Panamá debe apelar a los foros internacionales, movilizar el respaldo de países aliados, presentarnos como una causa de justicia histórica y consolidar un discurso unificado en torno al principio irrenunciable de soberanía.

Este esfuerzo debe garantizar que el control del Canal permanezca en manos panameñas y reafirmar universalmente el principio de que Panamá tiene y tendrá el derecho soberano de administrar sus recursos, definir sus relaciones internacionales y ejercer su jurisdicción en todo su territorio.

Desde entonces, Panamá ha fortalecido sus instituciones democráticas, consolidando procesos electorales regulares, una economía abierta al comercio internacional y un marco jurídico que respeta los derechos fundamentales. Pero no podemos olvidar que, estos avances tienen como base estructural el control soberano de nuestro territorio y la administración de nuestro recurso más emblemático: el Canal. Sin soberanía, no hay gobernabilidad; y sin gobernabilidad, no hay democracia estable ni paz social.

Hoy, cuando el país enfrenta nuevos desafíos —como la sostenibilidad de sus servicios públicos, la equidad social o la gestión de los recursos naturales—, la defensa de la soberanía sigue siendo una condición esencial. Esto implica fortalecer el Estado de derecho, blindar las decisiones públicas ante intereses foráneos desproporcionados y asegurar que el pueblo panameño conserve su protagonismo en la construcción del futuro. ¡No podemos someternos y volver al pasado!