Democracia de una sola moral: dos foros, un semillero socialcomunista

Al analizar las izquierdas internacionales, siempre he creído que el “Foro de São Paulo”, -el Foro-, y el “Grupo de Puebla”, -el Grupo-, merecen examinarse conjuntamente, pues permiten identificar una misma concepción del poder. A mi juicio, ambas organizaciones representan dos expresiones, complementarias, de un semillero socialcomunista latinoamericano: una de mayor tradición doctrinaria y partidista, y la otra de proyección política e internacional. Aunque siempre estaré en contra, no critico la existencia de izquierdas organizadas, sino que se pretenda identificar su ideología con la democracia misma, convirtiendo al adversario en una “anomalía moral” que debe desaparecer del espacio legítimo de discusión.

En esta lectura, el Foro representa la matriz histórica de articulación de partidos y movimientos de izquierda, mientras que el Grupo funciona como una caja de resonancia política y diplomática de ideas afines. Esta complementariedad no exige afirmar una subordinación orgánica entre ambos. El peligro de ambos reside en la convergencia de discursos capaces de presentar el fortalecimiento del Estado, la movilización identitaria y la impugnación del liberalismo como respuestas moralmente superiores cuyo resultado deseable es una ciudadanía tutelada por quienes se atribuyen la representación exclusiva del pueblo.

Ahí aparece la democracia de una sola moral. Bajo esa lógica, la izquierda no sería una opción sometida al juicio ciudadano, sino la depositaria del sentido correcto de la historia. Quien se opone deja de ser un competidor legítimo para convertirse en enemigo del progreso. La acusación de “fascismo”, cuando sustituye al argumento y se extiende indiscriminadamente, cumple una función disciplinaria: excluye antes de debatir. Mi crítica apunta a esa pretensión de monopolio ético. Una democracia que admita distintas papeletas, pero descalifica, moralmente, cualquier alternancia, conserva la ceremonia electoral mientras erosiona su sustancia pluralista.

Por otro lado, cuando la economía social a la que apelan se identifica con expansión burocrática, intervención permanente y subordinación del capital a prioridades estatistas, la promesa emancipadora puede terminar produciendo dependencia. Esto no quiere decir que toda política económica de corte “social” sea colectivista, si defiende que los ciudadanos necesitan derechos exigibles, no gratitudes obligatorias; que las empresas necesitan reglas estables, no permisos morales, y que los trabajadores necesitan productividad y movilidad, no una igualdad que solamente consiga repartir escasez pues, igualar “hacia abajo”, no deja de ser empobrecimiento aunque se anuncie con vocabulario solidario.

En ese marco, el ambientalismo defendido por ambas organizaciones, merece también una crítica ya que la protección ambiental no autoriza a tratar la propiedad privada, el comercio o el emprendimiento como actividades intrínsecamente sospechosas. Cuando una causa legítima se convierte en justificación automática para prohibir, paralizar o concentrar decisiones, el debate técnico cede ante el dogma. Por lo tanto, un ambientalismo concebido como tutela sobre las sociedades cuyo desarrollo exige, precisamente, mayor autonomía económica, pierde legitimidad, máxime cuando, además, se utiliza para dispensar superioridad moral y negar alternativas razonables.

Resulta igualmente inaceptable, la utilización del “lawfare” por parte de las izquierdas como salvoconducto partidista. Si toda investigación contra un aliado se declara ilegítima de antemano, la defensa de garantías degenera en demanda de inmunidad, y una red política que reclame esas garantías solamente para los propios, no fortalece el Estado de derecho sino que lo reduce a instrumento de conveniencia. En consecuencia, la solidaridad internacional a la que apelan el Foro y el Grupo, -cuando líderes y representantes de las izquierdas son objeto de investigaciones judiciales-, no debería convertirse en una “aduana” que decida qué responsabilidades pueden investigarse y cuales no.

Por otra parte, la dimensión europea afín a ambas organizaciones exige, igualmente, atención. Los vínculos políticos entre las izquierdas latinoamericanas y las europeas no otorgan certificados automáticos de respetabilidad democrática a las primeras, máxime cuando el prestigio institucional de las segundas es utilizado para “suavizar” discursos que toleran restricciones al pluralismo en otros países, o en la propia Europa, como en España, donde veo un debate constitucional, -fabricado desde las izquierdas-, que se ha convertido en una contienda entre ciudadanos moralmente admisibles contra los inadmisibles, gracias a la descalificación colectiva de estos últimos, defensores del orden constitucional de 1978, por parte de los primeros.

Por todo esto, denomino “semillero socialcomunista” a esta convergencia, como una crítica a una cultura política que puede alimentar estatismo, colectivismo y exclusión del discrepante y calificarse, -pomposamente-, “democracia”. El Foro ofrece una referencia doctrinaria y partidista, mientras el Grupo una plataforma de resonancia y legitimación. El peligro no consiste, simplemente, en que ganen gobiernos de izquierda, sino en que se normalice la idea de que, solamente, esos gobiernos encarnan al pueblo. Defender la libertad exige impedir que una victoria electoral se convierta en título de propiedad sobre la democracia. No basta invocar elecciones, hay que aceptar límites, rendir cuentas y reconocer que el discrepante posee derechos que ninguna vanguardia política, -por muy “progre” que se autodeclare-, puede conceder o retirar según su conveniencia.

Ante esta realidad, Panamá debería prestar atención sin esperar que semejante agenda populista llegue a calar en nuestra sociedad. Allí donde ya ronda por las calles, la Asamblea, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales o grupos de interés, habría que denunciar sus propuestas y actuaciones que subordinan las libertades individuales al colectivismo y las instituciones a una superioridad moral partidista.

Al final, para ser un mejor país, Panamá necesita ciudadanos libres y autónomos, contrapesos institucionales efectivos y una sistema democrático liberal sin propietarios populistas.