Después de la emergencia: ¿está Panamá preparado para la próxima crisis?

El terremoto del 9 de octubre nos recordó que ningún país está completamente a salvo de los fenómenos naturales y que la seguridad de la población depende tanto de la capacidad de respuesta como de la preparación previa. La movilización de las instituciones y la asistencia a las comunidades afectadas son indispensables. Pero, una vez superada la fase más urgente, Panamá debe hacerse una pregunta más exigente: ¿qué debemos cambiar para que la próxima emergencia nos encuentre mejor preparados?

No partimos de cero. Panamá cuenta con una Política Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres 2022-2030, un Plan Estratégico Nacional y un Plan Nacional de Respuesta a Emergencias y Desastres. Tenemos, además, al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y su Centro de Operaciones de Emergencias como piezas fundamentales de la coordinación institucional.

El desafío consiste en convertir ese marco normativo y estratégico en capacidades comprobables, sostenidas y presentes en todo el territorio nacional. No necesitamos acumular documentos, sino verificar qué se ha ejecutado, qué resultados se han obtenido y qué debilidades debemos corregir.

Primero: evaluar y cumplir lo que ya está aprobado

Propongo que, concluida la fase crítica de atención del terremoto, el Gobierno impulse una evaluación de la aplicación de la política y los planes nacionales de gestión del riesgo. Esta revisión debe identificar los avances, las acciones pendientes, las instituciones responsables y los recursos necesarios para cumplir los compromisos establecidos.

Sus resultados deberían traducirse en un plan de mejora con metas, responsables, plazos e indicadores públicos. Así podremos distinguir entre lo que está previsto en los documentos y lo que realmente funciona en la práctica.

Segundo: llevar la prevención a los municipios y las comunidades

La gestión del riesgo debe involucrar a todos los municipios, con apoyo técnico de Sinaproc y las instituciones competentes. Cada uno necesita identificar sus principales amenazas y vulnerabilidades, establecer procedimientos de actuación y determinar qué comunidades podrían quedar aisladas, cuáles son las rutas alternativas y dónde están los puntos de encuentro y evacuación segura.

También debe fortalecer la coordinación local y garantizar que las personas con discapacidad, los adultos mayores, la niñez y las poblaciones de difícil acceso reciban orientación y asistencia adecuadas. Los mapas de riesgo y planes locales deben actualizarse y orientar la infraestructura, el ordenamiento territorial y la inversión pública.

Tercero: preparar los hospitales, las escuelas y los servicios esenciales

Una emergencia puede interrumpir los servicios de salud, agua potable, electricidad, comunicaciones y transporte. Las instituciones deben evaluar sus instalaciones y disponer de planes para mantener o restablecer oportunamente estos servicios.

En salud, esto exige verificar la seguridad, capacidad operativa y continuidad de los servicios de hospitales, centros de salud y policlínica; prever traslados de pacientes y asegurar suministros críticos.

En educación, se requieren protocolos para la evacuación, la inspección de las instalaciones y la reanudación segura de las clases. También deben priorizarse las inspecciones profesionales de puentes, edificios públicos e infraestructuras estratégicas. Los recursos disponibles deben concentrarse en los riesgos que más amenacen la vida y la continuidad de los servicios esenciales.

Cuarto: convertir los simulacros en pruebas reales

Panamá necesita realizar ejercicios periódicos para comprobar los protocolos y la coordinación entre Sinaproc, bomberos, servicios de salud, autoridades locales y demás instituciones. Deben contemplar terremotos, inundaciones, deslizamientos y comunidades incomunicadas, evaluando tiempos de respuesta, alertas, equipos disponibles y capacidad de atención.

Cada simulacro debe concluir con una evaluación, medidas correctivas y plazos de cumplimiento, para transformar los ejercicios en mejoras concretas de la preparación nacional ante emergencias.

Quinto: aprender de cada emergencia

El terremoto debe dar lugar a una evaluación técnica que identifique aciertos, fallas y medidas correctivas en la coordinación institucional, comunicación, evaluación de daños, atención comunitaria y continuidad de servicios.

Las conclusiones deben traducirse en acciones concretas, respaldadas por presupuestos acordes con los riesgos e indicadores públicos de avance. La evaluación posterior debe permitir aprender de lo ocurrido y corregir las deficiencias. La preparación exige continuidad y no puede depender de la administración de turno ni desaparecer cuando disminuya la atención pública sobre la emergencia.

La prevención es una responsabilidad permanente

No sabemos cuándo ocurrirá la próxima crisis ni cuál será su naturaleza. Pero sí podemos decidir si llegaremos a ella con instituciones mejor coordinadas, servicios esenciales más seguros, comunidades informadas y planes que hayan sido probados. El terremoto del 9 de octubre no debe quedar reducido a un episodio que recordaremos mientras persistan sus daños. Debe servir para comprobar qué tan preparados estamos y acelerar las mejoras que sean necesarias.

La verdadera medida de nuestra capacidad no será solamente la rapidez con que movilicemos ayuda después de un desastre, sino cuánto hayamos hecho para reducir sus consecuencias antes de que ocurra. La prevención no es una tarea que comienza con la emergencia y termina cuando pasa el peligro. Es una obligación permanente del Estado con la vida, la seguridad y el bienestar de todos los panameños.