Después de 15 años, repiten la masacre contra Bocas

En los considerandos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece “... Que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”.

En medio del estado de urgencia decretado por el Ejecutivo en Bocas del Toro, se escenificaron graves violaciones a los derechos humanos, los cuales comienzan a salir a la luz pública producto del arribo de diversas organizaciones de derechos humanos. Entre otras organizaciones, se han recibido informes preliminares de la misión de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa) en honor al padre Conrado Sanjur, y del Observatorio Panameño de Derechos Humanos, que recogen testimonios y evidencias de la violación de los derechos humanos por parte de los estamentos de seguridad durante la llamada operación Omega y el estado de urgencia declarado por el Ejecutivo en esa provincia.

En más de 50 entrevistas y un número plural de evidencia visual, se puede constatar que se vivieron torturas, sádicos abusos y atropellos contra la población, sobre todo contra las comunidades indígenas y afrodescendientes. Indígenas que fueron sacados de sus casas, metidos en un helicóptero y amenazados que los iban a lanzar; familias afro que fueron torturadas; mujeres y hombres que fueron golpeados, orinados literalmente, a los que obligaban a tomar agua con gas lacrimógeno.

El odio del Gobierno es tan grande que el ministro de Seguridad se refirió a una familia bocatoreña como integrantes de una banda que denominó los “Pachuchos”, y que resultó ser una familia negra tradicional de Changuinola que así es conocida, cuyos integrantes fueron arrestados, golpeados y torturados cruelmente a latigazos. En todo esto, la justicia opera con un sesgo racista contra indígenas y negros, y odio a los pobres, trabajadores y sindicalistas.

Aún se denuncian personas que están desaparecidas, pero no solo ello, lo más grave el asesinato de tres personas, entre ellas Roger Montezuma en Chiriquí Grande, quien dejó en orfandad 3 hijos. En Pueblo Nuevo Bocas del Toro una niña indígena es asesinada producto del uso indiscriminado de la fuerza policial.

¿Qué clase de hombres y mujeres conforman la Policía Nacional? Pero, sobre todo, debe quedar claro que la responsabilidad cabe en sus máximas autoridades, que en lugar de sancionar lo acaecido felicitan a las unidades.

En Changuinola los abusos de la policía contra la población continúan, están deteniendo arbitrariamente y allanando casas sin orden de autoridad de la región. Sin duda les duele que, a pesar de cruda y cobarde represión, el pueblo humilde y trabajador sigue en la lucha, se movilizó esta semana demostrando su repudio a la actuación del Gobierno.

No se puede olvidar que hace 15 años (2010), cuando el hoy presidente de la República, José Raúl Mulino, era ministro de Seguridad, los bocatoreños vivieron una cruenta represión cuando luchaban contra la Ley Chorizo, que dejó muertos y lisiados de por vida.

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Estos son ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, y se considera una de las violaciones más graves de los derechos humanos. Estos crímenes, que pueden ocurrir tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, incluyen asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, violación, persecución y otros actos inhumanos. Son imprescriptibles, lo que significa que no están sujetos a un plazo de tiempo que determine su extinción. Esto significa que la acción penal para perseguir estos crímenes no prescribe, independientemente del tiempo transcurrido.

Las denuncias estarán tanto en la esfera nacional e internacional, ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en todo foro de derechos humanos, ante los tribunales.

Es ahora una lucha también por conquistar una verdadera democracia y justicia social, un Estado verdaderamente de derecho al servicio de las grandes mayorías y no de la élite privilegiada de siempre.