Descentralizar el dinero no basta: Panamá necesita descentralizar el desarrollo

Panamá está entrando en una nueva etapa de su proceso de descentralización. Para 2027, los municipios recibirán $196 millones provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), incorporados al presupuesto regular del Estado. La medida busca dar mayor estabilidad y previsibilidad financiera a los gobiernos locales y permitirles planificar y ejecutar proyectos para sus comunidades.

Es una decisión importante. Pero también obliga a plantearnos una pregunta más profunda: ¿qué entendemos realmente por descentralización? Porque descentralizar no es solamente transferir dinero desde el Gobierno Central hacia alcaldías y juntas comunales. Descentralizar significa acercar al ciudadano las decisiones, las responsabilidades y los recursos necesarios para resolver sus problemas. Y eso exige algo más difícil que transferir fondos: construir capacidades locales para convertir esos recursos en desarrollo.

Esos desafíos siguen plenamente vigentes. La descentralización fiscal puede ser una poderosa herramienta para reducir las brechas territoriales de Panamá. Pero también puede profundizarlas si los territorios con menor capacidad institucional reciben recursos que no pueden gestionar adecuadamente, o si las transferencias terminan dependiendo de relaciones políticas, falta de coordinación, ausencia de controles efectivos, y no de reglas transparentes y criterios objetivos.

Por eso debemos distinguir entre descentralizar recursos y descentralizar desarrollo.

El primer proceso consiste en transferir fondos. El segundo supone transferir también responsabilidades, competencias y capacidad de decisión, acompañadas de mecanismos de planificación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Esta diferencia es fundamental.

Un municipio que recibe más recursos pero carece de profesionales capaces de formular proyectos, preparar presupuestos, gestionar compras públicas, supervisar obras y evaluar resultados no está verdaderamente fortalecido. Simplemente administra más dinero.

Y administrar más dinero sin fortalecer las instituciones puede convertirse en un problema, especialmente en un país donde hemos visto suficientes ejemplos de clientelismo, opacidad y uso político de los recursos públicos.

Por eso, el aumento de los recursos para los gobiernos locales debe ser acompañado por una agenda nacional de fortalecimiento de capacidades.

Necesitamos municipios capaces de diagnosticar sus principales problemas, definir prioridades, formular proyectos técnicamente sólidos, contratar de manera transparente, ejecutar con eficiencia y demostrar resultados. Necesitamos también sistemas de información que permitan saber cuánto dinero recibe cada gobierno local, en qué se utiliza y qué impacto tiene sobre la población.

La transparencia no puede limitarse a publicar documentos. El ciudadano debe poder entenderlos. Cada comunidad debería poder conocer cuánto recibió su municipio o junta comunal, cuáles fueron los proyectos aprobados, cuánto costaron, quién los ejecutó, cuándo debían terminar y cuáles fueron sus resultados. Ese es el verdadero sentido de la rendición de cuentas.

También necesitamos coordinación. Un municipio no puede resolver por sí solo problemas que trascienden sus fronteras. Agua, residuos sólidos, transporte, ordenamiento territorial, protección ambiental, salud, seguridad, infraestructura y desarrollo económico requieren muchas veces coordinación entre municipios y entre los gobiernos locales y el Gobierno Central.

La descentralización no debe crear pequeños gobiernos aislados, sino un Estado más cercano, coordinado y eficaz.

Hay además una dimensión democrática que no debemos olvidar.

La descentralización puede convertirse en una de las mejores escuelas de ciudadanía. Cuando las decisiones públicas se acercan a la gente, aumentan las posibilidades de participación, vigilancia y corresponsabilidad. Pero para que eso ocurra, la ciudadanía debe tener información y espacios reales para participar.

No basta con elegir alcaldes y representantes cada cinco años. La democracia local debe continuar entre una elección y otra mediante presupuestos participativos, consultas comunitarias, acceso a la información y mecanismos efectivos para exigir resultados.

Por eso, el debate sobre los recursos para 2027 no debería reducirse a cuánto recibirán los gobiernos locales.

La pregunta correcta es qué queremos lograr con esos recursos.

Si los $196 millones adicionales permiten mejorar calles, agua potable, saneamiento, manejo de residuos, espacios públicos, movilidad, infraestructura comunitaria y oportunidades económicas, estaremos avanzando.

Si, en cambio, terminan fragmentados en pequeñas obras sin planificación, utilizados como instrumentos de clientelismo o ejecutados sin controles adecuados, habremos perdido una oportunidad.

Panamá necesita una descentralización que contribuya a construir un país territorialmente más equilibrado. Una descentralización que permita que vivir fuera de la capital no signifique tener menos oportunidades ni peores servicios públicos.

Para lograrlo debemos asumir que el recurso financiero es solamente una parte de la ecuación.

La otra parte —quizá la más importante— son las capacidades institucionales.

Necesitamos gobiernos locales con profesionales, sistemas de información, planificación, gestión financiera, capacidad para formular y evaluar proyectos, mecanismos de transparencia y una cultura de servicio público orientada a resultados.

En otras palabras, Panamá no necesita simplemente descentralizar el dinero. Necesita descentralizar la capacidad de construir desarrollo.

Los recursos que la ley establece para los gobiernos locales deben llegar. Pero deben llegar acompañados de responsabilidades claras, reglas transparentes, capacidades suficientes y controles efectivos. Porque la verdadera descentralización no consiste en llevar el dinero más cerca del ciudadano.

Consiste en llevar el poder de resolver, la responsabilidad de responder y la obligación de rendir cuentas más cerca del ciudadano. Ese debería ser el próximo capítulo de la descentralización panameña.