Desarrollo sostenible: entre la consigna y la realidad

Durante las últimas décadas, pocas expresiones han alcanzado tanta aceptación en el debate público como la de desarrollo sostenible. Gobiernos, empresas, organismos internacionales y organizaciones sociales la utilizan para respaldar sus posiciones.

En Panamá, el debate en torno a Cobre Panamá ha puesto en evidencia esa contradicción. El desarrollo sostenible ha sido utilizado para justificar posiciones opuestas, convirtiéndose en ocasiones en una consigna que sustituye el análisis profundo. Como resultado, la expresión se emplea con frecuencia, pero pocas veces se examina qué exige realmente de un Estado democrático.

La primera aclaración es fundamental. El desarrollo sostenible nunca significó renunciar al desarrollo económico ni sacrificar la protección ambiental en nombre del crecimiento. Desde el Informe Brundtland de 1987, el concepto ha sido entendido como la armonización de tres dimensiones inseparables: progreso económico, protección ambiental y bienestar de las generaciones presentes y futuras. Ninguna puede imponerse de forma absoluta sin comprometer el equilibrio del conjunto. Con el tiempo, esta visión incorporó un cuarto elemento indispensable: la calidad de las instituciones. Sin instituciones sólidas y capaces de hacer cumplir la ley, el equilibrio entre crecimiento económico, protección ambiental y desarrollo social se convierte en una aspiración más que en una realidad.

El debate suele presentarse como una confrontación entre economía y ambiente. Sin embargo, esa dicotomía simplifica un problema más complejo. El verdadero desafío no consiste en escoger entre desarrollo y conservación, sino en determinar si el Estado posee la capacidad institucional para administrar sus recursos de forma responsable y orientada al interés nacional.

Un país que renuncia a proteger su patrimonio ambiental compromete las oportunidades de las futuras generaciones. Pero un país que renuncia a debatir cómo aprovechar responsablemente sus recursos estratégicos también limita su capacidad para fortalecer instituciones e invertir en infraestructura.

El desarrollo sostenible exige una visión más amplia que la simple protección de un ecosistema o la generación de riqueza. Exige preguntarnos qué tipo de país queremos construir y cuáles son las instituciones capaces de garantizar que las decisiones adoptadas hoy continúen siendo legítimas dentro de varias décadas.

Las movilizaciones de 2023 dejaron una lección importante. Una parte significativa de la ciudadanía expresó su rechazo a un modelo que consideró insuficiente en materia de transparencia, participación y control institucional. Esa reacción fortaleció un principio esencial: ningún proyecto estratégico puede desarrollarse al margen de la Constitución, la legalidad y la confianza ciudadana.

Reconocer esa realidad no obliga a concluir que cualquier discusión futura sobre el aprovechamiento de los recursos minerales sea incompatible con el desarrollo sostenible. La experiencia internacional demuestra que los países que han logrado convertir sus recursos naturales en instrumentos de desarrollo sostenible lo hicieron fortaleciendo instituciones, elevando estándares regulatorios y construyendo mecanismos eficaces de fiscalización.

La sostenibilidad no depende únicamente de la naturaleza del recurso explotado. Depende de la capacidad del Estado para regular su aprovechamiento con criterios técnicos, independencia institucional y visión de largo plazo. Esa es la diferencia entre un modelo extractivo de corto plazo y una estrategia nacional de desarrollo sostenible.

La sostenibilidad implica preservar oportunidades para las próximas generaciones. Una economía incapaz de generar empleo, atraer inversión responsable y fortalecer sus instituciones difícilmente podrá sostener las políticas ambientales que la sociedad demanda. La protección ambiental requiere capacidades estatales construidas sobre una base económica e institucional sólida. Esto no significa reducir la naturaleza a una variable económica.

El desarrollo sostenible debe entenderse como un ejercicio permanente de equilibrio: entre crecimiento y conservación; entre derechos presentes y responsabilidades futuras; entre inversión privada y regulación pública; entre confianza para invertir y capacidad estatal para supervisar.

Ese principio debería orientar también la discusión sobre el futuro de Cobre Panamá. El verdadero desafío no consiste en decidir si el país está a favor o en contra de la minería. La pregunta relevante es si Panamá posee la voluntad institucional para construir un modelo donde cualquier actividad económica opere bajo condiciones que garanticen transparencia, cumplimiento de la legislación ambiental, participación ciudadana y beneficios alineados con el interés nacional.

Panamá enfrenta una oportunidad para transformar una crisis institucional en un nuevo estándar de gobernanza. El futuro del país dependerá menos de un proyecto específico y más de su capacidad para construir instituciones que permitan administrar cualquier recurso estratégico con transparencia, responsabilidad y visión de largo plazo. Esa es la esencia del desarrollo sostenible: construir un Estado capaz de proteger simultáneamente el crecimiento económico, el ambiente y la legitimidad democrática.