Educación para alcanzar la libertad y el desarrollo para todos

Los invito a reflexionar sobre la urgencia de fortalecer nuestro sistema educativo como requisito indispensable para alcanzar una libertad plena. Una que se mida por nuestra capacidad de reducir desigualdades, erradicar injusticias y superar las barreras que impiden una vida digna.

En ese contexto, es obligatorio que subrayemos de entrada que, el hombre y la mujer educados integralmente, libres de la ignorancia, tienen la capacidad de enfrentar con inteligencia los abusos del poder político. De lo contrario, quedan reducidos a simples ejecutores de tareas impuestas por la clase dominante. La educación es, por tanto, la mejor vacuna contra la desigualdad, la corrupción y la exclusión.

Dicho lo anterior, le dedico el resto de esta glosa —sin pretender ser exhaustivo— a dos asuntos que considero fundamentales para garantizar esa educación que nos permita a alcanzar la libertad y el desarrollo para todos, a saber: las diferencias entre el sector educativo público y privado en Panamá, y ¿cómo reducir la brecha educativa y salvar el año escolar?

En Panamá, la diferencia entre el sistema educativo público y el privado es una de las expresiones más visibles de la desigualdad estructural que afecta al país. Mientras algunas escuelas privadas ofrecen una educación de primer nivel, bilingüe, con tecnología de punta y programas internacionales, muchas escuelas públicas —afectadas además por las huelgas de los educadores— aún enfrentan carencias básicas: desde infraestructura deteriorada hasta falta de docentes o materiales didácticos. Esta situación no solo quebranta el derecho a una educación de calidad, sino que perpetúa un ciclo de exclusión y pobreza que afecta principalmente a los sectores más vulnerables.

Reducir esta brecha no es solo un imperativo moral y social; es también una condición para el desarrollo sostenible, la equidad y la cohesión nacional. Aunque no hay soluciones mágicas para lograrlo, existe una ruta clara que debe ser impulsada con voluntad política, articulación institucional y participación ciudadana.

En primer lugar, reducir la brecha educativa en Panamá exige una inversión pública sostenida y estratégica. Es imprescindible mejorar la infraestructura escolar, garantizar conectividad, dotar a las escuelas de tecnología y asegurar materiales educativos actualizados. Esto debe ir acompañado de mecanismos efectivos de seguimiento, rendición de cuentas y participación de las comunidades.

Además, se debe apostar firmemente por la formación, evaluación y acompañamiento continuo del cuerpo docente y las autoridades del Meduca. La calidad educativa depende en gran medida de la preparación y motivación de los maestros. Fortalecer la formación inicial, promover la capacitación continua basada en evidencias pedagógicas y establecer criterios claros de mérito para el ingreso y ascenso son pasos clave.

Asimismo, es urgente una modernización curricular que promueva competencias del siglo XXI: pensamiento crítico, habilidades digitales, conciencia ambiental y ciudadanía global. Esta transformación debe centrarse en el estudiante y en el aprendizaje significativo.

Finalmente, es vital promover alianzas público-privadas para fortalecer la formación docente, crear centros de excelencia, intercambiar buenas prácticas y brindar apoyo a escuelas vulnerables. La equidad educativa debe ser un compromiso colectivo para garantizar oportunidades reales para todos. La persistente inequidad entre sectores educativos no solo afecta el aprendizaje, sino que también alimenta el malestar de quienes trabajan en condiciones desiguales, como muchos docentes del sector público

La educación no puede seguir siendo un factor de división social. Si queremos una nación con igualdad de oportunidades, justicia y progreso, debemos cerrar la brecha entre la educación pública y privada. El momento de actuar es ahora. Porque la calidad educativa que recibe un niño no debe depender de la capacidad económica de sus padres, sino del compromiso que tengamos como país con su futuro.

En relación con el asunto de la huelga de los educadores, recalco la necesidad de diferenciar entre una protesta legítima y la violencia inaceptable. Aunque toda sociedad democrática debe proteger el derecho a manifestarse; ninguna debe tolerar que esa protesta derive en agresiones, destrucción o secuestro del espacio público. En este sentido, las fuerzas de seguridad tienen un rol legítimo, pero deben actuar con proporcionalidad, profesionalismo y respeto irrestricto a los derechos humanos. La criminalización generalizada de la protesta es injusta y solo alimenta la espiral de violencia.

Entonces, para reducir la brecha educativa y salvar el año escolar, es urgente poner fin a la huelga de los educadores mediante el diálogo franco, la voluntad política y compromisos verificables. El gobierno debe garantizar condiciones dignas de trabajo, cumplir acuerdos previos y abrir canales efectivos de negociación, mientras los docentes deben priorizar el derecho a la educación de los estudiantes, especialmente los más vulnerables. La mediación de actores imparciales —como universidades, iglesias o Naciones Unidas— puede facilitar consensos duraderos. Solo así lograremos devolver la normalidad a las aulas y encaminar al país hacia una educación más justa y equitativa.

“Educar no es solo instruir. Es liberar, empoderar y construir ciudadanía. No podemos permitir que el conflicto actual sacrifique el futuro de nuestros niños y jóvenes. Es hora de ponernos del lado del país”.